La Junta no ha aplicado todavía la tasa de rescate y apela al “sentido común”
La Junta de Castilla y León no ha “estrenado” la tasa en materia de protección civil para evitar la realización de actividades peligrosas o imprudentes, que recoge la Ley de Medidas Financieras de 2012. Al respecto, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, insistió hoy en que la “mejor” tasa es el “sentido común” y la “responsabilidad con uno mismo” y recordó que tiene un fin “disuasorio” y “no recaudatorio”.
El titular de Fomento, que presentó el balance de actuaciones del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, explicó que esta tasa se instauró para que los ciudadanos no generaran situaciones de imprudencia o emergencia, “en paralelo” con otras comunidades autónomas. Además, hizo hincapié en que la Junta atiende todos los rescates con independencia de sus causas y reiteró que todavía no se ha aplicado la tasa.
Asimismo, Antonio Silván pidió a los ciudadanos y a las administraciones que reflexionen hasta donde deben ejercer su responsabilidad personal y social, sobre todo, ante las “últimas tragedias vividas”. Como ejemplo, el consejero expuso que él invitaría a su hijo a realizar la Ruta del Cares (Picos de Europa, León), pero no a su padre de 84 años.
La tasa, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, se aplicará en la búsqueda y rescate de personas siempre y cuando se den tres supuestos: que el afectado no haya atendido los boletines o partes de aviso de alerta o de predicción meteorológica adversa de distintas instituciones con competencias; cuando la búsqueda tenga lugar en zonas señaladas como peligrosas, que tengan el acceso prohibido o restringido y no haya habido un permiso de la autoridad competente, y cuando las personas rescatadas no llevasen el equipamiento adecuado para la actividad.
También están obligados a pagar esta tasa aquellas actividades en que se simule riesgo o peligro y deban intervenir los medios de la Junta. Quedan excluidos del pago los distintos entes de la Administración autonómica y de ayuntamientos y diputaciones.
De este modo, la tasa impuesta es de 32,3 euros a la hora por los servicios prestados por un rescatador de búsqueda y rescate; 25,47 euros por un operador de logística; 37,83 euros a la hora por un técnico de mando o coordinación; 1.947 euros a la hora por los servicios prestados por un helicóptero de protección ciudadana. La primera hora se devengará completa, mientras que a partir de la primera se liquidará por minutos.
