Los expertos reiteran que sólo la denuncia judicial permite la devolución las preferentes
El salón de actos del edificio municipal de Ordoño II se ha quedado pequeño este lunes con motivo de la asamblea organizada por la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros, ASUAPEDEFIN, para estudiar en qué punto se encuentra este asunto y qué salidas caben para recuperar el dinero invertido en propuestas como las preferentes.
Sólo en León estamos hablando de entre 6.000 y 8.000 personas afectadas por esta situación y en la mayoría de los casos se tratan de personas mayores de 70 años. El abogado de la asociación Bernardo García exponía el caso de un matrimonio de 90 y 91 años que tienen todos sus ahorros atrapados en uno de estos productos.
La primera de las indicaciones sobre las que ha hecho hincapié el letrado es que en estos momentos no se debe firmar nada con las entidades bancarias.
Repercusión
La firma de cualquier documento propuesta por el banco significaría casi seguro una renuncia a sus depósitos colocados en alguno de los productos financieros, porque, según Bernardo García, las soluciones extra judiciales tienen mucho bombo mediático pero no llegan al objetivo fundamental de todas las organizaciones que han surgido para hacer frente a estas situación; recupera el 100% de esta inversión.
“Está claro que no es seguro que se recupere el 100% pero la vía judicial es la única posible para lograrlo”, tal y como ha reiterado el letrado de la asociación.
Y en este sentido se enmarcan algunas recientes sentencias como la última que detalla incluso que la entidad bancaria ha renunciado a apelar y por tanto la resolución judicial es firme.
Honorarios
Patricia Suárez, presidenta de la asociación que ha puesto en marcha esta jornada de información, ha vuelto a reiterar que las soluciones extrajudiciales no tienen resultados porque estos productos están avalados por el banco de España y el MNCV y por tanto sólo son eficaces las denuncias en los juzgados.
Patricia Suárez ha recordado que los juzgados de primera instancia y las audiencias están dando la razón de forma mayoritaria a las demandas de los usuarios.
Y ha insistido en esta vía pese a los costes y las tasas que hay que abonar porque al final una sentencia, ha subrayado Patricia Suárez, obligará a los bancos a asumir estos costes. En los últimos años cuatro años el índice de denuncias ha pasado del 5% de los casos al 10%, pero queda un 90% que no ha denunciado, una situación que sólo beneficia al banco.
