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El Gobierno estudiará si puede obligar a Azucarera a cumplir su contrato remolachero sin recortes

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió hoy ante los responsables del sector remolachero de las organizaciones agrarias a estudiar el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) de la remolacha con el fin de analizar si existen “resquicios” para que los productores, como parte interesada, puedan recurrir ante la justicia ordinaria la propuesta de Azucarera de reducir el precio de la tonelada de remolacha a partir de la próxima campaña.
El secretario general de Agricultura recibió a los miembros de las tres organizaciones agrarias -UPA, Coag y Asaja-, que le expresaron la necesidad de que el Gobierno tome la iniciativa en defensa del sector productor español. En el encuentro, las organizaciones le trasladaron al representante ministerial su “versión de la realidad”, en la que pusieron en evidencia la gravedad del sector ya que, a raíz de esta propuesta, el agricultor “va a perder una parte importante de los ingresos y una parte importante va a dejar el cultivo”, lo que se traducirá en una pérdida de riqueza, con la trascendencia que eso tiene en las empresas de servicios y en el empleo de la Comunidad, trasladó el secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado.
Tras plantear una “fotografía” de una situación “preocupante”, el Ministerio reconoció ser conocedor de esa realidad como consecuencia del “contacto permanente” que mantiene el Gobierno con los ejecutivos autonómicos. Sin embargo, compartió con las organizaciones la percepción de incumplimiento por parte de Azucarera del AMI en el quinto y último año del acuerdo, de ahí el compromiso de estudiar jurídicamente el acuerdo para ver las posibilidades de llevarlo ante la justicia para intentar frenar ese bajada “unilateral” propuesta por Azucarera.
Ante la previsión de que el Ministerio también se reúna con los responsables del a compañía azucarera, desde Asaja confiaron en que “se le ponga mala cara” a la empresa para así “afearle lo qu ha hecho” ya que es una decisión que “va en contra de los intereses del mundo agrario y ”el Estado está para defenderlos“, insistieron. ”Les hemos pedido que, si hay posibilidad de influir en ellos para revertir esta situación, que lo hagan“, añadió Turrado, quien pidió que se haga ”de forma inmediata“ porque será a la vuelta de las navidades cuando los agricultores decidirán sobre sus planes de siembra.
Aunque Turrado aclaró que no es posible estar contentos con el resultado, porque para ello habría que haber tenido “una solución”, sí agradeció el respaldo por parte del Ministerio que “nos entiende y no comparte la decisión de Azucarera”, por lo que confió en que actúe con todos sus medios disponibles. “No le hemos pedido más ayudas al Ministerio, le hemos dicho que la solución al problema no viene porque la administración se rasque más el bolsillo, porque sería inmoral que la remolacha tuviera más ayudas públicas, sino que el problema lo tienen que salvar los precios, y si el sector no se puede recuperar, evidentemente tendría que reestructurarse de una forma ordenada”, pidió.
Por parte de la Alianza Ugal-Upa, Nacho Senovilla consideró que el planteamiento que está poniendo Azucarera sobre la mesa “es un poco raro”, por lo que han solicitado al Gobierno que le pida a Azucarera que dé marcha atrás en la propuesta y que cumpla con el AMI. “El próximo AMI, que es para otros cinco años, ya hablaremos de lo que hay que hablar”, reconoció Senovilla a Ical, aunque ahora hay comprometido un pago a 42 euros que “hay que mantener”.
Aunque el Gobierno ha trasladado su apoyo a las organizaciones agrarias, también ha evidenciado sus limitaciones al tratarse de una multinacional privada. “Las limitaciones son las que son, pero van a intentar lo que sea posible en este tema” porque es el Gobierno quien homologa los acuerdos interprofesionales y, como tal, es quien tiene que ejercer de “árbitro” y tiene “bastante que decir”, añadió.
Será después de las fechas navideñas cuando ambas partes vuelvan a sentarse para seguir abordando una problemática que, a juicio de Senovilla “no ha hecho más que empezar”, porque a punto de comenzar a plantear el calendario de siembras, este próximo año va a ser “difícil” que el agricultor opte por la remolacha a ese precio, y auguró que en el caso de Acor “va a tener cola”.
Desde la Alianza auguraron que esta decisión de Azucarera augura “un cierre de las tres fábricas” porque “a ese precio no se puede producir remolacha”. “Que digan que quieren cerrar y se vea la posibilidad de que Acor se pueda quedar con alguna fábrica, pero que lo hagan para este año, porque como se deje de sembrar, no se va a recuperar”, reclamó Senovilla, que consideró que el sector de la remolacha no merece “una muerte lenta”.
Reunión de la Junta
En la ronda de contactos que Azucarera está manteniendo con los diferentes agentes implicados para dar a conocer su planteamiento, representantes de la mutinacional mantuvieron hoy una reunión privada con la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, quien incide en que la intención de la Junta es trabajar con Azucarera y con el sector para intentar dar solución al problema, aunque la administración autonómica no tiene las competencias directas para ello en una problemática que no es exclusiva a nivel regional, sino que la caída de precios del azúcar es un problema mundial.
El deseo de la Junta es poder alcanzar el equilibrio entre la industria y los productores para un cultivo que ha sido considerado como 'estrella' en Castilla y León, y así mantener la producción, pero no a cualquier precio; y poder concitar acuerdos entre las partes, aunque siempre teniendo en cuenta que se trata de un asunto que supera las competencias de la propia Consejería.