El parque público de alquiler social cuenta ya con 1.876 viviendas
La última incorporación al parque público de alquiler social de Castilla y León ha sido la vivienda del maestro de la localidad leonesa de Matachana -término municipal de Castropodame-, que ha sido cedida por el Ayuntamiento para su rehabilitación dentro del programa Rehabitare. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha invertido en su reparación y acondicionamiento 55.000 euros en las obras realizadas en la cubierta, nuevos tabiques, carpinterías, alicatados en cocina y baño, nueva instalación eléctrica, calefacción, pintura, etc.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado recientemente esta última incorporación al parque público de alquiler social y destacó con este motivo el gran trabajo que se está desarrollando en materia de vivienda gracias a la colaboración y coordinación entre administraciones, que está permitiendo que muchas familias con pocos recursos tengan acceso a una vivienda digna.
Esta es una de las 137 viviendas que la Junta de Castilla y León ha rehabilitado en el medio rural mediante el programa Rehabitare, que se destinan al alquiler para personas y familias con dificultades económicas, ya que de otra forma les sería muy difícil acceder a una vivienda en el mercado libre. El programa Rehabitare consiste en la cesión a la Junta por parte de los ayuntamientos de las viviendas en desuso de su propiedad, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente las rehabilita para ofrecerlas posteriormente en régimen de alquiler social, pasando a formar parte del parque público de alquiler. Desde la Consejería se ha invertido en este programa desde 2016 cerca de seis millones de euros para recuperar las viviendas que están repartidas en 127 localidades de todas las provincias.
Una vez rehabilitadas las viviendas, son los respectivos ayuntamientos quienes ofrecen los domicilios en régimen de alquiler social a las familias, con preferencia a aquellos colectivos de especial protección que figuran en la ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León; igualmente son los ayuntamientos quienes determinan el precio del alquiler, que no podrá exceder de la tercera parte de los ingresos de los inquilinos.
Además del programa Rehabitare, el parque público de alquiler social se nutre también de las aportaciones de los Obispados que, al igual que los ayuntamientos, están cediendo sus casas rectorales disponibles en el medio rural. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha firmado convenios de colaboración con la iglesia en León, Ciudad Rodrigo, Palencia y Segovia.
Tanto en el caso de las viviendas del Obispado como las de los ayuntamientos, se trata de viviendas ubicadas en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes, evitando el deterioro del patrimonio municipal y eclesiástico y mejorando la estética urbana.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defiende que estas actuaciones contribuyen a luchar contra la despoblación de forma relevante al proporcionar actividad económica, servicios y confortabilidad, dinamizando la economía del medio rural, dado que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local y, al mismo tiempo, satisface el derecho a la vivienda a las personas y familias más necesitadas.
El parque público de alquiler social cuenta también con 100 viviendas cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y otras 169 viviendas de protección pública propiedad de Somacyl, que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra y que completan las 1.876 viviendas actuales.
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, centrado en el fomento del alquiler, es el eje prioritario sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta legislatura que se completa con el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas, convocatoria a la que este año la Junta de Castilla y León ha destinado 15,3 millones de euros.
