Los ciudadanos podrán participar a través de la web de las Cortes en las iniciativas de los grupos parlamentarios

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, anunció este jueves que la institución trabaja en la puesta en marcha de una herramienta, a través de la página web de la institución, que facilite la participación ciudadana en las iniciativas que formulen los propios procuradores mediante el traslado de ideas. Además, propuso a los grupos parlamentarios que incluyan en una futura reforma del reglamento un modelo para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho de petición reformulada“. Algo similar, dijo, al ejemplo británico, en el que una determinación es debatida si cuenta con el respaldo de firmas suficiente.

Una fórmula a la que sumó el manual que sirve para facilitar a todos los municipios de la Comunidad la presentación de iniciativas legislativas populares con el objetivo de hacer partícipes a las corporaciones locales de la actividad parlamentaria. De este modo, confió en elevar para el próximo ejercicio el porcentaje de rendición de cuentas de las entidades locales, que en 2015 se ha situado en el 66 por ciento, tras el plazo cerrado el pasado lunes.

Clemente realizó este anuncio durante la inauguración de la jornada 'Las Instituciones Propias como garantía de calidad democrática', que albergó hoy las Cortes ante 220 personas, en las que animó a la sociedad civil castellana y leonesa a acercarse y utilizar los recursos que ofrecen las instituciones propias de la Comunidad: Procurador del Común, Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo y de Cuentas, “garantes de calidad democrática, participación ciudadana y transparencia”.

La presidenta de las Cortes, quien agradeció la participación de todos los ponentes, destacó la importancia que tienen las administraciones locales en una comunidad en la que el 49 por ciento de su población vive en municipios menores de 20.000 habitantes y que aglutina el 21 por ciento de los municipios rurales de toda España. De hecho, explicó que el 88 por ciento de ellos cuenta con menos de un millar de personas.

Igualmente, recordó que España, tal y como establece la Constitución Española de 1978, es un Estado social y democrático de Derecho y aseguró que ello supone que existe una serie de instituciones y mecanismos que garantizan que las decisiones que toman las administraciones cumplen la legalidad y que los ciudadanos ejercen sus derechos y libertades, y cumplen con sus obligaciones.

Los ciudadanos, como explicó la presidenta, deben percibir la democracia no sólo en términos cuantitativos sino cualitativos, pudiendo acceder en sus relaciones con las administraciones públicas a servicios transparentes y que solucionen sus problemas. Además, en los últimos años, los ciudadanos “reclaman estar más presentes en las decisiones que les afectan, y lo que es más importante, quieren saber cuál es el cauce a través del cual se toman esas decisiones”. “Existe una desafección o brecha entre la clase política y los ciudadanos”, reconoció.

En esa labor de control, de aportar mayor transparencia y de participación se enmarca el trabajo que realizan las instituciones propias y que, según Clemente, defienden las garantías de los derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos, ya que “no se pueden dejar todas al ámbito de la justicia, por lo que son necesarias para contribuir a garantizar los derechos e intereses legítimos de los castellanos y leoneses”. “Hoy es más necesario que nunca el papel que juegan las instituciones propias como garantes de calidad democrática, participación ciudadana y transparencia, ejes fundamentales en los que debe articularse la actividad política y administrativa de las administraciones”, apuntó.

Por ese motivo, animó a la sociedad civil castellana y leonesa a acercarse y utilizar los recursos que ofrecen las instituciones propias de la Comunidad. “Es destacable el trabajo eficaz y casi siempre callado que desempeñan y que redunda tanto en el servicio que prestan las administraciones como en los derechos de los castellanos y leoneses”, señaló.

Ponentes de prestigio para el debate

Al encuentro celebrado en las Cortes, el primero de este ámbito, asistieron personas de diferentes ámbitos, de otras instituciones de toda la Comunidad –presidentes de diputaciones provinciales, alcaldes, agentes sociales y económicos, colegios profesionales, asociaciones de utilidad pública de Castilla y León y empresarios. Una jornada relevante por la temática y en especial por la presencia de destacados ponentes a nivel nacional de estas instituciones.

El primero en intervenir, tras la inauguración, fue el presidente del Tribunal de Cuentas de España, Ramón Álvarez de Miranda, quien analizó la función de los órganos de control externo, entre ellos la institución que preside. Posteriormente participó el presidente del Consejo Económico y Social de España, Marcos Peña Pinto, quien habló sobre el diálogo y la participación a través de la institución que preside.

Tras esta conferencia, intervino el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueno, quien disertó sobre la función consultiva en el Estado de las Autonomías. La última conferencia corrió a cargo del defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, quien abordó las funciones de los defensores del pueblo de las diversas Comunidades como servicio público.

Las instituciones propias de Castilla y León

El Consejo Consultivo, creado en el año 2002, es el órgano encargado, mediante la emisión de dictámenes, de asesorar que las medidas que toman las administraciones se ajustan al ordenamiento jurídico. El Consultivo acoge, con sus propios recursos, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el órgano encargado de resolver los recursos que se interpongan en los procedimientos de contratación de los poderes adjudicadores del Sector Público de Castilla y León. Con la creación del Tribunal se garantiza que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas y resultas de una manera eficaz y rápida. Todas las comunidades, excepto Cantabria, han creado sus órganos consultivos.

El Consejo de Cuentas, creado también 2002, es la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad. Este órgano tiene encomendada la misión de control externo del gasto y de la gestión económico-financiera que ejecuta en la Comunidad toda la administración local y autonómica, con el objetivo de analizar y evaluar la adecuada utilización de los fondos públicos. En concreto su ámbito de actuación fiscalizadora alcanza los 14.000 millones de euros.

Por su parte, el Consejo Económico y Social, nacido en 1990, surge para el cumplimiento de la función constitucional de facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, social y cultural de la Comunidad. Este órgano emite con carácter previo y preceptivo informe sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de decretos relacionados con la política socioeconómica y formula propuestas y recomendaciones a las instituciones básicas de la Comunidad sobre temas económicos y sociales. El CES de Castilla y León fue pionero en España creándose antes que el del país.

Por último, el Procurador del Común se creó en 1994 para proteger y defender los derechos y principios reconocidos en el Estatuto frente a la Administración de la Comunidad y la de sus entes locales. Además, desde el pasado año es el Comisionado de la Transparencia, encargado de resolver las reclamaciones de los ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.