22 integrantes de Stop Desahucios se encierran en oficinas de Caja España y de la Junta de León y Ponferrada
15 personas de la plataforma Stop Desahucios León se han encerrado este jueve en las oficinas de Caja España de la capital leonesa y otros siete compañeros más de Stop Desahucios Bierzo, Laciana, La Cabrera lo han hecho en las oficinas de la Junta de Castilla y León en Ponferrada. Éstos últimos mantienen su encierro.
El motivo de esta protesta ha sido presentar un escrito, consensuado por las PAHs y Stop Desahucios de Castilla y León, en la reunión que tuvo lugar el día 28 de agosto en Burgos.
El encierro, en todo momento de carácter pacífico se prolongará, siempre que las autoridades policiales lo permitan hasta la hora de cierre de las oficinas de la Junta, según han informado a través de un comunicado desde la plataforma.
En el documento, dirigido al presidente regional Juan Vicente Herrera Campo, se exponen una serie de puntos sobre la situación económica actual y la pasividad de la clase política que olvida a los ciudadanos y está al servicio de los poderes financieros. También se recuerda que las oficinas de información e interlocución hipotecaria (012) creadas en nuestra comunidad, desde la perspectiva de los servicios sociales, son absolutamente inoperantes. Su función es únicamente la de trasladar documentos y esperar a que las entidades financieras hagan su propia voluntad.
Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Castilla y León y los grupos Stop Desahucios de la comunidad exigen al gobierno regional, a través de este escrito “que este jueves se presenta en la oficina de la Junta en Ponferrada, que se posicione con claridad a favor de sus ciudadanos y adopte una serie de medidas para salvaguardar el derecho a la vivienda”.
En relación con Caja España-Duero, “entidad que ha dejado patente su falta de sensibilidad ante los casos de las personas afectadas y su nulo interés en buscar soluciones a la dramática situación de las familias, que afectadas por el impago de su hipoteca, ven como son desahuciadas de su vivienda, queremos poner de manifiesto con este escrito que, a nuestro juicio y de acuerdo con la legislación autonómica de Cajas de Ahorros, el gobierno regional es responsable de la mala gestión bancaria y de la administración desleal que esta entidad ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Creemos que la Junta ha consentido y silenciado las nefastas actuaciones que la entidad ha efectuado y que la han llevado a la situación de quiebra en que actualmente se encuentra, arrastrando con ella la economía de la comunidad”, han añadido en el mismo comunicado.
En definitiva las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y los grupos Stop Desahucios instan a la presidencia de la Junta de Castilla y León “a que tome las decisiones oportunas ante Caja España Duero para obligar a ésta a que haga todo lo posible por evitar el sufrimiento de cada una de nuestras familias y poder cumplir con el mandato constitucional de que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna”.
Como primera medida desde la plataforma han pedido “el nombramiento de dos interlocutores con poder de decisión para los supuestos de afectados en nuestra comunidad, uno de ellos en León y el otro en Palencia, según las distintas zonas de operaciones”.
“En segundo y último lugar creemos que nuestra comunidad autónoma puede y debe, desde el punto de vista legal, aprobar y promover una legislación similar a la dictada en Andalucía (Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril) donde se puede expropiar el uso de las viviendas para personas en emergencia y a la de Cataluña donde a las personas sin ingresos no se les puede cortar ni el agua ni la luz”, han explicado.
El mismo documento está siendo presentado también esta mañana por el resto de los compañeros en Burgos
