CCOO, UGT y CSIF urgen el restablecimiento de las 35 horas antes de consumar la huelga del 6 de noviembre
Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y de Funcionarios abrieron este jueves un calendario de movilizaciones para exigir el cumplimiento del acuerdo para el restablecimiento de la jornada de laboral de 35 horas de los trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León. Los sindicatos, que protagonizaron una concentración de una hora a las puertas de la sede de la Delegación Territorial, entienden que el Gobierno autonómico tiene margen de negociación para evitar que se consume la huelga convocada por la parte social por este asunto para el próximo 6 de noviembre. Y es que advierten de que no consentirán que el documento firmado el pasado 21 de mayo (en vísperas de las elecciones autonómicas) se convierta en “papel mojado” tras la constitución del nuevo Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos liderado por Alfonso Fernández Mañueco, precisamente quien firmó en 2002 como consejero de la Presidencia la puesta en marcha de esta medida.
La Junta se desmarca ahora del acuerdo alcanzado en mayo. Abiertos a la negociación con el nuevo gabinete autonómico, los sindicatos esperaron durante el verano por una reunión en el ámbito general de la Función Pública para concretar el acuerdo de las 35 horas, un encuentro que finalmente no se produjo hasta que el Ejecutivo dio a conocer sus intenciones a través de los medios de comunicación.
“No podemos permitir que los acuerdos ya firmados se conviertan en papel mojado por el nuevo Gobierno de esta comunidad”, rezaba el manifiesto leído en la concentración de este jueves a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en León por representantes sindicales, que desacreditan los argumentos empleados por la administración para no aplicar el acuerdo apelando a supuestos problemas de financiación y calidad asistencial.
En otro sentido, CCOO, UGT y CSIF aluden a “beneficios” de la recuperación de las 35 horas como la creación de empleo, con la consecuente aportación a las arcas públicas y el asentamiento de población. Sin cuantificar todavía el impacto en puestos de trabajo en una provincia que actualmente ronda los 17.000 trabajadores públicos dependientes de la administración autonómica, los sindicatos aluden a ejemplos como el de Cantabria, donde la aplicación de la jornada de 36 horas se ha traducido en la creación de 106 empleos en el sector sanitario.
