Más de 40 años de prisión en la condena de la mayor trama de corrupción de Asturias

Acusados en el caso Marea en Asturias

ileon.com/lavozdeasturias

Este viernes se ha conocido en Asturias la sentencia del mayor caso de corrupción que se ha conocido en el Principado hasta el momento, el llamado 'caso Marea'. Por este juicio han sido condendados 8 de los 13 acusados a penas que suman 40 años y 3 meses de cárcel, entre ellos el exconsejero de Educación, José luis Iglesias Riopedre.

El juicio se celebró hace un año tras seis de instrucción y en él estaban imputados exaltos cargos del Gobierno asturiano en época del socialista Vicente Álvarez Areces, así como funcionarios y empresarios. Éstos últimos habrían logrado contratos en las consejerías de Educación y Cultura gracias a sus contactos con los funcionarios y altos cargos, a los que agasajaban con regalos para obtener sobrecostes y beneficiarse de remanentes presupuestarios.

Entre los condenados están el exconsejero de Educación, José luis Iglesias Riopedre, con 6 años de prisión y 400.000 euros de multa, además de inhabilitación, por varios delitos entre ellos delito continuado de prevaricación. La que fue su número 2, María Jesús Otero Rebollada, cae la mayor pena con con nueve años y medio de privación de libertad y 2,5 millones de multa. A la que que fue investigada como origen del caso, la funcionaria Marta Renedo Avilés, exjefa de Servicio de Procesos Administrativos en la Dirección General de Modernización del Principado, la condena es de 9 años prisión y 480.000 euros de multa.

Al empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez, exgerente de Comercial Asturiana de Papelería S.A. (Igrafo), la condena es de 6 años y 6 meses de prisión y 1,5 millones de euros de multa y a Alfonso Carlos Sánchez, expropietario de Almacenes Pumarín S.A., le ha caído la misma pena de cárcel y de multa 1,9 millones de euros. Otros dos imputados han tenido penas entre 1 y 2 años de prisión. Un funcionario del Ayuntamiento de Mieres ha sido condenado a pena de multa de 1.800 euros.

Cinco funcionarios imputados han sido absueltos en la sentencia dada a conocer por la Audiencia Provincial de Oviedo. Los condenados deberán pagar multas por importe de 6,7 millones de euros.

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