El Gobierno incorpora a la nueva Ley de Evaluación Ambiental las aportaciones de Castilla y León
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha asistido esta mañana a la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente convocada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). El Gobierno de España ha presentado el nuevo Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental para el conjunto del país que incorpora las aportaciones realizadas por Castilla y León en la tramitación previa del texto normativo. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha destacado la importante labor realizada estos meses en los encuentros bilaterales entre ambas administraciones que han permitido elaborar un texto consensuado y que tiene en cuenta las peticiones realizadas desde la Junta de Castilla y León.
La nueva norma integra en un único texto la tramitación ambiental prevista para las evaluaciones ambientales de planes y programas así como de proyectos facilitando y agilizando su aplicación. Establece disposiciones comunes y plazos de duración máxima de los procedimientos ambientales simplificando los trámites y reduce las cargas administrativas que tienen que soportar las empresas mediante un texto normativo accesible y que aumenta la seguridad jurídica de los promotores. La nueva Ley busca la eficacia de las evaluaciones ambientales de forma que se sometan únicamente las actuaciones que puedan tener repercusiones en el medio ambiente y que se tramiten de forma ágil.
Se han introducido importantes cambios con el propósito de que los promotores del plan, programa o proyecto conozcan las evaluaciones ambientales en un tiempo razonable y la sociedad, en general, esté segura de que ese plan, proyecto o programa se desarrolle con las absolutas garantías de salvaguarda medioambiental. La nueva Ley establece un plazo máximo de cuatro meses para evaluar proyectos en todas las administraciones, prorrogables otros dos meses por razones justificadas y motivadas.
El Gobierno incorpora a la nueva Ley nacional las sugerencias de Castilla y León
Durante el proceso previo de redacción y aportación de sugerencias al nuevo texto legal, la Junta de Castilla y León ha formulado sugerencias que han sido incorporadas en el anteproyecto con el objetivo de configurar un texto normativo que sea accesible y seguro jurídicamente para todos y que tenga en cuenta la racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos con el fin último de garantizar una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos. Estas aportaciones de nuestra Comunidad serán extendidas al conjunto de España.
Entre las sugerencias aportadas cabe destacar las que profundizan en la simplificación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, se agiliza el proceso sustancialmente al no ser obligatorias las consultas previas, no se admiten aquellos proyectos que son manifiestamente inviables por razones medioambientales; se elimina la obligatoriedad de evaluación de pequeñas infraestructuras públicas que a priori son positivas desde un punto de vista ambiental, como por ejemplo las depuradoras y se reducen, en general los plazos.
Otro aspecto importante, en lo que se refiere al planeamiento, es la integración, en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento general, de las comisiones territoriales de urbanismo, que son los órganos colegiados, cualificados y representativos de la sociedad civil en esta materia.
Además, la nueva norma incorpora el sometimiento obligatorio a evaluación de impacto ambiental de nuevas técnicas, como la fractura hidráulica o fracking, tal y como se estaba proponiendo desde Castilla y León. Es decir, en el conjunto de España deberán someterse obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental las perforaciones para conseguir hidrocarburos mediante la técnica de la fractura hidráulica.
En definitiva, un nuevo texto que incorpora las sugerencias y observaciones de Castilla y León y que ofrece las garantías medioambientales a la sociedad, en general, y garantías jurídicas a los promotores de los proyectos.
