Mañana entra en vigor la Ley de Autoridad del Profesorado para dar protección jurídica a los docentes
La Ley de Autoridad del Profesorado entrará en vigor a partir de hoy con la publicación del texto aprobado por la Cortes el pasado 9 de abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). La nueva norma dota a los docentes de la Comunidad de reconocimiento como autoridad y de protección jurídica, lo que contribuirá a la mejora del sistema educativo, según la Consejería de Educación, impulsora del proyecto legislativo.
A pesar de que la convivencia en los centros en Castilla y León es “buena”, según la Junta, la ley establece que el reconocimiento como autoridad pública del profesorado en el ámbito penal supone que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deben ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad (artículo 550 del Código Penal), lo que agravará significativamente las condenas por dichos actos.
Además, este reconocimiento implica una atención jurídica así como que las agresiones o intimidaciones contra ellos sean considerados delitos graves y se endurezcan las condenas y que puedan ser perseguidos de oficio por la Fiscalía. Asimismo, el profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones frente a la de cualquier ciudadano, en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión.
A ello se suma que los delitos cometidos contra los docentes, una vez reconocida la condición de autoridad pública, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia. En todo caso, el profesor gozará del derecho a la representación y defensa en juicio.
Finalmente, la consideración del docente como autoridad pública significa reconocer explícita mente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar.
