Archivada la denuncia por las críticas al concejal del PP que edificó el KFC en León sin licencia
La polémica por las obras sin licencia del concejal del PP, a cargo de Fiestas y Consumo, Pedro LLamas ha finalizado judicialmente con el archivo de una denuncia interpuesta por el político contra los concejales de León en Común (IU) Santiago Ordóñez y Victoria Rodríguez. La denuncia era contra los dos porque en aquel momento Ordóñez era portavoz del grupo político municipal, aunque reconoció que la autoría del texto que motivó la denuncia era exclusivamente suya.
Las obras sin licencia del KFC de León, una sociedad en la que tenía una participación Llamas, generarón una amplia polémica en el año 2015 al iniciarse sin las pertinentes licencias, justo del concejal que tiene la responsabilidad de concederlas. La cuestión le costó a Pedro Llamas una inédita reprobación del Pleno municipal y una multa que abonó por la ilegalidad, de apenas 1.625 euros por pronto pago.
Además León en Común denunció otras presuntas irregularidades relacionadas con sociedades hosteleras de Pedro Llamas, un restaurante ubicado en la Plaza Mayor. La coalición de izquierdas denunciaba que presuntamente se habrían llevado a cabo obras sin las pertinentes licencias.
Según la nota de prensa, “al parecer, el modus operandi del actual munícipe no se limita al pollo frito” sino que “también intentó sustituir una licencia de obra, que exigía también un dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio, por otra de obra menor; esta vez con éxito”. Se refieren, según la versión facilitada entonces por León en Común, a que la sociedad a la que pertenece Llamas “realizó obras en la estructura” de un conocido local hostelero en la Plaza Mayor de León, con trabajos en el inmueble “que tuvieron un valor aproximado de 600.000 euros, realizando una rehabilitación integral del edificio”.
“La obra”, aseguraban, “consistió en rebajar el suelo del sótano más de medio metro, eliminando el muro de carga interior para dejar a la vista el comedor y la cocina y provocando que vecinas y vecinos denuncien daños en sus viviendas. Todo en un inmueble protegido dentro de la Plaza Mayor”.
Inicialmente el juzgado de instrucción rechazó la denuncia presentada por injurias y calumnias contra los concejales de izquierdas. El juez aseguró entonces que “no se aprecia que la referencia por parte de un concejal o rival político a larealización de obras por parte de otro concejal sin las licencias o autorizaciones oportunas, aunque fuese antes de su mandato, tenga el propósito exclusivo de injuriar o de atribuir la comisión de un delito, estimando que su intención no era otra que censurar y criticar un eventual trato de favor, por ácida e inexacta que sea la crítica”.
Según la Audiencia Provincial “el marco de crítica política era suficiente como para excluir la imputación de unos hechos que, poruna parte, no son inequívocamente delictivos; por otro lado (...) no suponen una grave imputación”, ratificando el archivo de la querella.
La Audiencia Provincial impone las costas de alzada a Pedro Llamas y la sociedad denunciante.
