La Junta prueba en León un protocolo para mejorar la detección de los casos de violencia machista
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta y la Fiscalía Superior de Castilla y León han puesto en marcha un protocolo que permitirá a los servicios sociales de la Administración autonómica comunicar de forma directa a las fiscalías provinciales cualquier sospecha o indicio de violencia de género.
Este protocolo se desarrollará de forma experimental en las provincias de Burgos, León y Palencia durante tres meses, aunque el objetivo es extenderlo a toda la Comunidad, según confirmaron esta lunes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, en la inauguración de una jornada formativa dirigida a fiscales especializados en violencia de género celebrada en Valladolid, acto en el que también confirmaron la colaboración en la lucha contra la trata de seres con fines de explotación sexual.
Alicia García explicó que este protocolo, pionero a nivel nacional, se enmarca dentro del modelo integral 'Objetivo violencia cero'. Además, indicó que la comunicación a las fiscalías se realizará a través de la secciones de Mujer de las respectivas gerencias territoriales, previa información facilitada por los coordinadores de caso.
Estas comunicaciones, que se realizará al margen de los casos en los que existen evidencias claras y que se comunican directamente a lo juzgados, servirán para abrir diligencia previas siempre que los casos no estén previamente judicializados, que no precisen actuaciones urgentes e inmediatas de protección a la víctima y que sean supuestos donde existan sospechas o indicios de que se está producción una situación de violencia de genero.
La consejera de Familia también resaltó que gracias al protocolo de colaboración firmado con la Fiscalía Superior de Castilla y León en 2016 para combatir al violencia machista, los servicios sociales de la Junta han realizado y puesto a disposición de los fiscales más de 1.700 informes sobre valoraciones de posibles casos de violencia y sobre víctimas.
Por otro lado, Lourdes Rodríguez resaltó la colaboración de la Junta en la lucha contra la trata de seres humanos, delito que se ha convertido en una de las prioridades de la Fiscalía Superior de Castilla y León, ya que no hay una manifestación más grave de la violencia de género que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este sentido, explicó que más del 86 por ciento de los casos de trata de seres tiene el fin de la prostitución, siendo el 99 por ciento de las víctimas mujeres.
Además, la fiscal superior explicó que además de la prevención, aspecto en el que es fundamental la concienciación y la sensibilización, y la persecución, para combatir este delito también es prioritario la protección a las víctimas, campo en el que tiene competencias la Junta. “En estos casos lo más importante es rescatar a la víctima, incluso por encima del éxito de la investigación”, afirmó.
Persecución del proxenetismo
A su vez, Rodríguez lamentó que en materia de persecución y castigo de la trata no se están logrando los resultados esperados. En este sentido, apuntó que aunque se trata de delitos muy complejos, en los que se mezcla el crimen organizado, criticó que la regulación del proxenetismo en España lo único que favorece es la impunidad de este tipo de delito, ya que el proxenetismo y la trata de seres están íntimamente relacionados.
La fiscal superior también se mostró partidaria de prohibir la prostitución, ya que está demostrado que los países que han tomado esta medida los casos de trata de seres ha caído de forma exponencial.
Con relación a la prostitución, la consejera explicó que en los últimos dos años su departamento ha consolidado una red de atención psicosocial en la Comunidad con la colaboración de cinco entidades (Apram, en Ávila, Salamanca, y Zamora; Adoratrices, en Burgos, Segovia y Soria; Aclad, en León, Palencia y Valladolid; Cáritas, en Ponferrada y Albor, también en Valladolid), que intervienen en el entorno de la prostitución para detectar víctimas de trata y lograr su protección por la Policía y la Fiscalía. Durante el pasado año estas entidades intervinieron con 2.529 mujeres, de las 41 se identificaron como víctimas de trata.
