Denuncian un nuevo empeoramiento de las condiciones de las trabajadoras Ayuda Domiciliaria en León capital

Protesta de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de León, foto de archivo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva “precarización y empeoramiento” de las condiciones laborales a las que se ven sometidas las trabajadoras del Servicio de Ayuda Domiciliaria en León, dependiente del Ayuntamiento de la capital, que les obligará a trabajar de lunes a domingos, a asumir gastos telefónicos de móviles propios que debería costear la empresa adjudicataria dle servicio (Aralia), y a realizar jornadas con más horas sin ninguna compensación.

CSIF explica en un comunicado que el Ayuntamiento de León, sin dar explicaciones claras de los motivos, llevó a cabo una campaña para animar a los usuarios a prescindir del servicio de ayuda, debido a la crisis del coronavirus, que propició que más del 50 por ciento de las personas atendidas suspendieran la asistencia. En estos momentos, están de baja temporal 289 usuarios y se atiende a 247, afirman.

Antes de la reducción de usuarios, las trabajadoras reclamaron equipos de protección (EPI) suficientes y adecuados para garantizar su salud y evitar el contagio de la Covid-19, lo que llevó a CSIF a acudir al Juzgado de lo Social, que falló contra el Ayuntamiento de León y la empresa, exigiendo que se pusiera a disposición de las trabajadoras en el “tiempo mínimo imprescindible” el material de protección suficiente.

Sin embargo, denuncian que “todavía no ha ocurrido. Después de seis semanas, acaban de llegar mascarillas homologadas y batas, pero aún faltan guantes adecuados o gafas, que hacen falta para ciertas tareas”, señala el sindicato.

Pero la sorpresa de las trabajadoras -señalan- llegó el pasado día 16, cuando la adjudicataria informó al comité de empresa de un decreto de Alcaldía del Ayuntamiento que exigía un seguimiento de asistencia telefónica a los usuarios que se habían dado de baja temporal del servicio, “animados, paradójicamente, por el propio Ayuntamiento”.

Ahora, “un mes después de esas suspensiones temporales del servicio, resulta que tenemos que llamar por la mañana y por la tarde, para conocer la situación en la que se encuentra el usuario, así como cubrir necesidades de compra de alimentación o farmacia. Es decir, que las personas que se han dado de baja van a tener un seguimiento más continuado que las que continúan de alta en el servicio, a las que hacemos un par de visitas a la semana. Simplemente increíble”, señala CSIF.

“No entendemos qué extrañas razones han llevado al Ayuntamiento a tomar esta decisión, si son económicas o si alguna administración le ha obligado a atender a todos los usuarios. El problema es que aún seguimos sin el material de protección suficiente, que con el seguimiento telefónico y las compras que tendremos que hacer vamos a hacer muchas más horas de trabajo, y que además vamos a poner recursos propios- como el teléfono móvil- al servicio de la empresa, que encima nos va a costar dinero”, lamentan las trabajadoras.

La plantilla estudiará la situación para “tomar las decisiones oportunas ante las nuevas circunstancias, a la espera de que la empresa o el Ayuntamiento den alguna solución, porque ahora mismo estamos trabajando 60 personas de más de 100, para atender todo, la asistencia presencial y el seguimiento telefónico, y solo estamos recibiendo insinuaciones veladas sobre el futuro de nuestro empleo”, indican.

Además, las trabajadoras piden que se les haga el test del coronavirus, ya que son personal sociosanitario y de riesgo; y critican que no se haya hecho la prueba ni a las auxiliares que están en cuarentena, precisamente para evitar que puedan contagiar.

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