Ecologistas en Acción denuncian que la 'ecotasa' perjudica a los menos contaminantes
Ante el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León por el que se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en el que se incluyen determinadas tasas a las que se atribuye una finalidad medioambiental, desde Ecologistas en Acción han reaccionado en su contra.
“La creación de la denominada 'ecotasa' sobre la producción hidroeléctrica y eólica de Castilla y León, con la que se pretende recaudar 60 millones de euros durante el año próximo, lejos de constituir una medida de interés medioambiental supone un castigo añadido a las energías renovables que persigue beneficiar a las energías sucias, en particular a las centrales térmicas de carbón y gas y a las centrales nucleares”.
Según Ecologistas en Acción, “esta medida está en completa sintonía con la campaña emprendida contra las energías renovables por las grandes compañías eléctricas y las autoridades públicas a su servicio para salvar sus intereses en el carbón y el gas, duramente afectados por la crisis, y para apuntalar el maltrecho sector nuclear”.
La confederación de ecologistas ha argumentado en nota de prensa que “si lo que se pretende como argumenta el Gobierno de Juan Vicente Herrera es gravar el daño medioambiental, mucho más coherente sería imponer la 'ecotasa' a los propietarios de la central nuclear de Garoña, de las cuatro grandes centrales térmicas de carbón y de las 70 plantas de cogeneración a gas que actualmente funcionan en Castilla y León, todas con un impacto ambiental muy superior a las energías renovables en términos de emisiones de gases de invernadero y tóxicos y generación de residuos peligrosos”.
Es particularmente lamentable que el ejecutivo regional siga mirando para otro lado en relación al daño medioambiental del carbón en León y Palencia
“Fiscalmente, sería mucho más justo y efectivo atacar los 100 millones de euros que Endesa e Iberdrola ganan con Garoña cada año, gracias al demencial sistema de retribución eléctrico español, que ir a por los parques eólicos, con márgenes mucho más bajos”, han sentenciado.
Ecologistas en Acción ha destacado que “es particularmente lamentable que el ejecutivo regional siga mirando para otro lado en relación al daño medioambiental del carbón en León y Palencia, aplaudiendo el derroche de miles de millones de euros públicos en las subvenciones a la minería y a la quema de carbón en las centrales térmicas españolas, a beneficio en Castilla y León de media docena de empresarios que están arruinando la Montaña Leonesa y Palentina con cielos abiertos frecuentemente ilegales (como los de Laciana) y con centrales térmicas sucias y anticuadas, autorizadas por las autoridades regionales a contaminar por encima de lo normado”.
Según Ecologistas en Acción, la planta de Garoña, gemela de la nuclear japonesa accidentada, Fukushima I, “con un diseño obsoleto de hace medio siglo que ha acreditado una completa falta de seguridad, tiene decretado su cierre para dentro de 6 meses”. “Con la excusa del empleo, la Junta de Castilla y León trabaja para Endesa e Iberdrola al defender la prorroga y los enormes beneficios que otorgaría a ambas empresas, copropietarias de la central, a costa de la seguridad del millón y medio de personas que viven a menos de 100 kilómetros de la misma”.
Sobre el resto de medidas fiscales anunciadas, la confederación ha expresado su acuerdo general con la tasa a los combustibles derivados del petróleo, “que aunque no tenga una finalidad medioambiental puede ayudar a racionalizar el transporte motorizado”.
“Manifestamos nuestras reservas sobre el impuesto a la eliminación de residuos en vertedero, que si bien constituye una medida interesante, debe ampliar su ámbito a las instalaciones de incineración de residuos, para evitar desviar a hornos incineradores los desechos urbanos e industriales”. Para finalizar, Ecologistas en Acción han deplorado “la recuperación de la deducción fiscal a la compra de vivienda nueva, que supondrá transferir cuantiosos fondos públicos a los promotores inmobiliarios al tiempo que se recortan servicios públicos esenciales, intentando resucitar la economía del ladrillo que tantos daños ambientales y sociales ha causado”.
