PP, PSOE y UPL pacta la Ley Agraria autonómica

Los grupos Popular, Socialista y Mixto (UPL) han llegado a un acuerdo sobre la ley Agraria, tras la aceptación del 80 por ciento de las enmiendas presentadas, para su aprobación por consenso en el próximo pleno de las Cortes. Izquierda Unida, a la que han invitado a sumarse, medita su adhesión al pacto, que condiciona a un cambio en el régimen de las concentraciones parcelarias de inicitiva privada, uno de los 'caballos de batalla' en la tramitación de la normativa.

Aprobada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Gobierno, la ley Agraria recibió 309 enmiendas, de ellas 174 del Grupo Socialista, 26 de IU, 36 de UPL y 70 del Grupo Popular, pero para el pleno quedan vivas unas cincuenta, después de un “intenso trabajo”, diálogo con las opas y flexibilidad de todos los grupos, según reconocen Óscar Reguera (PP), Ana Sánchez (PSOE) y Alejandro Valderas (UPL) en declaraciones a Ical.

Los tres consideran que se trata de una ley “trascendental y necesaria” para un sector que se ve como prioritario y estratégico en Castilla y León, por ello la oposición renunció a presentar una enmienda a la totalidad y apostó por la mejora del texto a través de las propuestas parciales, explica Ana Sánchez, convencida de que saldrá una normativa mejor y completa, opinión que comparten Reguera y Valderas.

“La envergadura de esta ley es de comunidad, para que nos sintamos reflejados todos los ciudadanos”, afirma el portavoz de Agricultura y Ganadería del PP, para quien faltaba un marco jurídico que refundiera y preparara al sector para los próximos años, que calificó de “esperanzadores”, una vez que Castilla y León mantiene los fondos para el periodo 2014-2020 con la nueva PAC.

Ana Sánchez define como “considerables” los avances incluidos, reconoce que el PP “ha hecho un esfuerzo por rebajar sus pretensiones mientras PSOE y UPL han aumentado la presión” y admite que “puede ser una ley de comunidad”. “Había que elegir entre el no por el no o por una oposición responsable, que es lo que se ha hecho”, defiende ante posibles criticas por la aceptación de una de las partes más polémicas de la norma, como la apertura de las concentraciones parcelarias a la participación privada.

“No es una ley administrativa ni política, no es de un partido, sino para el territorio y en la que se piensa en las personas que viven en el campo”, sostiene el leonesista Alejandro Valderas, satisfecho de que se hayan atendido sus catorce demandas y de que se haya adaptado el texto a las necesidades actuales. “Es una ley al día, se ha recogido todo lo que tiene que ver con el sector”, asevera.

El parlamentario de IU reconoce el empeño de PP y PSOE en que se sume al consenso pero afirma que no va a “decir amén” ante asuntos que no ve positivos o tiene “dudas”, después de haber hablado con las opas. González cita que las concentraciones parcelarias privadas se puedan realizar si lo demandan dos tercios de los propietarios o el 50 por ciento de los dueños del suelo. “Unos pocos no pueden imponer la gestión a una mayoría”, afirma, aunque muestra su disposición al acuerdo y a dar el sí a la ley en el pleno si se suprime “ese 50 por ciento”.

Polémica por las concentraciones parcelarias

El proyecto de ley Agraria de Castilla y León, que prioriza a jóvenes y mujeres que viven del campo, abre la puerta por primera vez a la participación privada en las concentraciones parcelarias, aspecto que, según reconocen Sánchez, Valderas y González, ha sido un “escollo” y el “caballo de batalla” en la tramitación del texto enviado por la consejera Silvia Clemente.

Sánchez defiende el carácter público de esas obras pero no rechaza que se busque una fórmula intermedia, igual que Valderas que destaca, conforme al acuerdo, la terminación de las iniciadas y un plan para las nuevas conforme al dinero disponible. Para Reguera, la vía elegida es “buena” porque “salvaguarda” la colaboración público-privada, aspecto que no observa González, para quien existe aun un “escollo” para que él asuma un texto, que en otros apartados estima positivos.

Esa fórmula recoge un mínimo de financiación del 25 por ciento por parte de la Junta para subragar las obras de concentraciones público privadas. Además, los sujetos pasivos podrán fraccionar o aplazar el pago durante cinco años. También se prevén bonificaciones especiales del 20 por ciento para jóvenes y mujeres incorporados al campo y que viven de la agricultura.

Con la aceptación de enmiendas, muchas de ellas por transacción, se recoge un título en la ley dedicado al desarrollo rural, se potencia el cooperativismo con la creación de entidades asociativas prioritarias, se refuerza la figura del agricultor activo -jóvenes y mujeres se reflejan en el articulado-, se declara a las opas entidades colaboradoras de la administración, se suavizan las sanciones al introducir el apercibimiento como alternativa al pago en infracciones leves y se incluye la ley de la Viña y el Vino, entre otras.

Rejuvenecer el sector

La portavoz socialista reconoce que su grupo habría sido “más ambicioso” con la creación de un impuesto en tierras no productivas y en la delimitación de la incorporación de jóvenes, pero destaca que se recoja un fondo para poner en valor tierras abandonadas, idea que también apoya José María González como “heredero” de la propuesta de IU de un banco de tierras para nuevos agricultores.

La apuesta por jóvenes y mujeres para facilitar su incorporación al sector, el fomento de la figura del agricultor a título principal, la creación de un registro único de explotaciones, la apertura por primera vez de la participación privada en la ejecución de concentraciones parcelarias -ahora matizada- y el establecimiento de un defensor para el control de alimentos y la denuncia de posibles prácticas abusivas son las principales novedades de la ley.

En cinco libros y 209 artículos, la normativa regula la política de igualdad, el rejuvenecimiento del sector y la apuesta por el I+D+i, el marco básico de la producción agraria, la comercialización, la participación e interlocución y el régimen sancionador, que se blinda al elevarle a rango de ley. Para favorecer la igualdad real y efectiva de la mujer, se recoge la titularidad exclusiva y la compartida.

El proyecto de ley Agraria figura en la agenda legislativa comprometida por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para el periodo entre septiembre y diciembre, como señaló durante su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad celebrado el pasado mes de junio, donde destacó la relevancia y el carácter estratégico de este sector como pilar básico para el desarrollo del mundo rural de la Comunidad.