Sindicatos plantean reordenar el operativo antiincendios con el doble de empleados públicos

UGT y CCOO plantearon a la Junta la reordenación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales mediante el traslado del montante económico que la Administración dedica a las empresas externas al sistema público, lo que permitiría duplicar el número de empleados dependientes del Ejecutivo y el número de horas, así como adquirir y alquilar maquinaria y vehículos más modernos que redunden en beneficio de los montes de Castilla y León.

Ambas centrales sindicales comunicaron este planteamiento al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, con quien mantuvieron ayer una reunión con el objetivo de iniciar las negociaciones de cara al operativo de 2014. Al respecto, los representantes de los trabajadores destacaron la receptividad de Silván, quien según relataron se comprometió a estudiar la iniciativa.

Ésta consiste en dedicar los 22,5 millones que la Junta dirige al servicio externalizado (103 cuadrillas) a duplicar el número de horas y mejorar los medios. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, detalló que en un operativo “mixto”, como es el de Castilla y León, las empresas privadas “chupan la mayor parte del presupuesto y va en detrimento del servicio, mientras que puede ser reeemplazado por empleo directo”.

Andrés señaló que no se trata de “destruir empresas del sector”, dado que estas adjudicatarias desarrollan trabajos diversos también en aserraderos y micología, entre otros, sino de que el millar de empleados de estas compañías pasen a formar parte de la Consejería -que ya cuenta con 1.300-, más cuando su número se reducido en los últimos años, mientras ha aumentado la superficie calcinada, según lamentaron.

La propuesta recogida por la Junta conlleva la división de esos 22,5 millones: 13 a la contratación del personal de las empresas privadas y nueve a la compra y alquiler de maquinaria moderna y vehículos. “La externalización de parte del sistema supone que las empresas son intermediarias obtienen un beneficio industrial”, comentó Andrés, quien denunció que para conseguir ese rendimiento el 95 por ciento de estas adjudicatarias se descuelga del convenio colectivo del sector forestal porque sus márgenes son muy ajustados, “una forma con la que no se genera riqueza ni mejora el servicio”.

Doble de horas y mejora de medios

Por ello, UGT y CCOO abogaron por la eliminación de esta privatización, con cuyo ahorro se podría duplicar el número de horas y mejorar los medios. “Es ya un sistema agotado que ha cumplido una etapa”, dijo.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Evelio Angulo, subrayó que la propuesta sindical no supone incremento del gasto público y en cambio “mejora el servicio, porque los intermediarios generan más coste”. Por ello, confió en que a lo largo del último trimestre se pueda alcanzar un acuerdo para reordenar el operativo y “limpiar ineficacias”.

Tras recordar que el gasto por hectárea se ha reducido de los 16,57 euros de 2010 a los 11,23 de 2012, Angulo recordó que los sindicatos recalcaron ante el consejero del ramo la importancia del sector forestal en una Comunidad con un medio rural tan extenso y la relevancia para evitar la despoblación, “pues en el anclaje poblacional no sólo dependen de los sectores más tradicionales y lo forestal puede ser banderín de enganche”.

Igualmente, advirtió de que Castilla y León corre el riesgo, en años venideros, de “tener empleados mal pagados y con medios obsoletos”. En la actualidad, según fuentes sindicales, una cuadrilla tiene un coste de 40.000 euros al mes, gasto elevado debido a su externalización, mientras que UGT y CCOO consideran que con esta propuesta de que la Administración absorba al millar de trabajadores podría ampliarse el tiempo de trabajo a 11 meses por un importe de 150.000 euros.

En los mismos términos opinó el secretario regional de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Juan Manuel Ramos, lamentó los “incumplimientos” del convenio por parte de las empresas adjudicatarias, con las que han mantenido procesos judiciales. No obstante, anunció una campaña para el mes de agosto entre las cuadrillas para explicar esta propuesta. Por último, el secretario regional del Sector Forestal de Fitag-UGT, Ángel Rojo, concluyó que ese descuelgue de las empresas “va en perjuicio de los montes de Castilla y León” por los salarios y los medios antiguos.