La Junta presenta el mapa de unidades rurales y deja León dividido en veinticinco

La Junta de Castilla y León presentó hoy un mapa de 176 unidades rurales básicas de ordenación y servicios en el territorio, como “último y decisivo paso” para culminar el modelo territorial que arrancó la pasada legislatura, que ahora somete durante tres meses a información pública para que los ciudadanos e instituciones realicen sus aportaciones y sugerencias.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó en rueda de prensa los criterios para la elaboración de los mapas y los pasos que se darán a partir de ahora para que la norma con “fuerza de ley” se apruebe en las Cortes con el máximo consenso, ya que la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio recoge que se requieren dos tercios.

“Ha sido un trabajo difícil, duro, complicado, que no se ha iniciado ahora”, resumió De Santiago-Juárez sobre la presentación de este primer borrador de unidades básicas rurales, para defender que “se ha pisado el terreno” y no es un trabajo “hecho en los despachos”. “Este mapa es el futuro para prestar los servicios de la Junta y de los municipios”, concluyó.

Mejorar la prestación de los servicios que presta la Junta de Castilla y León y los municipios, facilitar la vida a los ciudadanos, especialmente a los que residen en los pueblos, y mantener el mundo local y su autonomía municipal son los objetivos del modelo territorial, que se despliega en unos espacios funcionales delimitados geográficamente, las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, en las que se asentarán las futuras mancomunidades de interés general, las que prestan los servicios.

“Hoy se inicia un tiempo de reflexión”, afirmó el consejero de la Presidencia, que defendió la exposición de los mapas durante tres meses -hasta el 31 de diciembre- por la relevancia de este proceso y para recoger las aportaciones, sugerencias y propuestas de los ciudadanos e instituciones. No obstante, explicó que en estos meses no estarán “parados” porque el equipo de la Consejería hará un “trabajo pedagógico”, como ya hizo la pasada legislatura con la explicación del modelo, para “escuchar” a los municipios.

A primeros de año, será el “tiempo de la negociación”, se pedirá los informes a las diputaciones provinciales y al Consejo de Cooperación Local y se hablará con los grupos de las Cortes, a quienes afirmó que ha entregado este primer borrador de las UBOST rurales para que “entrada la primavera” se apruebe el proyecto de ley o “norma con rango de ley”. Para ello, manifestó que buscará el máximo consenso, ya que la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio exige dos tercios (56 de los 84 procuradores).

Según la ley, las unidades básicas rurales se configurarán en función de la población -como mínimo 5.000 habitantes, y como máximo 30.000- y de la densidad -menor de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, y como mínimo agrupe a 5 municipios-. De esa manera, el primer mapa presentado recoge 176 unidades, a las que se suman las 15 urbanas, ya aprobadas. Los municipios de las unidades rurales son así 2.233 de los 2.248 existentes, con una población de 900.000 habitantes, un promedio de municipios de 12,8 y una población de 6.718 habitantes.

De ellas, 92 se crean por criterios de población (52,2 por ciento) y 77 por baja densidad (43,7 por ciento). Además, hay siete excepciones estos criterios, por motivos de su situación geográfica, que suponen el 3,9 por ciento. Tres corresponden a Ávila (Cinco Villas, Tiétar Centro y Alto Tiétar), una a Burgos (Pinares), una a León (La Cabrera) y dos a Zamora (Sanabria y Benavente). Además, doce son interprovinciales, una en Ávila, León, Salamanca y Soria y dos en Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid.

De las 176 unidades rurales, 20 corresponden a Ávila, 22 a Burgos, 25 a León, 16 a Palencia, 26 a Salamanca, 14 a Segovia, 13 a Soria, 21 a Valladolid y 19 a Zamora. A ellas se unen las unidades urbanas, que conforman las nueve capitales de provincia más Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Laguna de Duero y Medina del Campo.

Según la ley, los municipios del enclave de Treviño constituyen una unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural, que se integrarán en el área funcional estable que se constituya en torno a la unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana de Miranda de Ebro y se podrán asociarse con los municipios más próximos de Castilla y León para constituir una mancomunidad de interés general.

Unión voluntaria

El consejero de la Presidencia confió en que con este modelo se mejoren los servicios, en especial los que prestan los municipios, y se refirió en especial a los más pequeños y con menos recursos. Por ello, abogó por la asociación voluntaria en las mancomunidades de interés general, si bien recalcó que esa unión es voluntaria. “Forzar no sirve para nada”, subrayó, de ahí es “esfuerzo pedagógico” que volverán a realizar los cargos de la Consejería en todos los municipios.

Respecto de las futuras mancomunidades de interés general, que según la ley son la asociación voluntaria entre municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, se trabaja ya en la cartera de servicios, que será homogénea para todas ellas, y además un municipio no podrá pertenecer a más de una mancomunidad de interés general, algo que no ocurre con las actuales mancomunidades.

De Santiago-Juárez, en referencia a la financiación, recordó que desde hace ocho años se habla de una financiación local y “no se ha dado ningún paso” por parte del Gobierno. Al respecto, manifestó que no se trata de competencias impropias de las entidades locales, sino de que están “mal financiados”.

A finales marzo de 2011, a punto de culminar la legislatura (2007-20011), la Junta de Castilla y León planteó la creación de Áreas Mancomunadas de Interés Comunitario (AMIC) o distritos como la unidad básica para un proceso de “cambio tranquilo pero imparable” de un nuevo modelo de ordenación territorial. En la nueva etapa, comenzó su proceso, que culminó, en esta primera etapa, con un pacto con el PSOE, por el que en septiembre de 2013 se aprobó con los votos de populares y socialistas la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

Una vez aprobadas las unidades básicas urbanas, resta la cartera común de las mancomunidades de interés general y el mapa de áreas funcionales estratégicas, previstas para zonas con mayores problemas económicos y demográficos o afectados por circunstancias de gravedad especial.