'El Patatero' intentó cambiar en 2014 la gestión de multas de la Policía Local del Ayuntamiento de León
Hay muchas formas de conseguir contratos en la Administración Pública, y una de ellas es ofrecer supuestamente gratis servicios para ir conociendo a los técnicos de un área y familiarizarse con las herramientas que trabajan para poder 'mejorarlas' copiando sus características. Este camino intentó en el Ayuntamiento de León Angel Luis García Martín, 'el Patatero' de Astorga, en agosto de 2014 al firmar con el entonces alcalde del PP, Emilio Gutiérrez, un convenio para “desarrollar una aplicación informática de gestión” para la Policía Local. Pero le salió el tiro, nunca mejor dicho, por la culata.
El acuerdo en cuestión, firmado por el propio 'Patatero' —uno de los detenidos y encarcelados en la Operación Enredadera contra la corrupción en la contratación pública—, al que ha tenido acceso iLEÓN, se titula “Convenio de colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de León y la Empresa 'Integración de Servicios Administrativos, S.L., para el desarrollo de una aplicación integral para la Gestión Operativa de Servicio del Cuerpo de la Policía Local” y se rubricó el 1 de agosto de 2014. Esta empresa es una de las que investigan los juzgados como presunta beneficiaria de contratos públicos irregulares.
La empresa de Angel Luis García Martín ofrecía sin coste alguno desarrollar gracias a la colaboración de la Policía Local una aplicación para tabletas que permitiera, entre otras cosas, gestionar multas, realizar denuncias de tráfico y cobrar tasas de la grúa en la misma calle. Y además permitiría el acceso en movimiento a bases de datos de información ciudadana de carácter turístico-cultural y administrativo y también las policiales (referentes a tráfico, delincuencia, vehículos con orden de precinto, animales de compañía, terrazas y licencias de actividad entre otras).
Todo ello de forma telemática; es decir, que los agentes pudieran usarlo a distancia. El convenio se debía ejecutar “en el espacio de un año”.
Como contrapartida, los informáticos de Angel Luis García Martín ofrecían la cesión de dos dispositivos portátiles (las tabletas) y la instalación de un servidor en las instalaciones de la Policía Local y, una vez terminado el desarrollo de la herramienta informática, regalar una licencia al Ayuntamiento de León con dos años gratis de mantenimiento.
Esto hubiera supuesto, de haberse terminado con la satisfacción de ambas partes, que en 2017 las cuentas municipales tuvieran que pagar por el mantenimiento y las demás licencias de uso de las decenas de tabletas que se hubieran requerido por los agentes. Una ya considerable cantidad de dinero todos los años. Aparte de la integración del programa Gespol (el que vendían algunas empresas del empresario detenido en la Operación Enredadera de anticorrupción) en el día a día de la gestión policial municipal; el verdadero objetivo del empresario detenido en 'Enredadera'.
Pero la cosa no salió como esperaba 'El Patatero' de Astorga. Pese a que sí se instaló el servidor y se cedieron las tabletas para las pruebas de calle, pronto los responsables municipales comenzaron a darse cuenta del 'truco' que escondían tan buenas condiciones e intenciones. Aparte de que la aplicación prometida no se acercaba “ni de lejos a las expectativas iniciales”, la entrada de los técnicos informáticos de la empresa 'Integración de Servicios Administrativos' en las aplicaciones policiales les permitía conseguir información sobre cómo funcionaba el sistema de gestión que estaba usando entonces (y sigue usando) la Policía Local de León, Eurocop.
Y, para colmo —aunque una parte de la aplicación prometida, la de gestión de multas, sí parecía funcionar medianamente—, lo demás, según fuentes del Ayuntamiento “no cumplía con los requisitos mínimos”. Por ejemplo: se pretendía que las tabletas enviaran fotografías de forma directa a los servicios administrativos del Ayuntamiento de León (en circunstancias de la calle) y lo que se podía hacer ya entonces con el WhatsApp instalado en el móvil, no se podía realizar en condiciones con lo 'desarrollado'.
“Por ello se desestimó el convenio, y porque, además, el Ayuntamiento de León no está para gastar más dinero cuando tiene una aplicación que sí funciona y resulta más barata y además se le pueden incluir más módulos si se quiere pero sus funciones básicas cumplen perfectamente su función y los agentes ya se han acostumbrado a usarla”, explican técnicos municipales sobre aquella fallida 'colaboración'.
El programa Eurocop mejor que Gespol y más barato
La intención del empresario astorgano era entrar 'de buenas' en el Ayuntamiento para mostrar las características de la aplicación Gespol, cuya introducción en los diversos ayuntamientos que se han investigado en la Operación Enredadera está bajo sospecha. Pero también buscaba colarse 'por la puerta de atrás' para conseguir información sobre las funcionalidades del programa Eurocop que usaba el Ayuntamiento de León y la mayoría de los de Castilla y León, puesto que estuvo subvencionado por la Junta para que resultara más barata su implantación en los municipios de la autonomía.
Así, todo se le dio la vuelta cuando comenzaron a verse “prácticas que no gustaban” respecto al trabajo de los informáticos del 'Patatero'. Tanto que en diciembre de 2014, en el informe final sobre su propuesta en concurso del contrato del 'Servicio de Gestión de un Sistema de Control y Disciplina del Tráfico en la Ciudad de León', una de las empresas con las que contrataba la integración del programa Gespol salió tan mal parada que quedó en último lugar. Concretamente Bilbomatica, la dueña de Aplicaciones Gespol que luego vendió a Valoriza (Sacyr) en 2016 —con la que tenía una estrecha colaboración entonces el empresario astorgano ya que vendía su producto—, y que se presentaba junto a otras dos; una de ellas investigada en Cataluña a primeros de 2017 por amaños en contratos públicos.
Este contrato para un sistema de control de tráfico requería el suministro de un cinemómetro de control de velocidad para dos carriles, dos controles “de respeto del semáforo rojo” (los conocidos como foto-rojo) para dos carriles, cuatro dispositivos de control de velocidad preventiva (que no multarían, pero son los que avisan de la velocidad que llevan los coches) y una plataforma de gestión integral con, entre otras muchas características, un sistema OCR para identificar las matrículas y un sistema de verificación y validación de las infracciones con certificación digital.
Pues al valorar la propuesta de la empresa 'aliada' del empresario ahora encarcelado , el informe de la Policía Local la dejó en último lugar, con críticas tales como que “el gestor de servicios policiales denominado Gespol tiene utilidades no requeridas en el Pliego de Condiciones Técnicas y sin que aporte beneficios adicionales ya que el Cuerpo de la Policía Local ya posee un gestor de servicios de características equiparables”.
Añadiendo en otro punto, además, que en la extensísima propuesta presentada por el grupo de empresas con la que se presentaba Bilbomática “existe algún tipo de confusión al entender que el presente contrato de servicios tiene alguna conexión con uno de suministros, no solo por hacer referencia frecuente a éste término, sino porque en este apartado se hace referencia que el compromiso de mantenimiento exceptúa el mal uso de terceros o personal no autorizado, o actos de vandalismo”.
“Lo mismo se repite respecto a la reparación del sistema de control de rojo”, termina el informe fechado el 12 de diciembre de 2014.
Se da la circunstancia de que el concurso para contratar este servicio —que al final terminó ganando la empresa Telvent— se inició en 2013, pero fue impugnado por una de las empresas licitantes. Por eso el proceso se alargó hasta tres meses después de firmar el convenio el Ayuntamiento de León con el empresario astorgano. Así, la escasa compatibilidad de lo prometido en la aplicación de las tabletas de calle basadas en la aplicación informática Gespol —cuya empresa Bilbomatica era con la que estaba fuertemente aliada 'El Patatero' de Astorga—, pesó notablemente en su ínfima valoración final en el contrato más importante.
Cuarenta intentos y cuatro años hasta el primer contrato
El caso es que después del fiasco del convenio de las tabletas, 'El Patatero' siguió intentando conseguir un contrato municipal presentándose “entre cuarenta y cincuenta veces” a licitaciones de servicios y proyectos con sus varias empresas que se investigaron en el registro del Ayuntamiento de León: la ya indicada Integración de Servicios Administrativos, y Utebo Servicios de Gestión, Arco Capital Fund, Anento Servicios de Gestión y Agema Ingeniería y Servicios.
Precisamente con esta última, Agema, (nótese que es un acrónimo de Ángel García Martín) conseguiría su primer contrato en el Ayuntamiento de León, según una investigación de iLEÓN en el listado de adjudicaciones desde 2011 a 2018 confirmando lo que afirmaban ya fuentes municipales, en la remodelación del Skate ParK del Paseo de Papalaguinda. A la que se le añadieron a la zona equipos de Calistenia (una práctica deportiva que usa el peso de la propia persona que lo practica para conseguir resultados gimnásticos) y se renovaron los ya existentes de Eras de Renueva.
La obra estaba valorada en 20.000 euros de salida y se presentaron cuatro empresas. Agema se llevó el lote con una propuesta de 18.418,88 euros. Un 8,5% de rebaja y la más barata: unos mil euros menos que la propuesta más cara planteada, de 19.400 euros. El empresario astorgano habría conseguido cobrar legalmente en el Ayuntamiento de León el 15 de diciembre de 2017, cuando se aprobó este contrato menor por la Junta de Gobierno Local; como muestra el acta certificada de la Secretaria, Carmen Jaén.
El registro policial de la Operación Enredadera en el Ayuntamiento de León buscó durante más de 15 horas documentación referida a las empresas de Angel Luis García Martín y además de otras de José Luis Ulibarri en las dependencias municipales, donde se llegaron a precintar algunos despachos.
Los dos empresarios siguen en prisión tras ser detenidos el pasado martes y ser puestos a disposición judicial en Badalona. Donde fueron trasladados para prestar declaración en el Juzgado número 2 de instrucción de la localidad catalana, que ordenó la operación que se ha saldado también con 43 ayuntamientos registrados o con peticiones de información y 31 personas investigadas sólo en la causa principal, 22 de ellas en total procedentes de la provincia de León.
