A Castilla y León le van poco los tribunales con jurado popular
Castilla y León es una de las comunidades donde menos procedimientos judiciales se tramitan con jurados populares, figura reintroducida en el ordenamiento jurídico español hace ahora veinte años. Así, mientras en los tribunales de la región la tasa de asuntos ingresados por la Ley del Jurado es de 18,7 casos por cada 100.000 habitantes, en el conjunto de España baja a 23,5.
Según un informe del Consejo General del Poder Judicial en que se han tenido en cuenta todos los asuntos ingresado en estos veinte años, siete comunidades autónomas superan esa media, destacando las de Canarias (32,7) y Galicia (31,9). Les siguen Asturias (27,3), Cataluña (26) y Baleares (25,9). Por debajo de Castilla y León se sitúan Aragón (14,8), Extremadura (15,1) y el País Vasco (17,4).
El estudio recoge que las sentencias del Tribunal del Jurado han sido condenatorias en un 89,2 por ciento de los casos. Este porcentaje, que en el caso de Castilla y León es del 87,3 por ciento, se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, ya que desde 1998 no ha bajado del 86 por ciento ni subido del 91,6 por ciento. En la Comunidad se han dictado 325 sentencias con jurado, de las 275 fueron condenatorias, mientras que en el conjunto de España han sido 6.171, con 664 absolutorias.
En España, el Tribunal del Jurado se compone de nueve ciudadanos legos en Derecho que emiten el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, mientras que el juez profesional que lo preside es quien dicta la sentencia. Para emitir un veredicto de culpabilidad son necesarios al menos siete de los nueve votos del jurado, mientras que para el de no culpabilidad solo hacen falta cinco.
A nivel nacional, desde 1996 y hasta 2014 han tenido entrada en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción –y desde 2005 también en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer- un total de 10.407 procedimientos de Ley de Jurado, de los que 470 corresponden a Castilla y León.
Solo en los primeros tres años de vigencia de la Ley -1996, 1997 y 1998- se dio un aumento de este tipo de procedimientos en el conjunto de España -531 el primer año, 710 el segundo y 785 el tercero-, que a partir de 1999 experimentaron un importante descenso hasta llegar a los 364 tramitados el año pasado.
