El Gobierno anuncia un acuerdo con Bruselas sobre el nuevo sistema de ayudas al carbón

César Sánchez / ICAL Carbón para calefacción de uso doméstico

Servimedia / Ical

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció hoy que el Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea sobre el nuevo sistema de ayudas al carbón. Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que explicó que permite no tener que devolver las ayudas concedidas desde 2010 para la extracción y otorgar otras para compensar su diferencial de precios con respecto al producto internacional.

Asimismo, Sáenz de Santamaría advirtió de que en el último mes la tendencia decreciente del precio ha agravado la situación del sector nacional. El nuevo incentivo se establecerá anualmente y tomará como referencia la diferencia entre el precio internacional y el precio establecido en 2013. Además, destacó que dicho acuerdo permitirá doblar el incentivo al carbón nacional, que se podrá situar en diez euros por tonelada.

De la misma forma, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo explicó a través de un comunicado, recogido por Ical, que este acuerdo preliminar con la Comisión Europea permite la autorización del Plan de Cierre del Reino de España de las minas de carbón no competitivas. “Tras un largo proceso de intensas negociaciones y en un contexto europeo donde el apoyo al carbón es difícil”, señaló este departamento, dados los compromisos medioambientales de la Unión Europea.

Asimismo, el acuerdo logrado con la Dirección General de Competencia ha de ser ratificado en las próximas semanas por el resto de los servicios de la Comisión Europea. De esta forma, autorizará el plan de cierre y, por lo tanto, las ayudas otorgadas a las compañías mineras desde 2010 serían válidas de acuerdo con la Decisión, que todos los Estados Miembros aprobaron. Ésta limitaba las posibilidades de apoyo de los estados miembros a las explotaciones no competitivas hasta el 31 de diciembre de 2018 con el objetivo de regular un cierre ordenado de las mismas.

El acuerdo incluye también la autorización de un incentivo adicional para las compañías mineras hasta el 31 de diciembre de 2018. Para este periodo, sindicatos, la asociación española de empresas productoras de carbón y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo firmaron en octubre de 2013 el Marco de Actuación, sin embargo, el Plan de Cierre estaba pendiente de la autorización de la Comisión Europea.

Incentivo

Industria reconoce que en los últimos meses el precio del carbón en los mercados internacionales ha seguido una tendencia “decreciente que ha provocado una pérdida de

competitividad del carbón nacional frente al carbón importado y que ha agravado la situación del sector nacional de la minería del carbón“. Por ello, el incentivo adicional se establecerá anualmente en función de la diferencia entre el precio internacional y el precio que había en 2013, cuando el Plan de Cierre fue adoptado.

De esta manera, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del precio internacional. En 2016, esta ayuda adicional a la producción supondría un incremento de diez euros por tonelada, lo que implica duplicar las ayudas previstas con la normativa actual (la minería subterránea pasaría de 15 euros por tonelada a 25 y las de cielo abierto, que actualmente no recibe ayudas, pasaría a cobrar diez euros por tonelada).

En todo caso, Industria reconoció que las ayudas respetarán el techo establecido por la Decisión europea de 2010 y el resto de su contenido. En los próximos días el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene previsto reunirse con los sindicatos y las empresas del sector para explicarles los detalles del acuerdo.

Por tanto, el Ministerio señaló que se refuerzan los mecanismos de ayudas al carbón previstos para dar cumplimiento al Marco de Actuación 2013-2018 en la normativa de la Unión Europea. Adicionalmente, Industria recordó que el Gobierno español ha adoptado otras medidas en los últimos años, entre las que destacó la dictada en julio del pasado año para garantizar la protección social de los mineros, mediante un acceso más flexible a las ayudas sociales establecidas.

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