7.000 firmas para pedir a la Junta mediación para los afectados por los desahucios
La Plataforma Stop Desahucios Bierzo-Laciana-Maragatería-La Cabrera se desplaza este martes hasta Valladolid para entregar 7.000 firmas recogidas en las últimas semanas que acompañarán a un escrito dirigido al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el que el colectivo plantea las “inquietudes y necesidades en materia de vivienda, abusos hipotecarios de entidades bancarias y cuantas cuestiones relacionadas con estos temas afectan a la población de la Comunidad autónoma que usted dirige”.
El grupo que se desplazará desde la provincia leonesa estará acompañado por miembros de asociaciones Stop Desahucios y Plataforma de Afectados por la Hipoteca del resto de provincias de Castilla y León y protagonizará una concentración de 12 a 12.30 en el aparcamiento de la Feria de Muestras de Valladolid. Después, sobre la una de la tarde, la concentración se trasladará hasta la Oficia General de Información y Atención al Ciudadano de la Junta, ubicada en la calle Duque de la Victoria, número 8 de la capital vallisoletana. Allí, se hará entrega de las 7.057 firmas recogidas por diversas comarcas y numerosos pueblos de la provincia.
En la carta que se adjuntará a las firmas se expone que la situación económica actual ha conducido al empobrecimiento de la mayoría de la población y a la degradación de los derechos de los ciudadanos y que la clase política, “al servicio de los poderes financieros, no sólo es incapaz de hacer frente a esta situación, sino que alienta y protege los intereses de estos poderes, olvidando a los ciudadanos”. Castilla y León, apuntan, no ha sido ajena a este proceso y numerosos ciudadanos se han visto dramáticamente abocados a la ruina y a la exclusión social “como consecuencia de una legislación que no les protege y de una actividad política que les ignora”.
En esta situación, se argumenta en el escrito, resulta “inadmisible” que quien no ha podido hacer frente al pago de su hipoteca, por causas económicas ajenas a su voluntad, se vea despojado de su vivienda y con un futuro de exclusión social total y que las administraciones públicas, teóricas garantes de los derechos de los ciudadanos, permanezcan impasibles sin adoptar medida alguna positiva, más allá de alguna tímida medida paliativa.
Las Oficinas de Información e Interlocución Hipotecaria (012), creadas en Castilla y León desde la perspectiva de los servicios sociales son, a juicio de la plataforma, absolutamente inoperantes y su función se limita a de trasladar documentos y esperar a que las entidades financieras hagan su voluntad. En muchas ocasiones, estas oficinas se encargan de redactar informes para las entidades financieras, algo que no ven comprensible.
“Consideramos que es hora de dejarnos de solicitudes y comenzar con las exigencias como ciudadanos”, apuntan y reclaman a la Junta que constituya una Comisión de Seguimiento de Acción Social encaminada a la paralización y ayuda a las familias que se vean inmersas en un proceso ejecutivo judicial hipotecario o de desahucios que se puedan producir en la comunidad de Castilla y León, en la actualidad o en un futuro. Además, hacen una especial mención a la situación que atraviesan las cuencas mineras, para las que se solicitan soluciones específicas.
También solicitan un censo de familias en procesos ejecutivos hipotecarios con el fin de dar apoyo social y psicológico y un decreto-ley sobre la función social de la vivienda, “que debería convertirse en un plan de choque para frenar la sangría social de los desahucios”. Con él, aseguran, la Junta demostraría “una verdadera intención de hacer realidad la paralización del desmantelamiento social de nuestra tierra y realmente se estaría haciendo justicia, llegando a la raíz del problema”.
