Padres de participantes en una fiesta ilegal en Sanabria piden que sus hijos multados presten servicios sociales
Los padres de algunos de los jóvenes que participaron del 7 al 9 del pasado mes de agosto en una fiesta ilegal en Vime de Sanabria, en el municipio de Palacios de Sanabria (Zamora) propusieron a la Junta de Castilla y León que, además de pagar la correspondiente multa impuesta a cada uno, sus hijos realicen algún servicio social a beneficio de la comunidad.
“Algunos han llamado para preguntar si sus hijos pueden hace algún tipo de trabajo social por el cabreo y el disgusto que ha generado a sus padres saber que su hijo puso en riesgo la salud pública de los ciudadanos y los vecinos de ese municipio”, explicó la delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián. “Todas esas sanciones se han tramitado y algunas de ellas ya se han pagado”, apuntó.
Como resultado de aquella fiesta, 91 personas recibieron sendas sanciones de 3.001 euros cada una y sobre el organizador recayó una multa de 126.000 euros, con un total acumulado de 399.091 euros. “No hay que tomárselo a broma. Lo que está sucediendo en esta provincia es muy preocupante y, salvo que adoptemos nuestras propias medidas de seguridad individual y que sepamos que de lo que hagamos nosotros depende la evolución de la pandemia, difícilmente vamos a salir rápido de ella”, recalcó San Damián. “El colapso hospitalario está ahí, amenazándonos. Estamos en el límite y, como no seamos generosos con los demás, esto va a ser muy difícil”, advirtió.
Hasta el momento, la Junta de Castilla y León ha tramitado 1.650 denuncias por incumplir la normativa contra la pandemia, 1.271 de las cuales fueron puestas por la Guardia Civil, mientras que la Policía Nacional interpuso 208; la Policía Local, 157; el Servicio Territorial de Sanidad, 13, y el Servicio Territorial de Cultura, una.
De todas ellas, a la Junta le correspondió la instrucción y tramitación de 225, mientras que el resto fueron competencia de los ayuntamientos, si bien, cuando son de menos de 20.000 habitantes -todos menos la capital-, suelen recurrir a la Diputación Provincial de Zamora. “Además de incumplir las normas sanitarias, los ciudadanos deben saber que pueden sancionarse y que tramitamos todas las denuncias”, insistió la delegada.
“Los zamoranos deben saber que las sanciones por incumplir las normas sanitarias suponen importantes cuantías. Por no usar la mascarilla o no usarla bien, 100 euros; 600, cuando la hostelería no cumple los horarios de cierra; 3.000, por incumplir los aforos, y de 6.000 a 9.000 cuando hablamos de medidas de higiene, distanciamiento y ventilación de locales”, enumeró.
Por último, la delegada territorial hizo hincapié en las “dificultades” por la que están pasando los hosteleros, obligados a cerrar durante estas semanas. “Por su sacrificio, los demás deberíamos ser responsables para que no aumente el número de positivos, que pone en riesgo el número de camas hospitalarias y podamos volver a abrir la hostelería lo antes posible”, indicó.
