León, la provincia de la que parten más peticiones al Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo de Castilla y León, superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad, emitió el pasado año 87 dictámenes relativos a la provincia de León y 78 a la de Burgos, las dos que lideran este apartado y que suman entre ambas 165, más del 32 por ciento del total de la Comunidad, casi una tercera parte, según informó el Consejo en un comunicado. De sus oficinas salieron 513 dictámenes para las nueve provincias, igual que en 2015, a los que se añadieron, en otro ámbito distinto a la función consultiva, los 96 recursos resueltos en su función añadida de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

De los dictámenes aprobados en Castilla y León, 211 derivaron de consultas formuladas por la Administración autonómica, 299 por la local y tres por las universidades (dos la de Salamanca y una la de León). Todos los dictámenes, salvo cinco de carácter facultativo, fueron preceptivos.

Burgos fue la segunda de la Comunidad desde la que partieron más consultas hasta la sede consultiva de Zamora. Así, se emitieron 78 dictámenes vinculados a asuntos de la provincia, el 15,2 por ciento del total. Desde el inicio de la función consultiva, Burgos es la segunda (después de la de León) que mayor número de dictámenes ha generado: 1.964, un 14,4 por ciento del total histórico (13.627)

Según los datos que serán expuestos en la próxima aprobación de la Memoria de actividad por el órgano que preside Mario Amilivia, 2016 registró un incremento del 43,5 por ciento en los dictámenes sobre revisión de oficio de los actos administrativos –tanto de las consejerías de la Junta como de ayuntamientos y diputaciones-, que pasaron de 39 en 2015 a 56.

También a nivel de la Comunidad Autónoma, aumentaron los dictámenes sobre reclamaciones por el mobiliario urbano y, en general, por daños relacionados con el funcionamiento de los servicios públicos de las administraciones, clasificados con la denominación de 'otras causas' (99 y 88, respectivamente).

Concretamente, las consultas iniciadas por las administraciones en la provincia de Burgos generaron 62 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, seis sobre revisión de oficio de los actos administrativos, otros tantos sobre contratación administrativa, tres sobre recursos administrativos y uno sobre convenios y acuerdos.

Los dictámenes sobre revisión de oficio, que registraron en el conjunto de Castilla y León un incremento del 43,5 por ciento en relación con 2015, derivaron de consultas de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos; del Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo a causa de una licencia urbanística; de la Consejería de Agricultura y Ganadería por las bases definitivas de concentración parcelaria de la zona de Rabanera del Pinar y por los derechos de régimen de pago básico a una empresa; del Ayuntamiento de Burgos sobre una concesión demanial para la utilización privativa de una parcela; y del Ayuntamiento de Arija por el otorgamiento a una particular de la exención de pago del Impuesto de Vehículos.

Los dictámenes sobre contratación administrativa se originaron en cinco supuestos por cuestiones de resolución de contrato (tres del Ayuntamiento de Burgos y dos del de Miranda de Ebro) y el restante derivó de la consulta sobre una interpretación de un contrato de concesión del servicio de cafetería del Club Náutico suscrito entre el Ayuntamiento de Medina de Pomar y un particular.

Los informes sobre recursos administrativos fueron solicitados por la Merindad de Río Ubierna a causa de la denegación de una licencia de construcción en dos ocasiones por la Consejería de Economía y Empleo a causa del reintegro de subvenciones.

Otro de los dictámenes fue el relativo al convenio interadministrativo entre la Consejería de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento de Cardeñajimeno y la Junta Vecinal de San Medel para la promoción del Parque Tecnológico en los términos municipales de Burgos y Cardeñajimeno.

Responsabilidad patrimonial

En relación a las consultas sobre si procede o no el resarcimiento de daños o perjuicios antijurídicos esgrimidos por los ciudadanos debido al deficiente funcionamiento de los servicios públicos, la provincia fue –junto a las de León y Salamanca- la que mayor número de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial concentró en 2016, un total de 62.

En estos supuestos, además de la Consejería de Sanidad, la mayoría de las consultas partió de las administraciones locales. El conjunto de este tipo de consultas sobre reclamaciones patrimoniales en Burgos alcanzó los 7,8 millones de euros. Dieciocho de los dictámenes emitidos fueron en sentido estimatorio y estimatorio parcial, es decir, apreciando que existió responsabilidad por parte de las administraciones; el resto bien desestimatorios, bien no procedía emitir dictamen. Con la depuración de la responsabilidad patrimonial, el Consultivo garantiza los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo y, en su caso, coadyuva al ahorro de dinero público.

La mayor parte de estos informes fueron a causa de reclamaciones de indemnizaciones por el mal estado del mobiliario urbano, como pueden ser las caídas en aceras (23 dictámenes); asistencias sanitarias (19); por daños y perjuicios vinculados a la actividad de distintos servicios públicos, como las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas (14); accidentes por el mal estado de algunas calzadas (cuatro) y los daños durante la actividad profesional de empleados públicos.

En el caso del Ayuntamiento de Burgos, desde la institución local salieron 21 consultas, en su gran mayoría por caídas en las aceras, salvo una que derivó de la reclamación de daños a causa de una caída en una instalación municipal, otra por perjuicios derivados de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, otra por perjuicios por la paralización de una obra de reforma y una más por daños de la red de abastecimiento de agua.

En cuanto a las consultas del ámbito sanitario, la mayor parte, 11, fueron por asistencias en el Hospital Universitario de Burgos y otros centros sanitarios, y cuatro en el Santiago Apóstol, de Miranda de Ebro.

Tribunal Administrativo

En su función añadida de Tribunal de Recursos Contractuales, depuradora de la contratación pública de Castilla y León, en 2016 se resolvieron 96 recursos iniciados en Castilla y León, nueve de ellos en la provincia burgalesa. Tres se iniciaron por contratos del Ayuntamiento de la capital (planta de tratamiento de biosólidos, servicio de cuidados a la infancia y vehículos para el Consorcio de Residuos) y otro por la Merindad de Valdeporres.

El resto de los recursos resueltos por el TARCCyL derivaron de contratos de las consejerías de Sanidad (1), Fomento y Medio Ambiente (1) y de la Universidad (3). El Tribunal dictó seis resoluciones desestimatorias, una estimatoria (recurso número 3/2016 por un contrato de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos) y en dos de los recursos se dictó la inadmisión de los mismos. Todas las resoluciones se encuentra en formato PDF en la web institucional (cccyl.es).

El importe global de los contratos resueltos por el Tribunal en 2016 alcanzó los 639 millones de euros. Desde que inició su tarea en 2012, este órgano ha intervenido en la resolución de más de 400 recursos que alcanzan en total 3.300 millones de euros.