La defensa de Montserrat y Triana insiste en que se admitan pruebas para demostrar “la maldad por todos conocida” de Carrasco
Primer acto del juicio del caso Carrasco este martes con la vista de las cuestiones previas planteadas por la defensa de las acusadas del crimen de la presidenta de la Diputación, Montserrat González y Triana Martínez. La Audiencia Provincial de León ha acogido la sesión en medio de una importante expectación mediática en la que el abogado defensor ha pedido que se admitan pruebas sobre el acoso laboral y personal -cuyo inicio sitúa en diciembre de 2010 y vinculado a un supuesto incidente sexual ocurrido entre ambas-, y que habría realizado la asesinada presidenta del PP sobre Triana Martínez, y que habría motivado el asesinato el 12 de de mayo de 2014. Además se ha solicitado que se anulen diversas cuestiones que realizaron dos agentes de policía llegados de Burgos para resolver el caso, incluyendo la confesión de Montserrat sobre la autoría del asesinato. Al entender de la defensa la no admisión de estas cuestiones han supuesto una vulneración de la tutela judicial efectiva y provocan indefensión en las acusadas a la hora de afrontar el juicio.
En primer término se ha discutido sobre la inadmisión de pruebas documentales, no periciales, solicitadas por la defensa y que aunque inicialmente se admitieron se sacaron del caso a raíz de un recurso de la acusación de la familia de Isabel Carrasco. El abogado defensor entiende que la legislación no permite recursos ante pruebas admitidas y que se basan en documentos para probar el acoso que habría realizado Carrasco sobre Triana Martínez tras romper ambas sus relaciones en la Diputación. Ello habría supuesto que la plaza de ingeniero de Telecomunicaciones no recayera en Triana, “algo que está mal pero es sabido como funcionaba la Diputación” ha asegurado el abogado en la vista, o que ésta sufriera numerosas inspecciones de Hacienda, hechos que achacan a la mano de la asesinada.
La vista de este martes es previa al juicio y ha dirimido pruebas sobre el acoso a Triana y actuaciones policiales
Para la defensa es imprescindible la admisión de los documentos por ser vinculantes al caso y de interés en la defensa. Entre los documentos se encuentran facturas del abogado que llevó el caso de la Diputación contra Triana Martínez por presuntos cobros indebidos, y que perdió la Diputación. Otra muestra del acoso laboral sería el retraso en los pagos de una factura de la empresa Viproelco, en la que Carrasco representaba a Inmocaja y que tardó un año y medio en abonar cuando facturas de la misma época se abonaban en máximo de tres meses.
Para las anécdotas quedan frases del abogado defensor asegurando que estas pruebas demostrarían “la maldad por todos conocida” de Isabel Carrasco y su acoso a la extrabajadora de la Diputación. Asegura que no han entrado en otras cuestiones como la posible vinculación con la trama Púnica o detalles del testamento de la fallecida porque no serían asuntos de interés para el juicio por el asesinato. En su alegato la defensa de la asesina confesa y su hija también solicitó que no se les impute el delito de 'atentado' al estimar que no se la mató en su condición de político sino por sus malas relaciones personales con las acusadas.
Por su parte, la Fiscalía y las acusaciones del PP y de la hija y el novio de Isabel Carrasco rechazaron la admisión de estas pruebas al entender que sólo se pretende enjuiciar a la víctima y que son cuestiones fuera de interés para los hechos a juzgar, el asesinato de Isabel Carrasco.
La defensa de la otra acusada en el caso, la policía local Raquel Gago, avaló el argumento de admisión de las cuestiones previas asegurando no entender su rechazo y que no deben tener miedo las acusaciones y el fiscal de que haya pruebas y argumentos que ayuden a clarificar los hechos.
La actuación de los policías de Burgos, en cuestión
La segunda cuestión a dirimir son varias actuaciones vinculadas a los policías de Burgos que se desplazaron el día del asesinato para ayudar en su resolución y que la defensa de las acusadas consideran ha podido supone una vulneración de la tutela judicial efectiva.
En concreto la defensa estima irregulares las actuaciones derivadas de la confesión del asesinato por Montserrat Martínez y la localización del arma del crimen, que fue entregada por Raquel Gago treinta horas después de los hechos. Las críticas se han centrado en las “entrevistas reservadas” que mantuvieron las acusadas con la Policía sin presencia de un abogado y actuaciones como tenerlas juntas o dejar leer la declaración de la madre a Triana antes de efectuar la suya. La defensa pide la nulidad de las declaraciones al entender que estuvieron condicionadas por los policías de Burgos y que para juzgar los hechos “pruebas tienen”.
Tanto la Fiscalía como de nuevo las acusaciones rechazaron los argumentos de la petición de la defensa arguyendo que las declaraciones se efectuaron en presencia de abogado y conforme a reglamentación.
El resultado de la vista se conocerá en unos días y se espera que a continuación se fije fecha para el juicio, que podría retrasarse hasta comienzos del 2016 según algunas previsiones.
