PSOE y Podemos rechazan el “decretazo” de simplificación administrativa que oculta rebajas medioambientales
El Grupo Socialista y el Mixto (Podemos) rechazarán en el próximo pleno de las Cortes la convalidación del decreto ley de impulso y simplificación administrativa, al considerar que se utiliza la pandemia para eliminar controles medioambientales, mientras que el PP acusó a la izquierda de “poner palos en las ruedas” a la actividad en el medio rural.
En declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces, que fijó el orden del día del pleno de las Cortes del 23 y 24 de junio, Luis Tudanca (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos) avanzaron que sus votos serán en contra a la ratificación de la norma aprobada ayer por el Consejo de Gobierno.
“No vamos a tolerar que la Junta, haga lo que hace en Murcia, aprovechar la pandemia para eliminar controles medioambientales”, avisó Tudanca, convencido de que esa no es la forma de apoyar al mundo rural. En la misma línea, Pablo Fernández, que tildó al Ejecutivo de antisistema, estimó “gravísimo” que se quiera aprobar una norma tumbada por el TSJ.
La oposición socialista y morada recoge la petición de Ecologistas en Acción que esta esta mañana pidió a los grupos de las Cortes que no convaliden lo que calificó de “decretazo” de la Junta que vulnera los derechos a la participación y a la tutela judicial.
El PP critica que “pongan palos en las ruedas” a la recuperación
Por su parte, Rául de la Hoz (PP) defendió que el decreto ley es compatible con la legalidad mediombiental y urbanística y criticó que la izquierda “ponga palos en las ruedas” al desarrollo rural cuando a la vez “se la llena la boca” al hablar de los pueblos y la despoblación.
Tampoco el portavoz de Cs, David Castaño, observó “ninguna alerta” en el decreto ley contraria a los controles medioambientales y, en referencia al caso de la macrogranja de Noviercas que cita el colectivo ecologista, preguntó como encaja el proyecto en la norma cuando no tiene permiso.
Según explicó ayer el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, el decreto ley de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León no elimina controles, sino que son a posteriori para facilitar las licencias.
Ecologistas en Acción amenaza con el Constitucional
Por su parte, la organización Ecologistas en Acción pidió hoy a los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León que rechacen la convalidación del “decretazo autonómico” aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y publicado hoy por el BOCyL de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en la Comunidad, porque es “contrario a los más elementales principios de transparencia administrativa”.
La asociación advierte de que en última instancia, intentará que lo lleven al Tribunal Constitucional a través de los parlamentarios nacionales, del Defensor del Pueblo o del TSJ de Castilla y León, mediante una cuestión de inconstitucionalidad.
Los ecologistas lamentan que “aprovechando que la Covid-19 ha pasado por Valladolid, y con la excusa de la reactivación productiva, el Consejo de Gobierno de la Junta ha recuperado la iniciativa tumbada dos veces por los tribunales de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, suprimiendo de facto y por Decreto-Ley, desde mañana, el régimen de la licencia de actividad (licencia ambiental) en vigor desde 1961”.
La normativa, afirman desde Ecologistas en Acción, “se dedica básicamente a desmantelar el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de la Comunidad, en una nueva intentona del Gobierno regional tras el rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias, en sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de abril y mayo de 2019”.
