Los acusados de la trama para vender carne de caballos enfermos y muertos desde León pactan para evitar la cárcel
Once acusados han reconocido en la Audiencia Nacional que introdujeron en el mercado carne de caballo no apta para el consumo -algunas piezas incluso con restos de melanoma-, que se llegaron a exportar desde los mataderos leoneses de Astorga y Toreno a países como Bélgica o Italia, unos hechos por los que han aceptado finalmente condenas de entre 10 meses y 2 años y 5 meses de cárcel.
Siete años después del inicio de la investigación que destapó esta operativa de venta de carne de caballo en mal estado, se han sentado en el banquillo ocho acusados, que han admitido unánimemente los hechos por los que les acusaba el fiscal tras llegar a un acuerdo de conformidad con el que han visto sustancialmente rebajadas sus peticiones de condenas, según informan a EFE fuentes jurídicas.
Ahora el tribunal dictará una sentencia de conformidad al acuerdo alcanzado, en el que la Fiscalía ha retirado la acusación de grupo criminal y ha contemplado la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el procedimiento “sufrió paralizaciones en su tramitación superiores a las extraordinarias”, transcurriendo más de seis años entre el inicio del procedimiento y el juicio.
Así, de las penas de entre cuatro y nueve años y medio de prisión que solicitaba en un principio, el fiscal ha rebajado sus peticiones a condenas que oscilan entre los 10 meses y los 2 años y 5 meses de prisión por delito contra la salud pública y falsedad documental, según las fuentes.
Un antiguo veterinario oficial de Castilla y León y dos “entradores” de ganado en los mataderos son los que han aceptado las peticiones de condenas más altas (entre 2 años y 2 años y cinco meses). Se unirán a las de inhabilitación para ejercer cargo público de veterinario durante dos años y 11 meses, en el primer caso, y también a las de inhabilitación para trabajar en la venta de ganado equino, que el fiscal solicita para todos los acusados, que serán también condenados a penas de multa que oscilan entre los 1.500 y los 4.500 euros.
Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017 en dos mataderos de las localidades leonesas de Astorga y Toreno, desde las que los acusados contribuyeron a la introducción en el mercado de carne de caballo no apta para consumo humano, evitando su trazabilidad y control sanitario. Se trataba de animales enfermos e incluso algunos ya muertos.
Una carne que procedía de caballos de los que no se disponía documentación o que la que tenían evidenciaba que no era apta para el consumo humano, es decir, que tenían lo que se denomina en el sector “pasaporte rojo”. Este certificado se “blanqueaba” con el de otros animales, algunos incluso muertos. Otros ejemplares directamente se sacrificaban y “entraban en la cadena alimentaria humana” sin ser válidos para ello, según la Fiscalía.
Reincindente el belga del 'Horsegate'
La Fiscalía menciona lo ocurrido en marzo de 2017, cuando se sacrificaron cuatro equinos en Toreno con “claros signos de melanomas” que luego se vendían a 1,50 euros el kilo, aunque se tuvo que quitar la carne que tenía “signos evidente de melanoma, dejando sólo un 20%” de aquella donde “no eran visibles los nódulos” de color negro.
Destaca asimismo que en las muestras investigadas se hallaron sustancias que causan efectos nocivos para la salud, como “daños genéticos” o “favorecer probablemente la aparición de distintas formas de cáncer”, y en algunos casos llegaron a dar positivo en listeria.
Entre los acusados figura Johannes Fasen, quien ha aceptado 10 meses de prisión y que ya fue condenado en Francia por la mayor estafa alimentaria de Europa, el caso Horsegate, un escándalo que saltó en Reino Unido en 2013 y que destapó la comercialización de carne de caballo haciéndola pasar por ternera.
