El PSOE pide a la Junta el cierre de los prostíbulos para controlar la Covid-19
El Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para los días 1 y 2 de septiembre, el cierre de los prostíbulos y clubes de alterne de la Comunidad durante esta pandemia para evitar la expansión de los contagios entre los ciudadanos y para proteger a estas mujeres en situación más vulnerables.
Durante una rueda de prensa, la secretaria general del Grupo Socialista, Patricia Gómez, y la coordinadora de Familia e Igualdad, Nuria Rubio, enmarcaron la proposición no de ley, que se debatirá y votará en el primer plenario de este periodo de sesiones, en la responsabilidad con la salud pública y la convicción para proteger a las personas más vulnerables.
El cierre de estos locales, unos trescientos en Castilla y León conforme a datos de 2018, durante esta situación de emergencia sanitaria y social sería el primer paso para acabar con la explotación sexual y la prostitución, aseguró Nuria Rubio. “La prostitución es el rostro más cruel de la feminización de la pobreza”, sentenció la procuradora.
Ambas parlamentarias criticaron “la inacción” y que la Junta “mire para otro lado” cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha planteado el cierre de estos locales y terminar con la prostitución de las mujeres, ya que el 90 por ciento de ellas no la ejerce de manera voluntaria y el 60 por ciento lo hace por no tener otro recurso, precisó Rubio.
Por su parte, Patricia Gómez afeó al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que dijera primero que no existe cuando “es obvio donde se encuentran los club” y que después manifestara que su situación es alegal al no estar registrados en esa actividad, sino como hoteles, hostales u otras categorías.
Regular su cierre
Gómez defendió que la Junta de Castilla y León puede regular su cierre como han hecho Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana entre las medidas adoptadas para el control del virus, pero aseguró que se trata de voluntad y de trabajar, algo que parece, en su opinión, que “les cuesta trabajar”.
Una vez cerrados estos locales, con independencia de cómo estén inscritos, sería la Junta de Castilla y León quien tendría que proteger a estas mujeres y ofrecerlas una alternativa, señaló Patricia Gómez.
Precisamente, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció el pasado lunes, durante su comparecencia, una vigilancia e inspección rigurosa de los establecimientos en los que se ejerce la prostitución y señaló que, en caso de que fuera regulada por el Gobierno, se adoptarían las medidas en ese sentido.
Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informó de que a través del proyecto 'Atrapadas' se ha prestado ayuda desde que comenzó la pandemia a 900 mujeres en la Comunidad en situación administrativa irregular y especialmente “vulnerables”.
Colaboración de los ayuntamientos
En su propuesta de resolución, el Grupo Socialista insta a la Junta a adoptar las medidas necesarias y articular los procedimientos oportunos para que se proceda al inmediato cese de la actividad de los denominados clubes de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen.
También, pide que se recabe la colaboración de los ayuntamientos de la Comunidad para determinar los lugares en los que se ejerzan esta actividad, cuyo fin reclama el PSOE para avanzar en una sociedad más igualitaria y en una mayor calidad de vida de las mujeres.
Los socialistas consideran que el control y evolución de la pandemia es más difícil de seguir en el ámbito de los establecimientos en los que se ejerce la prostitución, sobre la que se declaran “abolicionistas”. “En este momento no actuar ante la gravedad de estos focos de contacto sería una irresponsabilidad por parte de las administraciones absolutamente inasumible”, recoge la iniciativa, en la que se reclama que Castilla y León siga el ejemplo de otras comunidades en las medidas adoptadas para el control de a Covid-19.
