Se elevan a ocho los detenidos por la operación internacional sobre carne equina no apta para el consumo
El Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 4 de Ponferrada decretó a última hora de ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos nuevos detenidos por el caso que investiga la existencia de una supuesta red de distribución de carne de caballo supuestamente no apta para el consumo humano, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La operación, bautizada como Gazel, se salda por el momento con ocho personas en la cárcel y cinco más que tendrán la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial.
Durante la mañana de ayer pasaron a disposición del juzgado de la capital berciana, que coordina las actuaciones, los diez primeros detenidos. Tras declarar ante el juez, seis de ellos ingresaron en prisión provisional comunicada y sin fianza mientras que otras cuatro personas quedaron en libertad con la obligación de presentarse dos veces al mes ante la autoridad judicial.
A última hora de ayer, fueron puestos a disposición judicial los tres nuevos detenidos. Para dos de ellos, el juez decretó su ingreso en prisión, mientras que el tercero quedó en libertad con la misma obligación de comparecer ante el juez, lo que eleva hasta ocho el total de personas enviadas a prisión y a cinco los encausados que deberán presentarse en los juzgados dos veces al mes.
En ese sentido, la investigación busca esclarecer si los acusados son responsables de los supuestos delitos de blanqueo, falsedad, contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal, aclararon fuentes del tribunal. La operación, que continúa bajo el secreto de sumario, investiga las supuestas irregularidades en el sacrificio y posterior distribución para el consumo de esta carne con la que se habría elaborado cecina para exportarla a varios países europeos.
Al respecto, durante la semana los agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona, coordinados desde Madrid, realizaron varios registros en busca de documentación en empresas y mataderos de Villaramiel (Palencia), así como en Astorga y Toreno (León). Los efectivos policiales buscaron en esas dependencias documentos que acreditasen el uso de medicinas ilegales en los animales.
La operación, coordinada desde el juzgado de la capital berciana y que se desarrolló en siete comunidades autónomas, también contó con la actuación de agentes de la Europol que se desplazaron a la Comandancia de Palencia para perfilar actuaciones. Según varios medios, también se habrían producido detenciones en las provincias de Lugo, así como en las localidades de La Caridad y Ribadesella, en Asturias. En Castilla y León, las detenciones se practicaron en Ponferrada, Palencia, Zamora y Segovia, según las mismas fuentes.
