Malos tiempos para la abogacía
El 92 por ciento de los abogados que ejercen en Castilla y León reconoce que muchos compañeros atraviesan “serias dificultades económicas” en los bufetes, porcentaje muy superior al que refleja la encuesta a nivel nacional, que arroja un resultado del 85 por ciento, según el VI Barómetro Interno de la Abogacía, con 150 entrevistas realizadas a abogados de la Comunidad por Metroscopia.
Sin embargo, los abogados de Castilla y León son más pesimistas que la media en cuanto a la valoración que realizan acerca del estado de la profesión, puesto que frente al 32 por ciento que entiende en el ámbito nacional que la situación “es buena o muy buena”, en esta Comunidad Autónoma sólo alcanza el 21 por ciento aquellos que eligen esa respuesta. Por el contrario, el 61 por ciento la considera “mala o muy mala”, diez puntos menos a nivel estatal.
Además, casi la mitad de los encuestados, un 47 por ciento, cree que los ingresos profesionales “están por debajo del nivel medio de ingresos de sus compañeros de colegio”, y un 85 por ciento asegura que los abogados “están desempeñando un importante papel en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos”.
El porcentaje de abogados de la Comunidad apuntados al turno de oficio es muy superior en Castilla y León, con un 55 por ciento, frente al 38 que figura en los listados a nivel nacional. Son, en cambio, más optimistas con respecto al papel que ejercen sus colegios profesionales, con un 7,3 sobre 10 en Castilla y León, frente al 6,6 que refleja la media nacional.
Buenos jueces, mala justicia
El 91 por ciento cree que los gobiernos muestran por lo general “más interés en tratar de controlar a la Justicia o de influir sobre ella que por emprender una mejora a fondo de su funcionamiento que la modernice y la haga plenamente eficiente”.
El 81 por ciento de los abogados consultados en la Comunidad considera que el actual modelo de Administración de Justicia “está en una crisis muy grave y profunda y necesita una auténtica refundación que la adecue plenamente a las nuevas realidades sociales”; el 74 por ciento cree que los problemas que tiene la Justicia “no dependen fundamentalmente de las personas que la componen, sino de la forma en que está organizada”; y nueve de cada diez reclama “con la máxima urgencia y por encima de los distintos intereses partidistas o corporativos un nuevo Pacto de Estado que haga posible la remodelación a fondo e inmediata de su organización y funcionamiento”.
La corrupción, un serio problema
Por último, un 97 por ciento de los abogados de Castilla y León califica de “fundamental y muy grave” el problema de la corrupción en la vida pública de España, aunque la mitad cree que el nivel de corrupción política “es equiparable a la que existe en el resto de la sociedad, es decir, que no sería un problema exclusivo de los cargos públicos”.
En este sentido, el 93 por ciento opina que los partidos políticos, sin distinción, “tienden a tapar y proteger a aquellos militantes corruptos en vez de denunciarlos y expulsarlos”, y el 85 por ciento cree que la “lentitud de la Justicia en los casos de corrupción se debe a que, en general, los gobiernos, del signo que sean, tienen más interés en tratar de controlar a los tribunales que en aumentar el número de jueces y fiscales y proporcionarles todos los medios y recursos precisos para que puedan funcionar con rapidez en este tipo de casos”.
