Gas Natural recibe la autorización administrativa para la distribución de gas en Vega de Espinareda
La Dirección General de Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, otorgó a la empresa Gas Natural Castilla y León S.A., la autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en municipio berciano de Vega de Espinareda, según recoge la edición de hoy del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). De acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa, el proyecto exige la construcción de una planta satélite de abastecimiento de gas natural licuado al no ser posible la conexión a ningún gasoducto existente, lo que elevará el presupuesto total del proyecto a casi 500.000 euros.
No obstante, Gas Natural queda obligada a la conexión a gasoducto, tan pronto como exista tal posibilidad, con el consiguiente desmantelamiento de la planta satélite.Además, la empresa deberá depositar en la Tesorería General de la Comunidad, en el plazo de un mes, una fianza por valor de casi 9.000 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto básico. Posteriormente, la compañía deberá solicitar otra autorización para la ejecución de instalaciones del proyecto, para lo cual dispone de un plazo de seis meses.
La compañía solicitó autorización para el proyecto en julio de 2014. Tras subsanar las deficiencias señaladas por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, el expediente se completó el 30 de marzo del año pasado. Según la resolución oficial, el proyecto presentado por Gas Natural presenta “un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos” que las ofertas presentadas por las otras compañías en liza. En ese sentido, también se valoró el hecho de que la empresa es titular de autorizaciones administrativas para las distribuciones de gas natural canalizado en áreas geográficas próximas.
Además, la resolución indica que “queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado”. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Economía y Hacienda en el plazo de un mes.
