IU León exige dimisiones en la Junta por “coaccionar” a las mujeres con el aborto
Izquierda Unida León local pidió este sábado la dimisión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, por las medidas anunciadas respecto al aborto, entre las que se encuentra “obligar a los sanitarios a ofrecer una ecografía en 4D a las mujeres que quieran abortar”, lo que calificaron de “obsceno y retrógrado”.
Para la formación, el Gobierno autonómico “debería centrarse en hacer su trabajo y ofrecer servicios de calidad” en lugar de “malgastar recursos” para “coaccionar a las mujeres que, por diversas razones, necesiten abortar”.
Unas mujeres que, en el caso de León, “ya tienen bastantes problemas para ejercer el derecho al aborto”, ya que según aseguraron, si una leonesa necesita abortar es derivada fuera de la provincia. Además, la tasa de abortos en la Comunidad Autónoma está muy por debajo de la media nacional, mientras que en León, el 60 por ciento de los abortos practicados se hacen en clínicas privadas.
Por este motivo, señalaron que mientras que el vicepresidente de la Junta aseguró que serán “protegidos” los médicos que se nieguen a realizar interrupciones del embarazo, la realidad es que la Comunidad “no garantiza el derecho al aborto, dado que la mayoría de las mujeres tienen que abortar en clínicas fuera de su territorio o en la privada por la falta de medios y de equipos”.
La coordinadora de la formación, Carmen Franganillo, tachó de “moralista” la propuesta de Vox y el Partido Popular, que “trata de imponer a las mujeres un tutelaje propio del régimen franquista” en un “evidente retroceso en derechos” ante lo que pidieron “unidad para luchar contra la pérdida de derechos y para evitar que este Gobierno agote la legislatura”. De igual forma, se preguntó sobre el 60 por ciento de abortos realizados en León en la privada y “si esos profesionales son objetores de conciencia en la pública, dado que hay profesionales que trabajan en los dos ámbitos”.
Finalmente, desde Izquierda Unida dudaron de la legalidad de la propuesta y pidieron una rectificación “inmediata” de las medidas que “parten de un profundo desconocimiento de la Sanidad Pública y de sus procesos, puesto que las mujeres que tienen dudas al respecto de una decisión tan importante, son derivadas a las trabajadoras sociales”.
