Ecologistas en Acción denuncia “la estafa ambiental” de autorizar dos canteras de caliza en La Pola de Gordón

Ayuntamiento de La Pola de Gordón

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León decidirá este jueves, 29 de septiembre, si permite o no la explotación de las canteras 'La Pola' y 'La Solana', en las localidades de La Pola y Vega, en el término municipal de La Pola de Gordón, que “harán volar el macizo rocoso del lado derecho de la carretera N-630 en dirección a Asturias”, según adelanta Ecologistas en Acción.

La confederación de grupos ecologistas de España votará en contra y pedirá el voto contrario por el “impacto crítico” que prevé que tendrán ambas canteras y porque el promotor, la Junta Vecinal de Pola de Gordón, “no ha presentado un proyecto técnico comprensivo del conjunto de la explotación y de sus viales de acceso, tal como exige la Ley de evaluación ambiental”, denuncian.

Mediante voladuras a cielo abierto, se prevé extraer durante más de 16 años cerca de 80.000 metros cúbicos anuales de piedra caliza (186.000 toneladas al año), afectando a unas 14 hectáreas de montes catalogados de utilidad pública (MUP). Algo que para Ecologistas en Acción es “incompatible” con el régimen de protección de los MUP (art. 59 Ley de Montes de CyL) “que obliga a preservar la condición forestal de los terrenos afectados”. Los desmontes o explotaciones mineras a cielo abierto, como estas canteras,  supondrían la alteración geomorfológica irreversible del monte y del paisaje.

El impacto también “será critico”, aducen, porque el perímetro de la explotación se encuentra a menos de 400 metros de un pueblo, Vega de Gordón, a 75 metros del cauce del río Bernesga, a menos de 100 metros del tendido eléctrico, y a menos de 200 metros de las vías del ferrocarril y de la carretera N-630 que unen León y Asturias. Además, añaden que las vibraciones y el material despedido en las voladuras “podrán causar daños a estas infraestructuras, a las personas y a sus bienes”, y el ruido y el incremento de la contaminación atmosférica “provocarán un deterioro inaceptable en la calidad de vida de las poblaciones cercanas”.

Al respecto, recuerdan las obras de estabilización y contención que, ante el riesgo de desprendimiento de rocas, realizó el Ministerio de Fomento en 2019 sobre la misma masa rocosa que bordea la carretera N-630 y que sufrirá las voladuras de las canteras próximas.

Para Ecologistas en Acción, resuelta “especialmente llamativa la indefinición de los accesos a las canteras”, que ahora son caminos que discurren por fincas privadas y montes de utilidad pública y que habrá que transformar en carreteras aptas para el trasiego de vehículos pesados. El informe “los menciona de pasada, sin que exista documentación que acredite la viabilidad de unas infraestructuras imprescindibles para el funcionamiento de la explotación”. Por otra parte, el entronque de los accesos con la carretera N-630 exigirá modificar los cruces previo estudio, solicitud y autorización que tendrá que otorgar el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

“Tampoco se aportan informes técnicos de Renfe/Adif, la Confederación Hidrográfica del Duero, Red Eléctrica de España, ni del Ayuntamiento de Pola de Gordón que ha presentado alegaciones y tendrá que informar la autorización de uso excepcional de suelo rústico así como tramitar y otorgar las licencias ambiental y urbanística”, subrayan.

En conclusión, resumen los ecologistas, es que “se propone declaración favorable sin que se presenten a la Comisión los informes de las Administraciones públicas afectadas y sin que exista un proyecto comprensivo del conjunto de la explotación y de sus accesos y, sin esa documentación técnica, es imposible conocer el verdadero alcance de la actividad extractiva y por lo tanto evaluar su verdadero impacto”. Por lo que, zanjan, “con estas carencias la declaración de impacto ambiental favorable que se emita será una estafa ambiental”.

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