Satse recurre el decreto que regulará los requisitos de las residencias de ancianos en Castilla y León

El sindicato de enfermería Satse de Castilla y León impugnó el Decreto de la Junta de Castilla y León que regula los requisitos que deben reunir las residencias de ancianos de la Comunidad porque reduce el número de profesionales sanitarios con que deben contar esas residencias y empeora la atención que deben recibir los residentes, entre otras cuestiones, según informó hoy en un comunicado.

Asimismo, Satse, que presentó una demanda contra el Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León -aprobado el pasado mes de julio-, consideró que el texto perjudicará “notablemente” la asistencia puesto que establece un número mínimo de profesionales en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias.

Además, indicó que elimina la diferenciación entre dependientes y válidos y reduce el número de enfermeras y médicos con que deben contar estas residencias, de modo que tendrán una enfermera por cada 100 residentes, en horario de media jornada y exclusivamente de lunes a viernes.

También alertó de la contradicción que supone que la puntuación para que una persona ingrese en una residencia pública esté ligada al grado de dependencia que presente, de modo que todas las plazas para las residencias públicas están destinadas a residentes con un alto nivel de necesidades sanitarias y de cuidados. A la vez, explicó que el nuevo Decreto establece que se eliminan las camas de las unidades de convalecencia (fruto de un acuerdo entre Familia y Sanidad) que estaban destinadas a cuidados de pacientes con un proceso agudo derivados de centros hospitalarios.

También, añadió, deriva los cuidados sanitarios al centro de salud, lo que a su juicio obligará al profesional de enfermería de Atención Primaria a “pasar gran parte de la jornada en dichas residencias” por lo que en su opinión “se saturará la asistencia en los centros de salud”. Además, criticó que el objetivo parezca ser, exclusivamente, beneficiar a las residencias privadas porque consiguen una reducción de su personal sanitario.

Finalmente, el sindicato alertó de que el planteamiento de la Junta de convertir las residencias en algo parecido al hogar de estos residentes, que parece ser la justificación de las medidas, no es viable en usuarios con Alzheimer y demencias, además de otros que no cuentan con una autonomía suficiente.