Una sentencia obliga al Gobierno a pagar 50 millones a las mineras Uminsa y CMC pendientes de 2012
Una sentencia de la Audiencia Nacional obliga al Gobierno a pagar los 30 millones de euros correspondientes a las ayudas de 2012 al grupo minero Uminsa, unas ayudas que el Ministerio de Industria había denegado en primera instancia alegando que el grupo no estaba al día de los pagos a la Seguridad Social en el momento en que las solicitó. La ausencia de ayudas públicas fue uno de los motivos que Uminsa relacionó con su entrada en concurso de acreedores sólo un año después.
La sentencia exige que el Instituto del Carbón eleve al Consejo de Ministros la petición de pago, algo que también deberá hacer con el caso de las ayudas a Coto Minero Cantábrico (CMC) y que ascienden a un total de 20 millones de euros.
Ambas empresas reclamarán al Ejecutivo la responsabilidad patrimonial por una negativa que ha obligado a CMC a entrar en un proceso de liquidación y a Uminsa a entrar en concurso de acreedores. Esa reclamación podría causar que el Ejecutivo tuviera que desembolsar una cantidad superior a los 50 millones de euros que suman las ayudas a las dos empresas.
