La Junta dice que “no es admisible” reabrir la actividad el lunes sin contar con medidas de seguridad
La Junta de Castilla y León se opone radicalmente a reabrir la actividad de servicios no esenciales el próximo lunes en las actuales circunstancias, sin contar con medidas de seguridad que considera imprescindibles. “No es admisible y no es razonable”, dijo este jueves su vicepresidente, Francisco Igea, que sostiene que “los mayores de 50 años” no deberían incorporarse tras este período de especial confinamiento. Igea cree “absolutamente precipitado” hablar de desescalada, al tiempo que apuesta por una segmentación territorial y demográfica a la hora de aplicar el levantamiento de las restricciones.
“No es el momento; no estamos ni mucho menos ante un escenario en el que no haya casos nuevos”, dijo Igea, que urge al Gobierno la convocatoria del comité de expertos de las comunidades autónomas en el que él mismo representará a Castilla y León. Antes de esa cita y antes de achacar al Ejecutivo lentitud en la toma de decisiones y “desconocimiento” del territorio, el vicepresidente de la Junta ya advierte de que una relajación de las medidas de confinamiento podría producir “un nuevo rebote” que llegaría con un “sistema sanitario exhausto”, por lo que “podría ser una catástrofe”.
La Junta, que aboga por “aprender de la experiencia de otros países”, cree necesario contar con la capacidad para realizar testeos masivos (“capacidad”, apostilló, “que en estos momentos no existe”) y poder distinguir “quiénes están inmunizados”, para lo que se mostró favorable a emplear las tecnologías “del siglo XXI” como “sistemas de geolocalización” hasta informar de “quienes han estado cerca de un positivo de la necesidad de confinarse”.
Igea aboga por un levantamiento de las restricciones territorializado con el ejemplo de Miranda y Burgos
“No es sensato que todas las medidas se apliquen a la vez”, afirmó el vicepresidente de la Junta para abogar por aplicar un “levantamiento territorializado” con el ejemplo del impacto que en su día tuvieron las medidas de confinamiento en Miranda de Ebro y Burgos. En este mismo sentido, apuesta también por una segmentación demográfica: “No es razonable que 200.000 personas vuelvan a trabajar el lunes. Los mayores de 50 años no deberían volver a exponerse, ya que acumulan el 98% de la mortalidad”.
Igea, que se pronunció en estos términos al tiempo que en el Congreso de los Diputados se debatía la prórroga del estado de alarma, también a plazos y circunstancias de esa desescalada. “No se puede abordar el desconfinamiento hasta hacer acopio de material para al menos ocho semanas”, dijo para ser favorable a abordar este tipo de medidas una vez pasado tiempo sin la detección de casos nuevos.
Además avanzó que se ha dado la orden de que se elaboren mapas por zonas de salud con incrementos para detectar brotes nuevos, que se hagan controles “estrictos” en carreteras y medios de transporte para no repetir “errores”. También consideró que no se debería reabrir la actividad si no se ha testeado a todos las personas sospechas y se facilitan equipos de protección.
En el escenario de la 'desescalada', Igea defendió que no autorice hasta que no se tenga material acumulado para ocho semanas y, al menos, una después de que no se hayan tenido nuevos casos en la provincia. También planteó que no se reabran los colegios hasta que pasen dos semanas sin nuevos positivos y que se mantengan los régimenes de visitas a los centros sociosanitarios y residenciales.
El vicepresidente propone 'testeos' masivos y defiende el carné de inmunidad
El vicepresidente y portavoz expuso como propuestas la necesidad de hacer 'testeos' masivos antes de reducir las limitaciones impuestas, lo que requiere una capacidad que en su opinión “no existe” en este momento. También pidió distinguir a los grupos inmunizados ya mediante la expedición de carnés, como ha anunciado la Junta.
Igea defendió esta medida y ante las acusaciones de que sea una “ocurrencia”, señaló que al menos es “antigua”, como los carnés de vacunación. También recordó que otros países como Singapur o Alemania los han implantado, por lo que defendió que España lo haga para permitir la movilidad de estos grupos de personas, libres de la enfermedad.
