Contratos con interés político en la estación de San Isidro, la perdición de Martínez Barazón
Es un párrafo de apenas ocho líneas. Pero marca el final de la carrera política del sucesor de Isabel Carrasco al frente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. El final más duro e inesperado, ya que es un final en una celda de la cárcel de Soto del Real, de la que no saldrá en mucho tiempo.
En ese espacio de ocho líneas del auto despacha el juez Velasco los motivos de la imputación del también alcalde del Ayuntamiento de Cuadros. Por de pronto, le achaca los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de fluencia, cohecho y fraude. Pero tantos y tan graves delitos, ¿por qué?
El magistrado, después del interrogatorio al que le sumetió esta mañana, considera que hay indicios suficientes para centrar muy claramente en la estación de esquí de San Isidro todo el meollo. El auto que ordena su encarclamiento fulminante e incomunicado corroborar que la finalidad de Martínez Marazón para contratar de manera directa con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro Llorca, fundador de EICO, 'conseguidor' y figura clave de la trama de corrupción nacional, era doble.
Por un lado, adjudicando a cambio de esos contratos, De Pedro Llorca haría “uso de su red de influencias entre los altos cargos del Partido Popular para continuar como presidente de la Diputación de León”. Cabe recordar también que, como publicó iLeon, Marcos Martínez había conseguido que esta misma semana el comité directivo del PP leonés le fuera a nombrar candidato a la Presidencia del partido en la provincia, es decir, el mismo cargo que compaginó con la Diputación su antecesora y valedora principal, Isabel Carrasco.
Pero además de buscar esas influencias para perpetuarse lo más posible en el poder, el propio presidente “tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias en los concursos”, de modo que se presupone que además cosecharía algún tipo de beneficio de carácter económico de esos concursos que, como ha sido muy habitual bajo su mandato y el de Carrasco, no eran de licitación abierta sino por invitación. Es decir, que se proponía sólo a determinadas compañías muy determinadas a presentar oferta para adjudicar después de manera opaca y en desigualdad de condiciones.
