El rector de la Universidad defiende el nombramiento del jefe de control interno y dice avanzar en transparencia
El Rectorado de la Universidad de León (ULE) se ha defendido de las críticas lanzadas este martes por la Unión General de Trabajadores a cuenta de la sentencia del Juzgado de la Contencioso Administrativo número 1 que anula el nombramiento del jefe de control interno. El sindicato aprovechó el fallo para reclamar la apertura de un concurso entre funcionarios, cosa que el rector, Juan Francisco García Marín, matiza al señalar que empleó el sistema de libre designación por no existir en la institución personal que cumpliera los requisitos necesarios, lo que motivó que la plaza estuviera vacante durante cuatro años. Lo hizo, según subraya, con el compromiso de recuperar la selección mediante convocatoria pública, abierta a funcionarios de otras administraciones.
En una nota de prensa de réplica, el Rectorado reconoce haber recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con una defensa de su actuación, que el fallo desacredita al considerar que no parece “precisamente razonable que el órgano de control se designe a través de libre designación”. Sin dejar de remarcar que la Ley de la Función Pública de Castilla y León prevé este sistema para puestos de jefe de servicio o superiores y que está contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de hasta 17 universidades públicas españolas, el Rectorado también se refiere en el recurso a los tres compromisos alcanzados en su día: prescindir de la discrecionalidad para abrir un concurso específico con la constitución de una comisión de selección (compuesta mayoritariamente por miembros del Consejo Social), asumir su propuesta y promover una modificación del Estatuto de la ULE para permitir, “en algunos supuestos, abrir la convocatoria a funcionarios de otras administraciones.
Además, García Marín recuerda que la plaza en cuestión fue suprimida en noviembre de 2010, “sin que entonces se denunciara este hecho por UGT”, al tiempo que defiende que la convocatoria se hizo luego “cumpliendo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” y constituyendo una comisión de evaluación que lanzó una propuesta de provisión aceptada por el Rectorado, que asegura haber iniciado los “trámites necesarios” para cubrir el puesto mediante un concurso.
De “universidad opaca” a cumplir indicadores de transparencia
“No es razonable que el controlador sea designado a dedo por aquel a quien hay que controlar”, había censurado por la mañana UGT, que preguntó en voz alta “qué oculta” el rector también al hilo de una crítica a lo que considera como “falta de transparencia” de la Universidad de León. Ante estas acusaciones, García Marín señala en primer lugar que en 2015, antes de su llegada al cargo, la ULE fue valorada como una “universidad opaca” en el Examen de Transparencia de la Universidades Españolas de la Fundación Compromiso y Transparencia.
“El trabajo realizado desde principios del año 2017 ha permitido cumplir con todos los indicadores establecidos por el Comisionado de Transparencia de Castilla y León y también ha permitido que, en el último Examen de Transparencia de la Universidades Españolas de la Fundación Compromiso y Transparencia, realizado en el año 2017 sobre datos de 2016, la Universidad de León mejorase en su valoración pues pasaron a cumplirse 20 indicadores”, añade para concluir que “en estos momentos todos los datos están actualizados según requieren tanto el Comisionado de Transparencia de Castilla y León como la Fundación Compromiso y Transparencia” y “cuando ha sido pertinente, se han respondido todas las peticiones de información pública”.
