Europa rechaza el Plan de Cierre de la minería y declara ilegales las ayudas desde 2011

Ical

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, comunicó este jueves que la Comisión Europea no ha aceptado el Plan de Cierre de la minería no competitiva remitido a Bruselas por el Gobierno el 21 de octubre de 2013. Así lo aseguró durante su comparecencia ante la Comisión de Industria celebrada en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, según señaló el ministro, la decisión fue comunicada por carta el 9 de diciembre de 2013. Los motivos que alega la Comisión Europea son que las cifras facilitadas -que aportaron las empresas- “carecen de la suficiente credibilidad y nivel de detalle, porque no se prevén reducciones significativas en la producción de carbón en varias unidades de producción; el nivel de desglose del coste es insuficiente y varias de las minas del plan podrían ser competitivas a partir del año 2015. Como consecuencia, se plantean dudas en cuanto a su cierre a partir del año 2018”, dijo Soria.

En la misma carta, la Comisión Europea también considera que las ayudas desde el año 2011 son consideradas “ilegales” y “no justificadas”. De esta forma, Bruselas argumenta que no puede autorizar ninguna ayuda a la explotación de minas que no cierren como máximo en 2018 y reclama al Gobierno que envíe una nueva versión del Plan de Cierre “que cumpla con los requisitos establecidos”.

Finalmente, Soria informó de que ya se ha enviado a las empresas mineras un requerimiento para que completen los datos solicitados por la Comisión, con el objetivo de cumplir el requerimiento a la mayor brevedad.

Nuevo varapalo

Cabe recordar que el Tribunal General de Justicia Europeo rechazó recientemente el recurso interpuesto por los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias y Aragón contra el reglamento del Consejo Europeo sobre ayudas públicas al carbón, que obliga a las explotaciones mineras que quieran seguir con su actividad más allá de 2018 a devolver las ayudas recibidas. Por ello, las tres comunidades pidieron al Ejecutivo que defendiera al sector ante las instituciones comunitarias.

Las empresas mineras sólo han cobrado al completo las ayudas de 2011, puesto que el reparto de 2012 fue recurrido por dos compañías y el de 2013 no se ha concretado.

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