Suárez-Quiñones se propone “atacar” una sentencia que tumba el fin de los requisitos para las macrogranjas
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, el juez leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy que el decreto de exención de licencia ambiental para explotaciones anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León “tenía la intención de poner las menos trabas posibles cuando alguien tiene un proyecto para llevar una industria al medio rural” y se aplicaba en “explotaciones que no compometían el medio ambiente”.
Así lo apuntó en Valderas, en la provincia de León, en relación a la sentencia emitida por el TSJCyL que anula la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas, mediante el Decreto 4/2018 por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León, en referencia a las macrogranjas de ganadería intensiva.
Para el consejero, ahora cabeza de lista del PP al Parlamento autonómico en Valladolid por la provincia de León en las elecciones del próximo 26 de mayo, “los Ecologistas han salido aplaudiendo la decisión” pero “cuando los más extremos aplauden decisiones judiciales hay que echarse a temblar en cuanto a los intereses del campo, los agricultores, ganaderos y del medio rural” porque “siempre es porque es algo contrario al desarrollo del medio rural”.
En este sentido, aseguró que la Junta “cumple las resoluciones estrictamente cuando son firmes, como es el caso de las eólicas en Villameca (en referencia a otro reciente varapalo judicial que tumba decisiones medioambientales de su consejería en materia de paeques eólicos), pero las ataca cuando no responde a los intereses de la Comunidad”.
A juicio de Suárez-Quiñones, el decreto “tiene la intención poner las menos trabas posibles cuando alguien tiene un proyecto para llevar una industria al medio rural” porque “no se puede decir a un empresario que cuando quiere establecer una industria tiene por delante un horizonte de un año y pico de trabas”.
Del mismo modo, precisó que el decreto “diferenciaba las instalaciones industriales en el campo que son invasivas y pueden perjudicar al medio ambiente que estaban y están sometidas a la autorización integral ambiental, de otras explotaciones mucho menos invasivas cuya puesta en marcha se facilitaba con una inspección de la administración y el cumplimiento de una serie de requisitos”.
Como consecuencia de todo ello, avanzó que en cuanto la Junta reciba la notificación oficial, se estudiará a fondo porque “no hay ninguna tacha de ilegalidad en facilitar la labor de las empresas en las explotaciones menos invasivas”, un criterio por el aseguró que “se luchará”.
