Cacabelos destinará más de 250.000 euros a revertir obras de ampliación del cementerio municipal
El Ayuntamiento de Cacabelos deberá destinar más de 250.000 euros a revertir los trabajos de ampliación del cementerio municipal, después de que una “sentencia demoledora” del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) echase atrás el procedimiento administrativo asociado a los trabajos y los acuerdos plenarios de la sesión celebrada el 5 de septiembre de 2013. El alcalde, Sergio Álvarez, exigió hoy la dimisión del portavoz del PP y exalcalde, Adolfo Canedo, así como la del resto de concejales 'populares'. Además, Álvarez reclamó a los concejales del PP que asuman su responsabilidad y que abonen el coste de la sentencia de su bolsillo.
En ese sentido, el regidor criticó el “comportamiento megalómano” de su predecesor en el cargo. “Se creía omnipotente mientras gobernó”, aseguró en referencia a Canedo, del que dijo que “no le importa Cacabelos ni su gente”. En esa línea, destacó el “grave perjuicio económico” que la sentencia supone para las arcas municipales y se preguntó por las “verdaderas razones para imponer la obra”. “Ya estoy harto, seguimos pagando dos años después de que haya dejado el cargo”, remachó Álvarez.
La sentencia del TSJ tiene su origen en la demanda de dos particulares a los que las obras expropiaron más terrenos de los marcados por la expropiación forzosa, en concreto una superfície de 173 metros cuadrados más de los que se pagaron, por una parcela con unas dimensiones superiores a los 800 metros cuadrados. Según explicó hoy el actual equipo de Gobierno de Cacabelos, para pagar por todo lo que se expropió habría bastado con 3.700 euros.
Sin embargo, el auto, cuya ejecución es forzosa, obliga a dejar la parcela afectada en las condiciones previas a las existentes antes de las obras. Ello llevará un coste asociado de más de 50.000 euros, que se invertirán en levantar el hormigón de la parcela, construir de nuevo el muro de piedra y plantar los árboles existentes antes de la puesta en marcha de los trabajos.
A ello, se sumarán los 200.000 euros invertidos en unos trabajos que ahora deben echarse atrás, algo que Álvarez calificó de “acto chapucero”. “Esos gastos nos imposibilitan en gran medida para poner en marcha proyectos de desarrollo para el municipio”, lamentó el regidor.
Además, Álvarez recordó que la normativa municipal establece que la distancia mínima entre el cementerio y el suelo urbano debe ser de 100 metros, mientras que la ampliación se construyó en parcelas directamente colindantes con este tipo de terreno, lo que a su juicio indica la “manifiesta incapacidad” del anterior regidor a la hora de medir distancias.
