IU, Sumar y Verdes denigran la decisión de la Junta de permitir cazar solo siete meses después de los incendios en León
La decisión de la Junta de Castilla y León de permitir la caza apenas siete meses después en zonas que sufrieron los peores incendios forestales de la historia de la provincia de León sigue generando reacciones políticas. Tras la resolución que levanta la suspensión cinegética en 107 cotos y en la Reserva Regional de Caza de Riaño, la coalición electoral En Común (Izquierda Unida, Sumar y Verdes ) ha denunciado lo que considera un “ataque” a la protección legal de los montes quemados.
La medida, firmada el pasado 3 de febrero por el jefe del Servicio de Medio Ambiente en León por orden del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, permite reanudar la caza mayor, es decir, de ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés, a partir del 1 de abril de 2026. Para entonces apenas habrán transcurrido siete meses desde que, en agosto de 2025, ardieran 135.481 hectáreas en la provincia, una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria y más del doble de la ciudad de Madrid.
La propia Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León, establece que los aprovechamientos cinegéticos en montes incendiados quedan suspendidos automáticamente durante cinco años “para ayudar a la regeneración del monte incendiado y la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”. Sin embargo, la norma contempla la posibilidad de levantar esa suspensión si la Consejería acredita que la actividad es compatible con la recuperación ambiental, argumento al que se aferra ahora el Gobierno autonómico.
En este contexto, En Común ha hecho pública una nota en la que denuncia “la grave irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León al autorizar la caza en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, sin respetar el plazo de cinco años” de su propia normativa. La coalición considera que la decisión “confirma una vez más que el Gobierno autonómico del PP antepone intereses particulares y presiones del lobby cinegético a la protección del patrimonio natural y al interés general de la ciudadanía”.
Su cabeza de lista electoral, Sergio Carro, considera “inaceptable que apenas unos meses después de que miles de hectáreas quedaran devastadas por unos incendios que marcaron uno de los peores episodios ambientales de nuestra historia reciente, la Junta considere que los montes ya están en condiciones de soportar actividad cinegética como si nada hubiera ocurrido”.
A su juicio, permitir la caza en este contexto “no solo contradice el espíritu de la legislación vigente, sino que transmite un mensaje peligroso: que la protección ambiental es secundaria cuando entran en juego determinados intereses económicos”.
Tal y como desveló ILEÓN, la resolución afecta a 107 cotos de caza, algunos con porcentajes de superficie quemada superiores al 90%, y también a la Reserva Regional de Caza de Riaño, gestionada por la propia administración autonómica, donde se calcula que ardió un 32% del terreno tras el incendio de Barniedo de la Reina. Además, la publicación oficial ha permitido conocer por primera vez la cifra total de superficie calcinada en los 14 grandes incendios de agosto, que asciende a 135.481 hectáreas, muy por encima de los datos difundidos de manera informal meses atrás.
Desde En Común sostienen que esta medida “evidencia una política ambiental profundamente regresiva, que banaliza las consecuencias de los incendios forestales y debilita las garantías legales diseñadas precisamente para evitar que el territorio sufra una doble agresión, primero por el fuego y después por la explotación prematura de sus recursos”. En resumen, “una deriva preocupante en la gestión pública”.
Por eso, la coalición concluye exigiendo a la Junta que “rectifique de inmediato, que respete los plazos de protección establecidos por la Ley y que sitúe la recuperación ambiental y la seguridad ecológica de nuestros montes en el centro de su acción política”. No especifican su la coalición o alguna de sus formaciones recurrirá administrativamente la decisión en el plazo previsto de un mes o incluso si baraja acciones judiciales, que también son posibles en este cas via contencioso.
