La ‘trampa’ de las empresas gestoras de la Ayuda a Domicilio en León

Usuaria de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. Imagen de recurso/ Brágimo / ICAL

M.C.

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio siguen luchando por unas condiciones laborales dignas que ven ninguneadas. Continúan exigiendo al Ayuntamiento de León, titular del servicio, que se mantenga vigilante y que no permita la pérdida sistemática de derechos por parte de las empleadas, 120 mujeres. Ha pasado un año desde que salieron a la calle para manifestar su malestar, y para pedir una reunión con el alcalde, Antonio Silván, pero ni la reunión se ha celebrado, ni ninguna de sus reivindicaciones ha llegado a buen puerto. Después de todo este tiempo, lo único que ha cambiado es el nombre de la empresa que desde el pasado mes de febrero se ha hecho cargo del servicio por una adjudicación de 8,8 millones de euros. Se trata de la sociedad Aralia, que ha logrado el contrato por una duración de dos años prorrogable por otros dos más.

Las mujeres trabajadoras de la Ayuda a Domicilio de León mantienen la denuncia por el incumplimiento por parte de las empresas que explotan el servicio -7 diferentes en los últimos 13 años- en materia de contratos, jornadas, desplazamientos, regularización de bolsa de horas, cuadrantes, seguridad y salud laboral, puntos todos ellos recogidos en los convenios de aplicación de este sector, pero que en la práctica no se están respetando.

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio no son 'chicas de la limpieza'

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empleadas de este sector es que su trabajo, a pesar de estar definido en su convenio laboral, se compara y se confunde en muchas ocasiones con otro tipo de servicios, como los de limpieza del hogar, y muchas veces se les exigen este tipo de tareas. “No somos chicas ni camareras de limpieza. Estamos poco valoradas, la disponibilidad que debemos ofrecer a la empresa no se ajusta a nuestros horarios”, apuntan las portavoces del comité de empresa.

“Estamos para ayuda a los usuarios en las actividades que tienen en la vida diaria, ellos tienen que hacer las cosas que puedan seguir haciendo para que no se deterioren más, ya que la finalidad es retrasar lo máximo posible la entrada de estos usuarios en una residencia”, argumentan las trabajadoras. “Pero en la realidad nos ofertan como 'chicas de servicio', el usuario sus familiares piensan que estamos allí para hacer todo lo que nos manden. Es algo que no se deja claro desde los CEAS, pero aunque llames a la empresa para dar conocimiento de la situación, pero no se pone remedio. Las personas que se incorporan nuevas, en muchos casos gente con necesidad que tiene miedo a perder el empleo, aceptan esta situación”, añaden explicando el agravio.

Este servicio se ofrece desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero no tenemos jornadas fijas

“Es un servicio muy vivo, los usuarios entran y salen, y es muy necesario. Se trata de una realidad que hay que ajustar a unas jornadas y a un trabajo. Este servicio se ofrece desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero no tenemos jornadas fijas, sólo cuando nos hacemos cargo de un determinado número de usuarios que están estables, pero eso en cualquier momento cambia”, explican las dos mujeres.

'Estar en pérdida' o la trampa de las empresas gestoras del servicio

La jornada completa está compuesta por 36 horas semanales, pero en la actual plantilla de 120 mujeres sólo hay cuatro compañeras en esa situación. Tal y como explican las portavoces del comité de empresa, las empresas tienden a jornadas parciales, pero con una 'trampa': la disponibilidad total que se exige a las empleadas cuando 'están en pérdida', es decir, cuando no llegan a cubrir todas las horas de la jornada por la que están contratadas –la situación más habitual-.

En la actual plantilla de 120 mujeres sólo hay cuatro compañeras en esa situación

“Se trata de una táctica de hace unos años para aquí: tener a las trabajadoras 'en pérdida' para que no puedan rechazar un servicio cuando se las solicita. Es una manera de tenernos atadas”, sentencian las empleadas.

Además, los desplazamientos no se pagan. “Nos cuesta dinero ir a trabajar. Nosotras nos pagamos el autobús para llegar de un domicilio a otro, y si tenemos que dar incidencia a la empresa llamamos desde nuestros teléfonos, o utilizamos nuestros datos móviles”, añaden.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el sector es que una gran parte de las trabajadores son cabeza de familia en hogares monoparentales que, a pesar de estar a media jornada, al estar 'en pérdida' o en situación de disponibilidad, no tienen la opción de encontrar otro empleo de mañana o de tarde “para salir de esa situación de pobreza, puesto que ganan una media de 500 euros”, explican las portavoces.

Una hermandad complicada: “No nos conocemos”

'La unión hace la fuerza', una frase motivadora que en este caso seguramente también tendría fundamento a la hora de ayudar a mejorar las condiciones de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en León. Pero el problema es que no se conocen. “Es muy difícil la hermandad porque cada una trabaja en una casa. Nos dedicamos a lo mismo, pero si nos cruzamos por la calle no nos conocemos”, declaran las trabajadoras, que aseguran que por parte de las empresas es más fácil así: “Es más sencillo controlar a la plantilla si no se conoce, porque a la trabajadora que se la presiona y se encuentra sola, termina cediendo”.

Una lucha hacia la remunicipalización del servicio

El año pasado una manifestación en defensa de sus derechos y por un trabajo digno y de calidad, pedía al Ayuntamiento de León como titular del servicio de ayuda a domicilio, que tuviera en cuenta que la concesión de este servicio engloba a dos colectivos, el de usuarios y trabajadoras para asegurar un servicio de calidad para los primeros y un trabajo en unas condiciones dignas para los segundos. En sus reivindicaciones pidieron hablar con el alcalde de León para explicarle su situación de primera mano, un hecho que no consiguieron y que a día de hoy siguen esperando.

En sus reivindicaciones pidieron hablar con el alcalde de León para explicarle su situación de primera mano, un hecho que no consiguieron y que a día de hoy siguen esperando

Según las mujeres trabajadoras en este servicio, la falta de implicación del Ayuntamiento de León en vigilar a las empresas concesionarias de servicios públicos ha provocado “una perdida sistemática de los derechos de los trabajadores” en muchos casos con “contratos parciales que no superan los 500 euros” y con una disponibilidad de 8.00 a 22.00 horas que “no les permite tener otra fuente de ingresos que alivie su precariedad”, así como “cuadrantes de trabajo con distancias insalvables en cinco minutos”.

“Estamos desamparadas. No sabes a que puerta llamar para tratar de buscar una solución. Ninguna empresa nos tiene ni nos siente como trabajadoras, ellas solo están a sacar el máximo beneficio posible porque dentro de dos o tres años se suele cambiar la empresa, lo que repercute en una pérdida sistemática de nuestros derechos”, alegan.

El servicio fue licitado durante el mes de febrero, y ellas entraron a formar parte de la nueva empresa el pasado 13 de marzo. En los primeros contactos que han mantenido con la sociedad Aralia han percibido una actitud positiva. “Tenemos la esperanza de que las cosas cambien. La actitud de la empresa –Aralia- hasta el momento ha sido buena, pero seguimos igual. Sólo queremos que se respeten los derechos de las trabajadoras, no pedimos nada a mayores, lo que está aprobado de ley”, han expresado los miembros del comité de trabajadores, que a principios del mes de mayo tendrán una reunión en la que ya han puesto en conocimiento todas las irregularidades que se están cometiendo a la nueva empresa gestora del servicio.

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