Los ingenieros industriales de Valladolid y León piden a la Junta una normativa que dé seguridad a las plantas de biometano
Los colegios profesionales de ingenieros industriales de León y Valladolid insisten en que la Castilla y León tiene potencial para liderar el sector del biometano, pero advierten de que la falta de regulación mantiene en el aire un centenar de proyectos
Los ingenieros industriales de Castilla y León han reclamado a la Junta que apruebe cuanto antes la normativa que regulará la instalación de plantas de biometano. Consideran que este paso es “imprescindible” para ofrecer seguridad jurídica a las inversiones y desbloquear los numerosos proyectos pendientes de tramitación.
Así lo trasladó el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de León, Antonio Fernández, tras la reunión mantenida por los máximos responsables de los colegios de León y Valladolid. Fernández recordó que la Comunidad tiene en marcha más de cien iniciativas en diferentes fases de desarrollo y cuenta “con un claro potencial para liderar este sector en España”, gracias a la actividad agrícola y ganadera que genera grandes volúmenes de residuos.
La futura normativa que prepara la Junta establecerá, entre otras restricciones, que las plantas deberán ubicarse a un mínimo de 1.500 metros de los núcleos de población y otros puntos sensibles, además de limitar su capacidad a un máximo de 200.000 toneladas anuales. Pero su aprobación sigue pendiente.
“Hay incertidumbre para poner en marcha los proyectos ante la falta de regulación. La normativa sería un revulsivo para lanzar definitivamente esta actividad”, insistió Fernández.
En la misma línea se posicionó el presidente del Colegio de Valladolid, José García Neira, quien reclamó “criterios claros” para la ubicación de las instalaciones y medidas correctoras para evitar las molestias por olores, uno de los principales focos de rechazo vecinal.
Exigen también un plan estatal de biogás
Tanto el Colegio de León como el de Valladolid se sumaron además a la petición de la Junta para que el Gobierno central elabore un plan estatal de biogás que unifique criterios y regule estas instalaciones en un contexto de creciente controversia social. “Es fundamental una regulación homogénea que permita una mejor gestión ambiental de los restos biológicos que se tratan”, apuntaron.
Castilla y León solo cuenta actualmente con tres plantas de biometano en funcionamiento: Burgos (Villalonquéjar), Ólvega y Almazán, en Soria. A ellas se suman las de Machacón (Salamanca) y Carbonero El Mayor (Segovia), que están en fase de desarrollo. Otras once instalaciones tienen ya autorización y cerca de un centenar esperan todavía la aprobación administrativa, detallan los colegios.
Según los ingenieros industriales, el biometano permite aprovechar purines, estiércoles, restos agrícolas y subproductos de la industria agroalimentaria, ofreciendo una “solución local y sostenible” para su gestión. Además, recuerdan que se trata de un combustible renovable que reduce las emisiones de CO₂ y puede emplearse tanto en vehículos como en la generación de calor y electricidad.
“Es una oportunidad para la economía circular en Castilla y León, pero debe estar perfectamente regulada”, concluyó García Neira.
