Castilla y León estrena su Unidad de Dolor Infantil para responder a un problema hasta ahora ignorado
Ofrecer terapias específicas y un abordaje multidisciplinar para tratar el dolor de los más pequeños. Con este reto y el punto de mira puesto en configurar un modelo para la Comunidad nace la Unidad de Dolor Infantil de Castilla y León, una prestación con la que la Consejería de Sanidad quiere responder a un desafío propio y de buena parte de España, donde el dolor infantil sigue siendo ignorado. De hecho, sólo existen unidades específicas en los grandes hospitales pediátricos y las que hay en centros generalistas se cuentan con los dedos de una mano, son más bien “nada frecuentes, raras o inexistentes”.
Así lo explica a Ical Enrique Ortega, el responsable de la Unidad del Dolor de Valladolid que nace de la alianza entre los hospitales Clínico Universitario y Universitario Río Hortega, y en cuyo seno reside la Unidad de Dolor Infantil de Castilla y León, referencia para las nueve provincias.
El servicio, que ha comenzado ya a recibir a sus primeros pacientes, se caracteriza por estar integrado por un equipo multidisciplinar. Cuenta con un neuropediatra, un anestesista, tres enfermeras y una rehabilitadora especializada en niños, y está a la espera de sumar un psicólogo, ya que buena parte de estos pacientes padecen dolor psicosomático, es decir, un malestar que llega derivado de situaciones de estrés, depresión o emociones intensas. Además, la voluntad es que se sumen nuevos especialistas en función de la patología que se aborde.
El equipo lo integran profesionales de los dos hospitales que llevan tiempo preparándose en unidades especializadas y con experiencia para embarcarse en esta aventura que ha tomado como patrón el de los hospitales pediátricos de Madrid, pero que con el tiempo dibujará el suyo en función de las características de la población de la Comunidad. En principio, se centrará en el dolor neuropático en niños; el miosfacial, que puede ser la causa de múltiples dolores; y patología reumática.
A falta de datos oficiales de incidencia, la consulta arranca porque existe demanda asistencial. “La población de niños con dolor crónico no es mucha, pero tiene el mismo derecho que el resto. Esperamos demanda asistencial, si no, no se hubiera planteado la unidad”, explica Ortega, que destaca que gracias a la alianza la unidad también colaborará en la atención a la espasticidad infantil, una intervención que venían realizando los dos hospitales y que afecta a niños con lesiones de médula espinal, encefalopatías y parálisis cerebral, principalmente.
Deuda pendiente
La unidad es la respuesta a una deuda nacional. “Las estructuras de dolor infantil no están desarrolladas en prácticamente ninguna comunidad”, indica Ortega. La de Castilla y León es una de las primeras reacciones a “una demanda que el Ministerio está fijando de manera prioritaria”. De hecho, la Estrategia nacional para mejorar el abordaje del dolor en el Sistema Nacional de Salud (SNS) considera la infancia como un grupo que precisa tratamientos propios por su especial vulnerabilidad. Se trata de una población sobre la que no existen datos de prevalencia e impacto del dolor; es complicado utilizar las escalas del dolor habituales y valorar la intensidad por la corta edad, y la eficacia de los fármacos es diferente entre este colectivo y adultos.
Estrategia autonómica
La Unidad del Dolor Infantil se enmarca dentro del reto de la Consejería de Sanidad de abordar el dolor de forma integral, multidisciplinar y homogénea en Castilla y León, para lo que diseña ya una estrategia autonómica que se asentará en la creación de redes y anillos entre hospitales y niveles asistenciales, potenciará la participación de los profesionales y permitirá innovar e investigar sobre el dolor y su abordaje.
Con esta hoja de ruta, la Gerencia Regional de Salud quiere avanzar en la atención y en la prevención de un problema que afecta al 20 por ciento de la población autonómica, a más de 450.000 personas, y que cada año genera tres millones de consultas en las agendas de los médicos de familia, con un impacto económico de 27 millones de euros en analgésicos a través de receta. Tal es su incidencia, frecuencia y repercusión social que está considerado como un problema de salud pública de calado, hasta el punto de que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a incluirlo entre las prioridades políticas.
