El Consejo de Ministros aprueba declarar la “incompetencia” de la Junta si vulnera la Ley del Aborto
El Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquier actuación que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010), o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior, según la información a la que tuvo acceso Ical.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León, según aclara el Gobierno, se refiere a cualesquier actuación, incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica sobre el aborto y el Real Decreto que lo desarrolla. De esta forma, indican desde La Moncloa, la Junta tiene un plazo de un mes para contestar.
De este modo, se recrudece la polémica por las medidas anunciadas por Vox como socios del PP en el Gobierno de Castilla y León, en el sentido de convertir en obligatoria para las mujeres que deseen abortar una atención psicosocial preferente y ecografías 4D, así como la escucha del latido fetal, obligando también a aplicar este nuevo protocolo a los médicos. En esa obligatoriedad insiste el vicepresidente Juan García-Gallardo mientras el presidente Alfonso Mañueco lo niega.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, explicó este martes que el Gobierno inicia con el nuevo requerimiento a la Junta una vía ante el Tribunal Constitucional para frenar cualquier retroceso en los derechos y libertades de las mujeres, para lo que el Consejo de Ministros adoptará un acuerdo de incompetencia del Ejecutivo autonómico, al que deberá responder en un mes.
Bolaños, que acudió a un desayuno informativo para presentar al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó que se trata de una nueva vía, ante el Constitucional, al margen de la iniciada en la jurisdiccional con el primer requerimiento de este domingo, al que explicó la Junta de Castilla y León no ha respondido todavía.
“Desde el Gobierno estamos trabajando todas las opciones posibles”, afirmó el ministro de Presidencia quien añadió: “No vamos a permitir ni un solo retroceso en derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España”. Para ello, Bolaños señaló que desde el Ejecutivo central están trabajando en “distintas líneas de actuación”.
De esta forma, Félix Bolaños informó de que el Consejo de Ministros aprobará un nuevo requerimiento para que la Junta cese de forma inmediata en aplicar cualquier retroceso en los derechos de las mujeres, porque manifestó que el Ejecutivo autonómico se está extralimitando en sus competencias a juicio del Gobierno.
Por tanto, el Gobierno asegura que da un nuevo paso con el que la Junta tendrá que responder en un mes y avisa de que si no recibe “cumplida respuesta y satisfactoria” procederá a iniciar acciones ante el Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres. “Es lamentable” y, pero “normal y habitual” que la “ultraderecha” pretenda que las mujeres retrocedan 50 años, pero señaló que es “menos normal” que el líder oposición “enmudezca”. “El Gobierno estará ahí para defender los derechos de las mujeres”, apostilló.
Finalmente, Bolaños remarcó que se abre una vía nueva, en el ámbito de las competencias de la Comunidad, y avisó de que el Gobierno tomará todas las medidas legales que tenga que adoptar al respecto.
La Fiscalía como posible destino
Por su parte, la asociación El Defensor del Paciente envió una carta al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que le solicita el protocolo que se aplicará en la Comunidad para la interrupción del embarazo, con el fin de facilitarlo a las mujeres, y advierte de que lo llevará a la Fiscalía si detecta que incumple la ley.
En el escrito, este colectivo recordó todos los ciudadanos, “sin excepción”, están obligados a cumplir la ley que haya sido aprobada por el poder legislativo.
“Nos llama la atención, que no se trabaje para paliar la grave situación de la sanidad, que no se inspeccionen las residencias de ancianos, que no se den las ayudas a la dependencia, sin que los discapacitados se mueran esperándola y dediquen su tiempo a eliminar derechos”, añadieron.
