Bierzo Aire Limpio recurre el intento de la Junta de legalizar la central de biomasa de Ponferrada

Red de calor del barrio de Compostilla, en Ponferrada.

Agencia ICAL

La asociación de vecinos del barrio de Compostilla y la asociación Bierzo Aire Limpio presentaron un escrito conjunto de alegaciones contra el intento de legalizar la red de calor y la central de biomasa de Ponferrada.

En su reclamación exigen al Ayuntamiento de la capital berciana que paralice la tramitación del plan especial para la implantación de esta central a la espera de que el Tribunal Supremo emita una sentencia firme sobre la construcción de la infraestructura, cuya licencia fue anulada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

Al respecto, los recurrentes recordaron al Ayuntamiento que el fallo judicial del TSJ obliga al Consistorio a “ordenar y llevar a cabo la paralización de la construcción y cese de la actividad que se estuviera desarrollando”.

“El Ayuntamiento pretende legalizar una instalación ya ejecutada, afectada por varias sentencias y vicios de relevancia”, prosigue el escrito, que critica que “se simule empezar de nuevo y se olvide de manera grosera que la central térmica de biomasa ya está ejecutada en su totalidad”.

“Carece de sentido que se pretenda tramitar un nuevo plan urbanístico sin antes restablecer la legalidad y asumir el contenido ilegal de los actos previos del Ayuntamiento”, subrayaron.

Nulidad del trámite

En la misma línea, el escrito denuncia la nulidad del trámite de información pública y señala que la red de calor es “ilegal e ilegalizable”. “No cabe otra opción legal que su demolición”, reiteraron los recurrentes, que subrayaron que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Ponferrada prohíbe expresamente el uso industrial de esa parcela, enclavada en una zona residencial y destinada a equipamiento y servicios comunitarios.

Por otro lado, la asociación ecologista y la asociación de vecinos apuntaron que el proyecto está “bajo la lupa de las autoridades europeas”. “Continuar adelante, ignorando que los permisos de la instalación han sido anulados y que se han declarado ilegales cinco acuerdos municipales, es una temeridad contraria al interés común de la ciudadanía ponferradina, que solo sirve para blanquear una cacicada ilegal del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones”, concluyeron.

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