El Juzgado de León archiva la denuncia por fraude contra el líder del 'sindicato' de guardias civiles Jucil
El Juzgado de Instrucción número 3 de León ha archivado la denuncia presentada por cinco miembros de la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) contra la dirección de esta asociación, al constatar que “no hay indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados”.
Desde esta asociación mayoritaria se ha destacado, a través de un comunicado, que esta denuncia por apropiación indebida, fraude y administración desleal, ahora sobreseída, ha sido el núcleo de una campaña de este grupo de disidentes contra el secretario general de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Ernesto Vilariño.
En una providencia, la juez de León dicta que “el sobreseimiento provisional acordado” se basa en el “informe remitido por el secretario Nacional de Finanzas y Tesorero de la Asociación y la documentación acompañada, que concluye que los gastos analizados fueron debidamente justificados mediante la correspondiente documentación acreditativa”.
También recoge que las incidencias detectadas “fueron corregidas, restituyendo cualquier importe que, por error, pudiera haber sido mal imputado, habiendo sido los supuestos gastos irregulares señalados sometidos a examen y aprobados mediante las correspondientes Asambleas Generales Ordinarias de Socios”. Son unas asambleas en la que, como recuerda la providencia, “parte de los propios denunciantes estuvieron presentes sin manifestar objeción alguna a la aprobación de las cuentas ni a la justificación de los gastos presentados”.
La propia juez señala que los gastos cuestionados, correspondientes a varios ejercicios y que sumaban 900 euros, fueron aprobados por los propios demandantes, lo cual denota su interés en forzar los argumentos para justificar la campaña contra la dirección de la que algunos de ellos formaron parte.
Según la asociación de guardias civiles, la decisión judicial refuerza el recorrido de las querellas presentadas por Jucil y su secretario general, Ernesto Vilariño, contra el exsecretario nacional de comunicación, Agustín Leal, y otros cuatro miembros de la organización por “calumnias e injurias graves, revelación de secretos y coacciones”.
Contra-denuncia
Al tiempo que se archiva la denuncia contra el secretario general, en el juzgado número 4 de León avanzan las actuaciones que pueden conducir a la apertura de juicio contra los querellados.
El texto de la querella de la asociación señala que “los querellados, valiéndose de su condición de miembros de Jucil, con acceso a información interna de la asociación, han actuado de manera coordinada con el propósito de desacreditar a Ernesto Vilariño, utilizando estrategias basadas en la difusión de informaciones falsas y filtración de documentos”.
A este respecto, Jucil ha asegurado que la querella contiene pruebas fehacientes de la actuación de este grupo, “cuyo fin es desprestigiar a la actual dirección nacional”, de la que el principal encausado, Agustín Leal, formó parte hasta su dimisión el pasado día 8 de diciembre, así como “desestabilizar a la asociación mediante acusaciones infundadas”.
