Ciudadanos pacta con Gobierno aprobar la prórroga del estado de alarma con algunos compromisos

El Gobierno llegó in extremis ayer martes a un acuerdo con Ciudadanos para que la formación liberal apoye hoy en el Congreso la prórroga del estado de alarma hasta el 23 de mayo que ha solicitado y a la que el PP se ha opuesto, generando un tenso debate político.

Así lo comunicaron fuentes de Ciudadanos, que explicaron que ambas partes “han alcanzado un acuerdo por el que manifiestan la conveniencia de prolongar el actual estado de alarma para lograr vencer a la pandemia del coronavirus, así como para mantener las medidas de protección a los españoles en los ámbitos sanitario, económico y social”.

Según la formación de Inés Arrimadas, con este acuerdo se estudiará la adaptación los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las ayudas más allá del estado de alarma. Además, el Gobierno contactará semanalmente con Ciudadanos para intentar acordar un plan de desconfinamiento “real, consensuado y sensato” y trabajarán en la “planificación coordinada de una salida del estado de alarma que permita mantener la protección en los ámbitos sanitario, económico y social a los españoles” más allá de lo que dure la alarma.

Además, ambas formaciones coincidieron en que “el estado de alarma es un mecanismo constitucional que debe prolongarse sólo por el tiempo estrictamente necesario”, por lo que ese aspecto se tendrá en cuenta a la hora de adoptar las próximas medidas.

De esta manera, el Gobierno tendría asegurados 171 votos afirmativos, a cinco de la mayoría absoluta (PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País, Compromís, Teruel Existe y PRC). Además, esta mañana se ha concretado que finalmente los seis votos del PNV no serán negativos ante la prórroga del estado de alarma, por lo que quedará aprobada por mayoría absoluta. No obstante, para sacar adelante la medida solamente se necesita mayoría simple.

Además del partido vasco, quedan por definir el sentido de su voto los 88 diputados del PP y los dos de Navarra Suma. Por el contrario, el Ejecutivo ya cuenta con los 76 votos negativos de Vox, ERC, Junts, CUP y Foro Asturias y con la abstención de Bildu, BNG y Coalición Canaria.

Ingreso Mínimo Vital ya

Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estimó ayer que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuando lleve un año de funcionamiento supondrá un coste en torno a los 3.000 millones de euros. En rueda de prensa, reiteró que se pondrá en marcha en mayo y que comenzará a pagarse al mes siguiente, en junio. Según señaló, se está diseñando un mecanismo multicanal para solicitar la prestación, a fin de llegar al mayor número de personas vulnerables posible.

También destacó que además de la Seguridad Social, se pondrán en marcha “otros canales” complementarios para facilitar su acceso. Y agregó que será complementario y subsidiario a las rentas de inserción que ya existen en las comunidades autónomas, como en Castilla y León.

Respecto a la demanda de los sindicatos de establecer una renta básica de carácter universal, el ministro quiso dejar claro que el Ingreso Mínimo Vital en el que trabaja el Gobierno es algo “muy distinto”. Afirmó que “una renta básica supone una nueva reconfiguración del Estado del Bienestar, en la que de momento ningún país ha entrado”.

“La prestación en la que nosotros trabajamos consiste en completar las rentas que perciben los hogares más vulnerables” hasta llegar a un mínimo y sostuvo que se trata de una medida “muy exitosa” en términos de reducción de la pobreza. En este sentido, Escrivá precisó que se dirige a las familias más que a las personas particulares y de hecho tendrá muy en cuenta las distintas tipologías de hogares que existen.

Apuntó que las cuantías variarán en función del número de menores que habiten en la unidad familiar y que habrá un complemento especial para las familias monoparentales.

En el Senado, Escrivá señaló que el 20% de los hogares más pobres de España -aquellos en situación de pobreza extrema- se beneficiarán de estas ayudas, que pueden llegar a cubrir hasta el 40 por ciento siguiente en la mediana. Hasta el 50 por ciento de los hogares con niños podrían asimismo acceder al futuro Ingreso Mínimo.

Preguntado sobre la conveniencia de que esta prestación sea permanente, el ministro se refirió a las críticas de distintos organismos como el Consejo de Europa y Naciones Unidas sobre la elevada desigualdad que existe en España. “Nuestras políticas públicas son de las menos eficientes de la UE en cuanto a redistribución de la renta y así nos lo han hecho saber”, declaró.