El Gobierno pide participar a los ciudadanos en el diseño de la nueva Estrategia de Transición Justa hasta 2030
Se está comenzando a decidir qué políticas activas y reales pueden ser esenciales para aquellas comarcas de España que, como ocurre en muchas de la provincia de León, sufren el cierre de sectores enteros como la minería del carbón y de las plantas energéticas térmicas dentro del proceso de descarbonización emprendido en todo el país.
Y esta vez, el Gobierno pretende que haya la más amplia posible participación ciudadana y de agentes sociales en las decisiones que se adopten, reclamando que se les aporte toda opinión que pueda resultar interesante.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha anunciado el inicio de una consulta pública que será previa para la elaboración de la nueva Estrategia de Transición Justa 2026-2030. Se puede acceder pinchando aquí. Y hay un mes de plazo: los interesados en participar deben cumplimentar el formulario antes del 1 de febrero de 2026.
La Consulta busca recabar la visión y las aportaciones de la ciudadanía, las organizaciones sociales, las administraciones, las empresas y los demás agentes interesados, y forma parte del proceso de escucha que acompañará la elaboración de la Estrategia.
La Consulta busca alinear las políticas de transición justa con las metas energéticas y climáticas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, con el objetivo central de maximizar las oportunidades de actividad económica y empleo derivadas de la transición hacia una economía baja en emisiones, al tiempo que se minimizan los impactos sobre las personas trabajadoras y los territorios más expuestos.
Los detalles del cuestionario
El cuestionario reúne ocho bloques de preguntas destinados a recoger valoraciones, propuestas y prioridades de la ciudadanía y de los agentes sociales ante los retos de la transición energética. En primer lugar, busca identificar los principales desafíos y oportunidades sociolaborales que surgirán en los próximos cinco años en el contexto de la descarbonización, poniendo el foco en cómo estos cambios pueden afectar al empleo, a los sectores productivos y al desarrollo territorial.
Un segundo bloque se centra en conocer qué prioridades debería asumir la nueva estrategia, invitando a señalar líneas de acción preferentes para garantizar que la transición sea equitativa, participativa y con impacto positivo en los territorios. Relacionado con ello, el cuestionario pide identificar qué colectivos y zonas podrían ser más vulnerables durante la transformación energética, para orientar mejor las medidas de apoyo y protección.
Otro conjunto de preguntas se dirige a recoger propuestas sobre los instrumentos más eficaces para una transición justa, así como políticas públicas que ya funcionan o que sería necesario reforzar o incorporar. También se exploran ideas para mejorar la coordinación entre distintos sectores y entre los diferentes niveles de la administración —local, autonómico y estatal—, un aspecto clave para lograr una implementación coherente y eficiente.
Además, el cuestionario aborda el papel que deberían desempeñar los actores sociales —empresas, sindicatos y organizaciones del tercer sector— en la ejecución de la ETJ, reconociendo su protagonismo en la dinamización económica, la defensa laboral y la cohesión social. De forma complementaria, solicita propuestas sobre los mecanismos de gobernanza más adecuados para asegurar transparencia, participación y seguimiento en los distintos ámbitos sectoriales y administrativos.
La consulta abierta forma parte de un proceso de escucha activa que se desarrollará durante toda la fase de elaboración de la Estrategia. Este proceso incluirá también la organización de distintos encuentros y espacios de diálogo, entre ellos un seminario el 2 de diciembre, que reunirá a actores representativos de los sectores de la energía, la industria, el transporte y la movilidad, la construcción y rehabilitación, y la agricultura. El acto servirá para compartir diagnósticos, identificar prioridades y recoger propuestas.
Un enfoque pionero que busca maximizar el empleo verde
La primera Estrategia de Transición Justa, aprobada en 2019, situó a España como el primer país de la Unión Europea en dotarse de un instrumento específico para garantizar que la transición ecológica se despliegue de manera equitativa y solidaria. Desde entonces, la Estrategia ha guiado la acción pública para optimizar los beneficios socioeconómicos, como el empleo, la inversión y el desarrollo territorial, y reducir los impactos adversos, con especial atención a las zonas afectadas por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de cambio climático y transición energética, la Estrategia debe actualizarse cada cinco años. Con la revisión que toca ahora, del plazo 2026-2030, el Ministerio busca consolidar los avances logrados, incorporar las lecciones aprendidas y adaptar los objetivos al nuevo contexto energético, social y económico.
La transición justa no se limita al sector energético; afecta al conjunto del tejido productivo y a la organización del empleo en España. Por ello, tomando como referencia el PNIEC, la nueva Estrategia aspira a identificar las oportunidades de generación de empleo y los retos emergentes, y proponer medidas y políticas de acompañamiento que fomenten el desarrollo económico sostenible en los territorios.
