La Gerencia Regional de Salud, de la Junta de Castilla y León, ha anunciado hoy la adjudicación en prácticamente seis millones de euros, con un plazo de ejecución de dieciocho meses -año y medio-, la Unidad de Reanimación Postquirúrgica del Hospital de León.

Según la Consejería de Sanidad, esta actuación permitirá renovar y ampliar la actual Unidad de Reanimación, que pasará de doce a dieciséis camas y se ubicará en la primera planta del edificio sur del Hospital. Se trata de una obra previa e imprescindible para que, cuando la nueva Reanimación entre en funcionamiento, allá por finales de 2027, Sacyl comience a acometer en el espacio liberado la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que prometió en todos los hospitales de Castilla y León en 2020, en plena pandemia. De hecho, se ha ampliado en todos los centros excepto en el de León, a pesar de prometerse entonces, y en este caso el retraso será de ocho años en el mejor de los escenarios.

Sin entrar en los constantes incumplimientos, la Consejería de la Junta se ciñe a que esta intervención permitirá incrementar de manera notable la capacidad de cuidados intensivos del Hospital, al pasar de dieciséis a veintiocho camas, lo que supone un aumento de doce plazas respecto al número actual.

En conjunto, entre la nueva Unidad de Reanimación y la ampliación de la UCI cuando sea una realidad, el complejo hospitalario aumentará su dotación total de camas críticas de 28 a 44 “para reforzar la atención a pacientes que requieren vigilancia continuada”, ya sea tras una intervención quirúrgica o durante la evolución de patologías graves que precisan soporte vital avanzado.

El proyecto adjudicado a la empresa Ferrovial exactamente por un importe de 5.959.161,51 euros, incluye tanto la ejecución de las obras como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, y forma parte de la estrategia de modernización de infraestructuras sanitarias de la Junta de Castilla y León. Una estrategia que contemplaba estas actuaciones ya en el año 2022, reinterándose después, siempre sin cumplir, año tras año.

La Unidad de Reanimación se construirá en concreto principalmente en la planta baja del mismo edificio, actualmente zona de aparcamiento cubierto que se cerrará y habilitará para el nuevo uso, de una serie de unidades y servicios que se encuentran en la zona en la que estará la Reanimación.

La Diputación de León asegura que ha comenzado ya, por fin, la labor de la prometida Oficina de Expropiaciones para iniciar los trámites que permitan disponer de los terrenos para el arreglo urgente de la carretera LE-5523 en Antimio de Arriba (municipio de Chozas de Abajo), como exige una Plataforma vecinal desde hace meses.

Así lo ha transmitido el vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, perteneciente a Union del Pueblo Leonés (UPL), que ha mantenido este martes una reunión con la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa, el alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge Santos, y los representantes de la Junta Vecinal de Antimio de Arriba, impulsores y miembros de la Plataforma.

Durante el encuentro, Aller les ha explicado cuál es el estado de las actuaciones que se están llevando a cabo desde la institución provincial para poder realizar las obras de mejora que necesita carretera provincial LE-5523 de Armunia por Villacedré y Santovenia de la Valdoncina hasta Antimio de Arriba.

Así, el vicepresidente de la Diputación ha reiterado que la recién creada Oficina de Expropiaciones es “una iniciativa que hemos puesto en marcha para poder solucionar los problemas a los que muchas veces se enfrentan los ayuntamientos para llevar a cabo las expropiaciones necesarias para realizar las obras de mejora tan necesarias”, explican en una nota de prensa.

Aller ha trasladado a los representantes municipales que ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para poder realizar las expropiaciones; sin embargo, ha querido recordar que “estos trámites llevan tiempo, aunque nosotros realizamos un gran esfuerzo por mejorar ésta y todas las vías de la provincia”. Desde el área de Infraestructuras se calcula que se pueda contar con los terrenos “durante este verano”.

En este sentido, Aller ha afirmado que “en cuanto esto esté solucionado, podremos poner en marcha las actuaciones programadas para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía”.

Quejas, protestas y habituales accidentes

Los usuarios de la carretera llevan meses de quejas y también organizando protestas, exigiendo el cumplimiento político del compromiso de que la Oficina de Expropiaciones realice las complejas gestiones para disponer de los terrenos que muchos ayuntamientos pequeños no pueden asumir, al menos sin graves retrasos. Y es que los conductores y vecinos de muchos de los pueblos afectados denunciaban el estado altamente peligroso de un vial que efectivamente se cobra víctimas cada poco tiempo, como ocurrió sin ir más lejos hace apenas una semana en la LE-5523, según certificó el 1-1-2, una salida de vía de un turismo que dejó una mujer de 86 años herida y con traslado al Hospital de León.

La Diputación de León ha dado por finalizadas las obras de acondicionamiento de la carretera LE-5208, que une la LE-713 con Arganza pasando por Magaz de Arriba, tras una inversión de 503.824 euros destinada a modernizar este eje viario.

El vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, fue el encargado de recepcionar los trabajos, ejecutados entre Magaz de Abajo (Camponaraya) y Magaz de Arriba (Arganza), una actuación que además permite completar la urbanización del primero de estos núcleos.

La intervención ha supuesto la mejora de más de un kilómetro de carretera (1.078 metros), centrada en la renovación de un firme que presentaba un importante desgaste y en el ensanche de la vía, que pasa de unos cuatro metros a alcanzar entre cinco y seis, facilitando así el cruce de vehículos con mayor seguridad.

Las obras se han desarrollado en varios tramos diferenciados. En la travesía de Magaz de Abajo, donde se actuó en más de la mitad del recorrido, se combinaron trabajos de asfaltado con la construcción de aceras y la renovación de servicios básicos, como redes de agua, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado.

En el tramo intermedio, entre ambas localidades, se llevó a cabo el ensanche de la carretera, junto al refuerzo del firme y la mejora de los sistemas de drenaje. Finalmente, en la travesía de Magaz de Arriba, se realizaron actuaciones puntuales para mejorar el pavimento.

El proyecto se completó con la instalación de señalización y elementos de seguridad, con el objetivo de optimizar la circulación en este punto de la red provincial.

Las obras, iniciadas en julio de 2024, han concluido en enero de 2026, reforzando la funcionalidad de esta vía y mejorando las condiciones de seguridad para los usuarios.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la licitación de las obras para mejorar la carretera LE-213 entre Puente Villarente y Casasola de Rueda, una actuación que llega ocho meses después de que fuera anunciada y que contará con un presupuesto de casi 7 millones de euros y dos años y medio de plazo de ejecución.

El contrato, autorizado en el Consejo de Gobierno, fija una inversión de 6.946.850 euros y un plazo de ejecución de 30 meses para intervenir en un tramo de cerca de 18 kilómetros que conecta esta vía autonómica con la N-601.

El proyecto contempla una actuación integral sobre la carretera, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad vial como las condiciones de circulación. Entre las actuaciones previstas se incluyen el ensanchamiento de la plataforma, la renovación del firme, la mejora de la señalización y el balizamiento, así como la adecuación de varias intersecciones.

Se trata de una intervención demandada en este eje viario del sur de la provincia leonesa, utilizado habitualmente por vecinos de la zona, que ahora inicia su tramitación administrativa tras varios meses desde su anuncio inicial.

Tras casi 15 años de bandazos, compromisos y retrasos, el futuro del actual aparcamiento en superficie y en precario de Santa Nonia, en pleno centro de León, comienza a cobrar forma poco a poco. Al menos en las planificaciones.

Esa forma que hoy ha detallado como nunca hasta ahora Gerardo Álvarez Courel, el presidente socialista de la Diputación de León, institución propietaria del terreno, será la de un parking subterráneo que tendrá tres plantas bajo tierra, muy esperado ante la falta de plazas de aparcamiento en el centro de la capital. Pero también en altura habrá un edificio de cinco plantas, “baja más cuatro”, dijo el presidente, y por lo tanto una más que las que ahora tienen los edificios que la rodean en la misma mano de la vía: la biblioteca pública, el actual Conservatorio de Música o el edificio de Correos.

Courel, preguntado entre críticas por la oposición del Grupo Popular, a causa de la lentitud de una solución al actual solar, justificó que todavía se trata con el Ayuntamiento de León de delimitar con precisión el solar exacto, del que ya se tuvieron que ganar metros respecto a Correos en algunos replanteos, para promover ya un proyecto sobre “una parcela real” que ha sido, dijo, muy difícil de resolver. Porque estaba “de aquella manera”, le recriminó al último Gobierno del PP en 2018 y por ende a su antecesor del PSOE, y ha resultado ser un infierno calcular la edificabilidad, dado que “la mitad de la calle Lancia es propiedad de la Diputación”.

También anunció que el edificio futuro “queremos que sea emblemático y especial”. Y para ello, tras reunirse ayer con el Colegio de Arquitectos, han acordado sacar un concurso de ideas al que ya saben que destinarán, de momento por reserva de crédito, la cantidad de 50.000 euros. “Se designará un tribunal y queremos que a quien gane se le contrate también el proyecto, con un límite, pero sin dispendios, por si viene un arquitecto que cobre tres millones”.

Como detalle que el proyecto deberá incluir, añadió otro también llamativo: que el nuevo gran inmueble a construirse se conectará físicamente, de una manera aún por definir, con el actual Conservatorio, edificio que previsiblemente la Junta de Castilla y León abandonará en pocos meses al terminar por fin, tras casi 19 años de promesas, la nueva sede del centro educativo superior en el barrio de La Palomera.

De este modo, además de la inversión en el nuevo edificio del actual aparcamiento de Santa Nonia, avanzó que se tendrá que inyectar también dinero a la reforma del viejo Conservatorio, dado que, según critica el equipo de Gobierno de PSOE y UPL, la Junta durante décadas apenas ha realizado mantenimiento básico en el inmueble y requiere amplia inversión para aislamiento y eficiencia energética o movilidad, entre otros. El uso de ambos está por decidirse por parte de la institución provincial pero en buena medida será para albergar diferentes servicios administrativos de la Diputación en una zona céntrica y accesible.

El presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente segundo, el leonesista Valentín Martínez, han presentado este martes el Plan de Cooperación Municipal 2026-2027, y la quinta fase del reparto del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS), que se aprobará este miércoles en Pleno, con cerca de 75 millones, como ejemplo de buena gestión por parte del equipo de Gobierno bipartito.

Courel ha explicado que se debatirá la aprobación de la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal (PPCM) que, como el anterior, “también tendrá carácter bienal para 2026 y 2027, y que está dotado con casi 60 millones de euros”. Una inversión en la que los 208 municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes recibirán entre un máximo de 572.000 euros y un mínimo de 200.000 euros.

Durante el último mandato, una de las novedades más importantes del PPCM ha sido el importante aumento de la inversión ya que, según ha apuntado Valentín Martínez, “antes de llegar la corporación actual, este Plan contaba únicamente con unos 20 millones de euros al año”. Otra de las novedades durante este periodo ha sido el carácter bienal del Plan, que se mantiene en este ejercicio, que “facilita a los ayuntamientos la planificación de las obras, su justificación, y también contar con mayor liquidez a corto plazo”, ha señalado Martínez.

Con estas ayudas, los beneficiarios pueden llevar a cabo diferentes inversiones, realizar obras y contratar suministros, siendo los ayuntamientos los responsables de contratar las obras, mientras que los criterios para la concesión de las subvenciones estarán basados en las cifras de población, ha recogido Efe.

Asimismo, también se aprobará la quinta fase del Plan PIOS -quedará al menos una más- que la Diputación puso en marcha el pasado año y que ha supuesto una inversión de otros 60 millones de euros que se destinan íntegramente a los pueblos. A falta de la restante, “los municipios leoneses han podido realizar más obras y contratar más servicios para hacer que nuestros pueblos cuenten con los servicios necesarios para que los leoneses que residen en el medio rural puedan contar con la posibilidad de seguir desarrollando su vida en ellos”, ha explicado Courel. En esta ocasión, se reparten 13,5 millones de euros para un total de 48 ayuntamientos, que llevarán a cabo 136 actuaciones.

El Pleno de mañana también lleva la aprobación del convenio con la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León para la ejecución del polémico proyecto de infraestructuras turísticas asociadas al embalse de Riaño, como la pasarela de Bachende, la ruta al Valle de Anciles y un embarcadero, todo ello en la Montaña Oriental Leonesa. Un proyecto adelantado por ILEÓN y que ha supuesto un encontronazo entre detractores, por su gran impacto, y defensores, por venir a incentivar un mayor turismo. El proyecto supone una inversión de 3,7 millones de euros, de los que el 30% lo aporta la Diputación (1,1 millones de euros) en virtud del convenio firmado con la Junta.

Por último, también se aprobará el presupuesto de la aportación de 108.000 euros de la Diputación al Banco de Tierras del Bierzo, para la anualidad de 2026, también en función de otro convenio, en este caso con el Consejo Comarcal del Bierzo, que suplementa el resto hasta los 130.000 euros finales.

“En resumen, se trata de un Pleno de gran calado en el que se evidencia, de nuevo, que la Diputación es el verdadero motor de la economía de la provincia en sectores como los servicios y dotaciones para los municipios, el turismo o la agricultura”, resumió el presidente Álvarez Courel.

Ha roto todos los récords de éxito veraniego, convirtiéndose en un referente de todo el norte de España. Pero el 'parque acuático' de Valencia de Don Juan, al sur de la provincia leonesa, quiere demostrar que no tiene techo y apuesta por una nueva inversión para que su gran centro de ocio aumente en experiencias, adrenalina, vértigo y diversión.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, tal y como lo anunció el alcalde el verano pasado, ha puesto en marcha ya la contratación para instalar instalación de dos nuevos toboganes acuáticos en la zona de ocio del municipio. El proyecto supondrá una inversión que superará el medio millón de euros, en concreto un precio de licitación a las empresas interesadas que parte de 506.000 euros.

La actuación contempla al unísono la redacción del proyecto -aunque ya se detalla mucho en los pliegos para instalación de los llamados 'toboganes con hidrofrenado y elementos auxiliares', así como la construcción e instalación de los mismos, con un presupuesto base que con IVA asciende en concreto a 505.999,99 euros.

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de marzo de 2026, según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Dos toboganes de gran altura, gran caída y largo recorrido

El proyecto prevé la construcción de dos grandes toboganes que partirán desde una altura nunca vista en las instalaciones actuales: una plataforma elevada a 12 metros de altura. El emplazamiento elegido es en el sureste del actual tobogán rápido y de la piscina de olas, dentro de lo que hace pocos años era todavía el campo de fútbol. Actualmente el espacio está ocupado por una zona verde y elementos de esparcimiento, por lo que las obras incluirán movimientos de tierra, cimentaciones, canalizaciones hidráulicas y eléctricas, pavimentación y restauración del entorno.

Uno de los toboganes tendrá un recorrido recto de al menos 40 metros de largo en descenso, mientras que el segundo, el que más dará que hablar, alcanzará al menos 90 metros de longitud. La sensación principal de este último serán dos bucles que harán que los usuarios den un giro de 360 grados en ambos recodos, rodeando parcialmente al otro tobogán para crear un recorrido todavía más espectacular.

Ambos se diseñarán de tipo tubular, con algunos tramos abiertos y otros cerrados para mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar la iluminación interior suficiente. Estarán fabricados en fibra con tratamientos específicos para reducir la fricción y aumentar la durabilidad, destacan también los pliegos.

Un usuario cada 20 segundos

Las cifras iniciales estiman que el conjunto de los dos nuevos toboganes tendrá capacidad para al menos 360 usuarios por hora, con una frecuencia estimada de un usuario cada 20 segundos en cada tobogán. Para ello, las nuevas atracciones se apoyarán en una torre o plataforma estructural que se alzará 12 metros, equipada con escaleras, barandillas y sistemas de control de acceso para que los socorristas y encargados puedan regular el aforo de la instalación.

El diseño está abierto a más ampliaciones futuras, en concreto la estructura podría albergar hasta dos toboganes más en el futuro, uno a la misma altura de 12 metros y otro a una cota intermedia de seis metros, ampliando así todavía más y sin grandes costes añadidos la capacidad del parque acuático.

Además, dentro de la propia estructura se integrará una sala técnica para el sistema de bombeo, filtrado y tratamiento del agua, junto con depósitos de compensación y equipos de control para garantizar las condiciones sanitarias del circuito.

Para cuando se abran las ofertas de las empresas interesadas en su construcción y se adjudiquen las obras, el plazo para poder ejecutarlas será como máximo de seis meses desde la firma del contrato, incluyendo un primer mes para la redacción y aprobación del proyecto técnico definitivo, lo que no permite garantizar a priori que las dos nuevas y vertiginosas atracciones puedan estar en funcionamiento para este verano de 2026.

Tras su puesta en servicio, la empresa adjudicataria deberá encargarse también del mantenimiento preventivo y correctivo durante la primera temporada de funcionamiento, hasta el final de ese verano, rezan los pliegos. Finalmente, la instalación contará además con tres años de garantía para la obra y los equipos, con requisitos técnicos y ensayos de seguridad previos a su apertura al público. Un público siempre fiel al parque acuático de Valencia de Don Juan, que proviene cada vez más incluso de otras provincias y autonomías, como Asturias, Galicia o Cantabria, y que hacen de este lugar un epicentro esencial de la diversión veraniega de la provincia de León.

Como tantas otras veces, se vendió como un novedoso e importante plan para garantizar servicios mínimos de calidad en los pequeños pueblos de León, en este caso para frenar la brecha digital. Pero también esta vez fracasó. Se trata de un anunciado 'Plan Director de Telecomunicaciones para el desarrollo de la Sociedad Digital en la provincia de León'. Tras ese nombre había un proyecto valorado en 130.000 euros como precio de salida, que pagaban mitad por mitad la Diputación leonesa y la Junta de Castilla y León, vía subvención de esta última. Todo eso se anunció a bombo y platillo hace casi un año.

Explicado más llanamente, se trataba de que una empresa especializada en el sector analizara la situación de la brecha digital muy especialmente en la Televisión Digital Terrestre (TDT), considerada un servicio público esencial para la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a los servicios digitales. Este trabajo se habría de ceñir únicamente a un pequeño listado de pueblos leoneses, las localidades de 85 municipios que se consideraban con más problemas, dejando el resto, hasta los 208 que son competencia de la Diputación, fuera de este análisis.

El pasado mes de enero de 2026 salió la licitación pública de este contrato para el diagnóstico de cobertura de la TDT por múltiplex, la detección y delimitación de zonas de sombra, así como la definición detallada de las actuaciones técnicas necesarias para asegurar la calidad y estabilidad del servicio público audiovisual en el conjunto de las localidades incluidas. La televisión digital acapararía el 90% del presupuesto del contrato, en virtud del acuerdo de subvención con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, pero se aprovecharía para incorporar estudios sobre telefonía móvil, acceso a internet de banda ancha fija -con velocidades mínimas de 30 Mbps-, diseño de una red troncal provincial de alta capacidad y cartografía GIS interoperable.

Sin embargo, pocas semanas después vino el fiasco: la Junta de Gobierno de la Diputación comprobó que al término del plazo, el 11 de febrero, ninguna empresa del sector se había presentado al concurso público, y se declaró desierta la licitación.

Sin embargo, la Diputación leonesa asegura que no se resigna. Aunque da por perdida la subvención, tomará la iniciativa en solitario, con “recursos propios”, tras achacar el fracaso inicial a que las condiciones impuestas por la Consejería de la Junta la convirtieron en una “subvención envenenada”. Así lo asegura el diputado provincial de Cooperación y Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), Valentín Martínez, de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

El plan ahora es mucho más ambicioso, explica, aunque para ello haya que dar por perdidos los 65.000 euros autonómicos para la idea original. Y es que considera que de partida era “irracional” ceñir este análisis de la brecha digital sólo a 85 municipios y dejar fuera a los restantes 124. Ahora se impulsará uno completo, para los 208 pequeños ayuntamientos que son de competencia de la Diputación, “incluido todo El Bierzo”, y se analizará todo tipo de conectividad “pueblo a pueblo”, tanto en los que tienen una “orografía complicada” que dificulta las señales de TDT, telefonía o internet, entre otros, como en el resto.

La idea es hacer la primera gran foto fija de la verdadera brecha digital en el mundo rural de la provincia de León, que sirva como Plan Director, con informes y documentación actualizada que servirá como herramienta estratégica de planificación y para ayudar a saber dónde y cómo se debe invertir para reforzar la total cohesión territorial en los pueblos leoneses.

Aunque no hay ni plazos ni una partida económica cerrada, Martínez garantiza que “le daremos la máxima prioridad” y estima que se necesitarán en torno a 150.000 euros para un nuevo y más amplio contrato, que se extraerán del presupuesto en vigor o vía remanentes, y una vez eliminados criterios impuestos por la Junta que considera que fueron “irracionales”.

El diputado resalta que tan sólo la provincia de Burgos cuenta con un plan de parecidas características y así de ambicioso. Y aprovecha para remarcar que este nuevo pequeño fracaso, que intentarán reconvertir en un éxito, “es una prueba más de las competencias impropias con las que la Diputación tiene que salir, otra vez, al rescate de la Junta de Castilla y León”, a pesar de que sea esta la administración competente en la materia.

El Ayuntamiento de León ha aprobado una modificación de crédito de 9,37 millones de euros, justificando que son para obras y servicios urgentes, como casi 4 millones de asfaltado en calles de la ciudad, en un Pleno extraordinario marcado este viernes por la falta de presupuesto municipal y la fuerte confrontación política.

El crédito extra salió adelante con el apoyo del concejal tránsfuga Ildefonso del Fueyo, que rompió con Vox, bajo cuyas siglas se presentó. Su voto favorable a la iniciativa del equipo de gobierno socialista resultó determinante para conseguir aprobar la iniciativa del grupo del alcalde José Antonio Diez, el cual gobierna en minoría, y dado que la otra edil de Vox votó en contra y Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Leonés (UPL) se abstuvieron. Y es que todos coincidieron en los reparos de legalidad que ha observado el interventor municipal, por un lado -precisamente hoy estaba de vacaciones-, y la innecesaria celeridad cuando justo dentro de una semana se celebrará un Pleno que será el ordinario del mes.

La medida se presentaba como esencial para, a pesar de no contarse con un presupuesto para este año, que el PSOE no ha presentado porque UPL no estaba dispuesto a aprobar esta vez, se pudieran financiar actuaciones urgentes en la ciudad. Muy en especial destacaba la partida para el asfaltado de calles, con cerca de cuatro millones de euros, coincidiendo todos los grupos que su estado tras las lluvias es calamitoso con carácter general. También se incluía dinero para el mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas y otros edificios municipales.

El expediente, tramitado por la vía de urgencia, se sostiene sobre el uso del remanente de tesorería, pero ha estado rodeado de polémica por el informe de Intervención que advierte de posibles incumplimientos de la estabilidad presupuestaria al incorporar nuevos gastos sin garantizar los necesarios ingresos que los compensen. Una objeción que la oposición ha utilizado para cuestionar la legalidad y la gestión económica del equipo de gobierno, afeando que sea un modo de actuar habitual.

El concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, defendió la propuesta como imprescindible para evitar la paralización de servicios básicos y proyectos en marcha, restando importancia al reparo del funcionario y asegurando que el análisis definitivo deberá hacerse al cierre del ejercicio. También reprochó a los grupos de la oposición que hablen de irregularidades sin manejar todos los datos.

Desde el Grupo Popular, su portavoz David Fernández cargó con mucha dureza contra el alcalde y su equipo, a los que acusó de gobernar sin rumbo y de recurrir a la improvisación, especialmente en materia de obras. Tal fue su énfasis que el regidor le censuró su manera de “sobreactuar”, dijo. Por su parte, la única concejala que le queda a Vox , Blanca Herreros, rechazó la modificación por considerarla un “parche” y denunció falta de transparencia, insistiendo en que no respaldará iniciativas bajo sospecha.

Por su parte, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, optó por ponerse de lado esta vez y argumentó su abstención. Y es que defendiendo el interés de muchas de las inversiones incluidas para la ciudad en esta especie de 'decreto ómnibus', consideró preocupante el contenido del informe crítico de Intervención. Por su parte, el propio Del Fueyo, pese a facilitar la aprobación con su voto favorable determinante, también críticas al contexto político que rodea la decisión.

El centro monumental de León se prepara para la inminente construcción, por parte del Ayuntamiento de León, de un nuevo elemento moderno pero, en principio, discreto muy cerca de donde el bautizado como 'mamotreto', un velador cerrado de un conocido bar y restaurante, tuvo que ser desmantelado y multado por la Junta tras años de polémica.

El nuevo proyecto municipal consiste en la construcción de una rampa de acceso peatonal que habrá de comunicar el interior subterráneo del parking de San Marcelo con el exterior de la plaza del mismo nombre. El diseño será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible, según asegura el Consistorio.

Se trata de una solución hasta cierto punto similar a la planteada hace casi cuatro años, pero sobre el papel mucho menos invasiva,. Y es que aquella primera intervención diseñada causó en 2022 tal número de críticas previas que obligaron al alcalde, el socialista José Antonio Diez, a dar marcha atrás públicamente.

El lugar elegido para ese nuevo acceso de movilidad es el mismo pero entonces se planteaba una intervención que prácticamente desmantelaba todo el exterior: desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León, todos los muros de desnivel y hasta los dos únicos árboles de la zona, dos históricos tilos. En aquella intervención, tan sólo sobrevivía la antigua fuente de piedra situada justo en el centro de la zona. Los actuales muros en desnivel iban a ser entonces sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza, como se hizo hace unos años sólo en la parte trasera de la iglesia de San Marcelo. La intervención era de gran calado pero suscitó fuertes críticas y la anunciada postura política en contra de una oposición que suma mayoría, de modo que se acabó enterrando la iniciativa.

Ahora, en cambio, se recoge en apariencia sólo una pequeña parte de aquel proyecto: el “desmontaje del lucernario que cubre la antigua entrada al parking”. Allí, en una zona ahora muy visible por estar cubierta por un cristal translúcido, se ejecutará la nueva rampa. El equipo de Gobierno no muestra imágenes de cómo quedará pero defiende que la obra resulta imprescindible por razones de básica seguridad en el interior del aparcamiento subterráneo, también conocido como de Santo Domingo por tener allí su acceso en coche.

Y es que cuando acabó tras 75 años la histórica concesión desde que el parking se ejecutó en 1972 se han realizado informes sobre el estado en el que se permitió que lo dejara la empresa concesionaria y son demoledores: suspende hasta en lo más básico en cuestiones de seguridad, especialmente ante posibles incendios en el subterráneo. El incumplimiento ha sido flagrante durante décadas.

Nueva concesión, plan de choque y mucho dinero perdido

Por ese motivo, el equipo de Gobierno, una vez que descartó municipalizar el aparcamiento más céntrico y usado de León, como le reclamaban desde la oposición tanto UPL como PP, decidió tirar por la calle del medio y ganar tiempo para resolver cómo se gestionará dentro de dos años, lo más posible a través de una sociedad mixta público-privada. Pero mientras, tras acumular ingentes pérdidas económicas para las arcas municipales por el retraso en tomar una decisión -se cifró en un agujero de 1.300 euros al día y más de un millón de euros en total-, se decidieron dos cosas: sacar a licitación temporal por dos años la gestión del aparcamiento de San Marcelo y acometer un plan de choque para limar los muchos desperfectos y la nefasta y peligrosa imagen.

Es en este plan de choque, cifrado en conjunto en 460.000 euros de los 653.000 anunciados inicialmente, es en el que se enmarca la nueva y moderna rampa, cuyo coste concreto el Ayuntamiento tampoco detalla, así como los plazos. Lo único que se sabe es que el PP en la oposición ataca con dureza por el retraso que acumula ya varios meses, porque las principales obras deberían haber comenzado el pasado 1 de diciembre, una vez que desde agosto ya se encarga de la gestión la nueva empresa concesionaria temporal.

Características y el nuevo gusto por las 'pérgolas'

La memoria realizada sobre la pasarela detalla las características de una estructura que se ejecutará en el lucernario lateral situado detrás del actual punto de acceso por escaleras y ascensor, una zona que fue en su día el antiguo acceso. Tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete, de modo que en total adquirirá una altura de 2,30 metros. El murete hoy a la vista no llega a los 12 metros de longitud, por lo que la nueva pérgola ocupará menos de la mitad.

El proyecto ya ha pasado uno de los mayores problemas en la zona donde se prevé: el visto buen de la Comisión Territorial de Patrimonio, que lo otorgó en su última reunión, la del mes pasado, por entender que la estructura en general mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias a su “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio para asegurar la continuidad estética y la mínima afección visual”.

Por concretar cómo se verá cuando se ejecute, el nuevo acceso peatonal irá cubierto con una marquesina de vidrio montado en estructura de acero mate, “muy liviano” y “prácticamente sin ningún elemento opaco, más allá de los mínimos elementos estructurales”. Se están prodigando últimamente en la ciudad los diseños con marquesina o pérgolas, muchos de ellos bastante criticados por su alto coste y escasa operatividad.

Casos como el nuevo intercambiador de autobuses de Eras de Renueva frente al Auditorio, que no resguarda de la lluvia; la llamada “solución intermodal” que unir por acera cubierta las estaciones de tren y autobús de la ciudad ejecutada por la Junta; o la solución estética propuesta para una nueva y cara pasarela de 2 millones de euros sobre el río Bernesga pactada con UPL hace años y que se encargará a la empresa 'B' de la Junta, Somacyl, que tendría que cortar numerosos árboles de la zona pero que ha quedado desierta ya dos veces.

Una 'ratonera'

Eso sí, en el caso de San Marcelo, cuando entre en funcionamiento la rampa cubierta los usuarios del parking podrán respirar más tranquilos. Porque se habrá eliminado un riesgo importante y que ha estado siempre presente al disponer sólo el subterráneo de una única zona de evacuación ante incendios, que era la propia rampa de salida de los coches situada frente al edificio Botines de Antonio Gaudí.

Aunque hasta ahora no se ha cumplido, hace muchos años que las normas de seguridad más básicas obligaban a contar con al menos dos salidas de planta y recorridos alternativos ante una llamada “hipótesis de bloqueo” por fuego o humo. Dicho de otro modo, llegado el peor de los escenarios, que por suerte nunca se ha producido, el aparcamiento lleva mucho tiempo siendo una 'ratonera'. Y pronto mejorará al menos en lo básico, aunque, vistos los antecedentes, no pocos permanecerán expectantes al resultado estético final en una de las zonas más sensibles y monumentales de la ciudad.

El domingo 15 de marzo los castellanos y leoneses ejercerán su derecho al voto para reconfigurar las Cortes de Castilla y León y elegir un nuevo Gobierno autonómico. Los partidos (salvo Podemos) han hecho públicos sus programas electorales, algunos más escuetos que otros. Por ejemplo, el PP propone más de mil medidas para toda la autonomía.

Con el objetivo de resumir las promesas electorales a las que se suscribe cada partido para conseguir sus escaños en las Cortes autonómicas, aquí el lector encontrará un resumen con todas las propuestas que tienen que ver con la provincia de León.

Autogobierno e identidad de la Región Leonesa

Un tema que se les atraganta a algunos partidos y que otros llevan por bandera es el sentimiento leonesista o, incluso, el reconocimiento de la existencia de dos regiones en Castilla y León (que, además de identificarse en el propio nombre de la Comunidad, también se recoge en su estatuto de autonomía).

La Unión del Pueblo Leonés (UPL), como no puede ser de otro modo, es la que más insiste en su programa en el concepto de Región Leonesa y exige la creación de una autonomía con las provincias de León, Zamora y Salamanca. Incide también en que en el ámbito educativo se refleje una dualidad regional en los libros de texto. También que se declare el 18 de abril como día festivo en conmemoración de las Cortes de 1188.

El PSOE reconoce que hay desigualdades internas en la autonomía, pero no menciona expícitamente a la Región Leonesa o al leonesismo. El programa reafirma una identidad común y única a la hora de “invertir en identidad compartida”.

El PP dedica un apartado a la historia de la creación de un Reino de León separado del de Castilla (a la que nombra como condado, primero, y reino independiente después).

Vox, aunque habla constantemente en su programa de una sola región, diferencia dos identidades y carga duramente contra los movimientos que califican como “muleta del bipartidodismo” y les acusan de que se “apropian” de las reivindicaciones de “castellanos y leoneses”. Eso sí, pide especial protección para la lengua leonesa.

Por otro lado, Alantre (un partido que se presenta por primera vez a los comicios autonómicos, definiéndose como leonesista de izquierdas), cita al 'País Lliunés' y propone crear una Ley Leonesa de Vivienda y una Radiotelevisión Pública Leonesa. Reivindica la oficialidad y normalización del leonés y el gallego en la administración y la educación.

Podemos, por su parte, apoya llevar a cabo una consulta vinculante (aunque no concreta en qué provincias) durante el primer año de legislatura y la creación de una Cátedra de la Lengua Leonesa y financiar proyectos de memoria histórica regional. Es el que más concreta este proceso, sobre el que aseguran que, si el 'referendum' es favorable, se creará una “Vicepresidencia para la Transición Autonómica con subsedes en las provincias implicadas para gestionar el traspaso de competencias y disolución ordenada”.

Izquierda Unida (que concurre a las elecciones con Sumar y Verdes Equo), reconoce explícitamente la existencia de la Región Leonesa y, principalmente, demanda una protección lingüística del 'lliunés'.

Sanidad: radioterapia y oncología en El Bierzo

El Hospital de El Bierzo y sus problemas con la atención oncológica, centran las propuestas de los partidos políticos en este bloque respecto a la provincia de León.

Podemos exige la implantación de Radioterapia y Cirugía Maxilofacial en el Hospital de El Bierzo. Igualmente, PSOE reclama especialidades completas y radioterapia en el Hospital del Bierzo y la modernización del Hospital de León.

También Alantre reclama un Plan oncológico urgente para El Bierzo. Además, específicamente, este partido pide que las interrupciones voluntarias de embarazo se realicen en hospitales públicos de León y Ponferrada, que hoy en día no se realizan.

También UPL reclama una unidad de radioterapia en El Bierzo y recuerda la ampliación de la UCI del Hospital de León (que fue prometida en plena pandemia de covid-10, en el año 2020 y el pasado mes de noviembre la Junta autorizó la contratación de las obras que permitirán su ejecución). Recuerda también la recuperación del servicio de Urgencias y Rehabilitación en el Centro de Salud de Pinilla (que fueron cerradas hace una década y se prestan en Trobajo del Camino o Eras de Renueva).

Quien no menciona ni una sola vez al Hospital de El Bierzo es el PP. Respecto a León solo se compromete a potenciar el centro de selección y reproducción animal de León y a mejorar la atención a la cronicidad en el medio rural.

Vox insiste en su propuesta para crear en León un Centro de Referencia de Sarcomas. Tampoco menciona al hospital de Ponferrada ni sus problemáticas.

Infraestructuras y transporte

El tren de Feve es protagonista en este bloque en cuanto a menciones a la provincia de León. A finales del año 2025, el Gobierno anunció la redacción de un proyecto para sustituir las líneas de tren (que comunican la montaña leonesa con la capital leonesa) por autobuses eléctricos entre el apeadero de La Asunción y la estación de Matallana, en el centro.

UPL, PP, Alantre, Podemos (que incluso pide que la autonomía tenga las competencias) y Vox exigen su recuperación hasta la estación de Matallana. Hay que destacar que en esta materia, la Junta de Castilla y León no tiene competencias, pero delata la posición de cada formación al respecto. El único que no menciona a Feve en su programa es el PSOE.

Además, UPL reclama al Gobierno de España la supresión del peaje de la AP-66 y la AP-71, y la ejecución de la plataforma logística de Torneros-Grulleros. Alantre insiste en la construcción de las autovías Ponferrada-La Espina y León-Bragança. Podemos y PP proponen reformar el lazo del Manzanal. Vox exige el soterramiento del ferrocarril en San Andrés.

Otras medidas

Alantre plantea la rehabilitación del Teatro Emperador como gran sede cultural y la creación de un Archivo General de León. Podemos propone impulsar la Escuela de Bellas Artes de Fabero y desarrollar una oferta de Formación Profesional vinculada a la bioeconomía y al sector vitivinícola en El Bierzo.

Por su parte, el PP defiende la puesta en marcha de la Facultad de Medicina en la Universidad de León, algo que se hará efectivo en el próximo curso.

En el ámbito patrimonial e identitario, la UPL plantea la creación de una sede del Museo Arqueológico Nacional en Astorga, una mayor promoción del Reino de León como “Cuna del Parlamentarismo” y medidas de protección del patrimonio industrial y minero.

Vox propone la protección del monasterio de San Benito de Sahagún y la preservación de tradiciones culturales como San Froilán.

Izquierda Unida, por su parte, centra sus propuestas en la preservación y promoción del llionés y del conjunto de variantes asturleonesas como patrimonio lingüístico reconocido por el Estatuto de Autonomía, además de impulsar una Red Integral de Patrimonio Cultural y Memoria de las Cuencas Mineras para proteger infraestructuras, archivos y paisajes culturales ligados a la minería, especialmente presentes en la provincia leonesa.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha apostado por reforzar la colaboración entre su Comunidad y Castilla y León y ha destacado la sintonía que mantiene con el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para reclamar inversiones en infraestructuras y políticas que garanticen la igualdad entre territorios.

El dirigente gallego, que ha visitado este martes Ponferrada con motivo de las elecciones del próximo domingo, criticó la falta de avances en proyectos estratégicos como el Corredor Atlántico ferroviario y acusó al Gobierno central de mantener desequilibrios territoriales. “El PSOE lleva años diseñando en el papel, pero debemos luchar para acabar con esa discriminación”, señaló.

Rueda subrayó además la importancia de la cooperación entre Galicia, Castilla y León, Asturias y el norte y centro de Portugal, una alianza territorial que, según dijo, se ha fortalecido en los últimos años. “Mañueco siempre lo entendió muy bien y sería una magnífica noticia poder seguir haciéndolo”, añadió.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, también aprovechó el encuentro para criticar la diferencia entre el desarrollo del Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo ferroviario, que, según afirmó, “va a alta velocidad, muy alejado de nosotros”.

Morala señaló que el déficit en infraestructuras es uno de los problemas que comparten Galicia y El Bierzo. Entre las demandas, destacó la eliminación del lazo ferroviario del Manzanal, una actuación que considera clave para mejorar el transporte de mercancías y pasajeros.

El regidor también reclamó avances en la Autovía A-76, que debe conectar Ponferrada con Ourense. “Necesitamos pasar de las palabras a la contratación, de las promesas al asfaltado para que sea una realidad más pronto que tarde”, afirmó.

Durante su intervención, Rueda defendió que El Bierzo y Galicia forman “territorios continuos”, por lo que consideró fundamental mejorar tanto las infraestructuras como las conexiones eléctricas, especialmente en zonas con gran potencial en energías renovables.

“Es un tema estratégico para el país. Hay muchas empresas de Galicia, de Castilla y León y del Bierzo que quieren crecer o establecerse y siguen dependiendo del acceso a la energía”, afirmó, insistiendo en la necesidad de presionar a los ministerios para garantizar nuevas infraestructuras energéticas.

El presidente gallego también pidió para Castilla y León un gobierno “estable”, similar al que asegura haber logrado en Galicia, para poder desarrollar proyectos a largo plazo.

Además, aseguró que las comunidades deben mantener una postura exigente ante el Ejecutivo central. “Tenemos que seguir presionando y siendo muy exigentes, como cuando, yo espero, Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno”, dijo.

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha presentado este lunes un ambicioso paquete de medidas en materia de movilidad y transportes diseñado para vertebrar la provincia y garantizar el “derecho a quedarse”. La cabeza de lista, Nuria Rubio, y la número 11, Begoña Bermúdez, han denunciado la “parálisis” de la Junta, que ha convertido el sistema de transporte “en una herramienta de confrontación política en lugar de un servicio público eficaz”.

Rubio y Bermúdez han defendido que la prioridad estratégica para León debe ser una movilidad sostenible que corrija los desequilibrios territoriales. “León necesita un modelo de 'Territorio 30 minutos' que asegure que todos nuestros municipios tengan conexión directa con su cabecera de comarca, con frecuencias diarias reales que permitan a nuestros vecinos acceder a servicios básicos y oportunidades económicas”, han declarado conjuntamente.

Las candidatas socialistas han puesto el foco en la precaria situación de las infraestructuras en la provincia. “Es inaceptable que, en una comunidad con más de 11.000 kilómetros de carreteras, el PP siga sin un diagnóstico riguroso”, han señalado.

Por ello, el PSOE de León se compromete a tomar varias medidas en esta línea a modo de “plan de choque”. Lo primero sería desarrollar un nuevo Plan Director de Infraestructuras, una hoja de ruta con inversiones a corto, medio y largo plazo que incluya líneas específicas de conservación, seguridad vial y adaptación digital.

Promueve también una renovación de flotas de transporte y la digitalización del sistema, para así impulsar incentivos para que las pymes del sector modernicen sus vehículos hacia modelos sostenibles y adopten herramientas como el tacógrafo inteligente y plataformas de seguimiento en tiempo real.

Además, se apuesta por el despliegue del Corredor Atlántico para integrar plenamente a León en las redes logísticas europeas y convertir a la provincia en un nodo de referencia nacional.

También es un aspecto capital del programa del PSOE la creación de un sistema de bonificaciones para los transportistas locales que adopten buenas prácticas medioambientales o digitales.

Respecto a la gestión de la Junta de Castilla y León, Rubio y Bermúdez han sido contundentes al desmentir las acusaciones del Partido Popular sobre el mapa estatal. “Es falso que se vayan a suprimir paradas; lo que es una realidad es que el Gobierno de España ofreció 40 millones de euros extraordinarios para que la Junta asumiera sus competencias en desplazamientos interurbanos y Mañueco los rechazó por puro sectarismo”, han subrayado.

Las candidatas han recordado que el PP se quedó solo en las Cortes al votar en contra de la exigencia de licitar 60 infraestructuras pendientes antes de que finalice 2025. “Mientras el PP utiliza cortinas de humo como la parada de Puebla de Sanabria para desviar la atención, el PSOE propone un programa presupuestario a diez años para converger con los estándares europeos en I+D+i, la verdadera palanca del desarrollo que León necesita”, han concluido.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el gasto derivado de las obras de emergencia que ya fueron ejecutadas en la carretera CL-631, que une Ponferrada y Villablino, tras el desprendimiento que obligó a cortar completamente la vía a comienzos de este año en el término municipal de Páramo del Sil.

La actuación, ya finalizada, ha supuesto una inversión de 593.067 euros y fue declarada de emergencia mediante una orden de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital firmada el 3 de febrero de 2026. Los trabajos han tenido un plazo de ejecución de diez semanas.

El desprendimiento se produjo el 4 de enero de 2026 en el entorno del punto kilométrico 31+500 de la CL-631, cuando un argayo de tierra y roca procedente del talud bloqueó completamente la calzada y obligó al corte total de la carretera, una de las principales conexiones entre las comarcas de El Bierzo y Laciana. El incidente no provocó daños personales, pero comprometió la seguridad de la circulación, un episodio que se repite varios años y en diferentes puntos de su recorrido.

Tras el suceso, la Junta activó una intervención urgente para retirar el material desprendido y estabilizar el talud, en unas condiciones técnicas complejas debido a la inestabilidad del terreno. Los trabajos se centraron en el saneo del talud rocoso, la retirada de material inestable y la ejecución de medidas de estabilización para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad vial.

Las actuaciones permitieron reabrir al tráfico los dos carriles de la CL-631 el pasado 13 de febrero, una vez restablecidas las condiciones de seguridad en la infraestructura.

Según explicó entonces la administración autonómica, la intervención incluyó labores de limpieza, aseguramiento y reposición de la carretera, y tras la reapertura se prevé continuar con trabajos de consolidación del talud mediante instalación de malla metálica y bulones, actuaciones que podrán realizarse de forma compatible con la circulación. Además, se están desarrollando análisis técnicos sobre la estabilidad del terreno en distintos puntos de este tramo de la carretera para prevenir futuros desprendimientos en una vía especialmente sensible a este tipo de episodios geológicos.

El Gobierno de la nación ha acordado una inversión de 1,49 millones en una nueva ampliación de la declaración de emergencia para los trabajos de inspección y evaluación del nivel de seguridad del viaducto del Tremor, situado en el kilómetro 355,8 de la Autovía del Noroeste (A-6), cerca de Torre del Bierzo.

El objetivo es subsanar la situación de “grave peligro existente” y garantizar la seguridad de la infraestructura y de los usuarios de la vía, han informado este miércoles fuentes del Gobierno.

El viaducto del Tremor forma parte de uno de los tramos estratégicos de la A-6, principal conexión entre el noroeste peninsular y el resto del país, lo que ha motivado un seguimiento técnico intensivo en los últimos años.

En paralelo a estas actuaciones de emergencia, el Ministerio ya trabaja en el proyecto de construcción de un nuevo viaducto al sur del actual, que permitirá reemplazar la estructura existente como solución definitiva. Transportes ya ha activado las expropiaciones necesarias para ejecutar esa infrastructura.

La futura infraestructura tendrá 480 metros de longitud, distribuidos en ocho vanos, y estará formada por dos estructuras de cajones de hormigón pretensado con una plataforma de 27 metros de ancho. Además, incorporará una curva más abierta, con un radio de 1.250 metros, con el fin de mejorar la seguridad vial.

Este planteamiento se enmarca en la estrategia preventiva adoptada por el Ministerio tras el colapso del viaducto de O Castro, en Vega de Valcarce, reforzando los controles y proyectando nuevas infraestructuras para evitar riesgos estructurales a largo plazo.

No al autobús eléctrico y sí a una “integración plena” de la línea de Feve en la ciudad. El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes una moción en la que defiende que en tren regrese a la Estación de Matallana. Y lo ha hecho por unanimidad, un “consenso” que, para el portavoz socialista, Vicente Canuria, viene a suponer un “refrendo” al “gran apoyo social” a esta postura mostrado en movilizaciones como la que el pasado 18 de enero reunió a miles de personas por las calles de la capital leonesa.

La moción reclama a la Secretaría de Estado de Transportes una reunión urgente de la comisión de seguimiento del Convenio Marco para la integración de la línea de Feve en la ciudad, firmado en 2010, y de los sucesivos acuerdos y convenios de su desarrollo. El firme apoyo a estos convenios es también una forma de oponerse frontalmente a la alternativa del autobús eléctrico puesta sobre la mesa por el Gobierno de la nación. “Este Ayuntamiento no llevará a cabo ninguna medida que impida o ralentice el cumplimiento de estos”, reza la moción, en alusión a los acuerdos previos.

En el turno de intervenciones, el portavoz del PSOE destacó la importancia histórica del ferrocarril de Feve no sólo para las comunicaciones internas de la capital de la provincia, sino para el desarrollo de la Montaña Leonesa. “Todos defendemos la integración”, proclamó Canuria, quien incluso sugirió la conveniencia de implementar mejoras dotacionales y de frecuencias para garantizar la sostenibilidad económica de la línea.

La solución del autobús eléctrico es “una tomadura de pelo para los leoneses”, dijo el portavoz municipal de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino. “Ya está bien de que los leoneses parezcamos de segunda división en la política”, abundó tras reafirmar que su formación estará a favor de “cualquier medida que adopte” el equipo de Gobierno para “impedir el empecinamiento” del Ministerio de Transportes con “ese autobús eléctrico”.

El propio López Sendino introdujo el único elemento de discordia en este punto, aprobado por unanimidad. Fue cuando dijo agradecer que el alcalde, el socialista José Antonio Diez, “se diese cuenta de su error cuando, en sus primeras declaraciones, estaba de acuerdo con el autobús eléctrico”. “Eso no es cierto”, deslizó ya al momento el regidor, que luego terció en el debate para aclara que se limitó a “recoger” y “trasladar” la propuesta. “Rápidamente no hubo ni consenso ni acuerdo ni idoneidad”, zanjó para concluir: “Yo nunca dije que estuviera de acuerdo”.

No hubo más intervenciones. El alcalde dio paso a la votación. Y el punto quedó aprobado por unanimidad.

La empresa pública Aeropuertos Españolas y Navegación Aérea (Aena), del Ministerio de Transportes, tiene previsto invertir 57,2 millones de euros en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, 16,3 de ellos en el aeródromo civil de León, ubicado en La Virgen del Camino, durante el periodo 2027-2031, una inversión notablemente superior a los 16,5 millones totales que definió el plan quinquenal anterior, 2022-2026.

Así lo ha concretado Aena en una nota de prensa para dar a conocer el detalle de las infraestructuras previstas en todos los aeródromos de España, para atender demandas de tráfico futuras y cumplir con requisitos de seguridad y mantenimiento, así como facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios en los que se ubican, ha informado Aena en nota de prensa. Se trata del detalle del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que en toda España supondrá una inversión global de 13.000 millones de euros.

Lo único nuevo en el caso de León es la cifra de los 16,3 millones de euros, ya que el pasado mes de septiembre, hace seis meses, el listado de las mejoras e inversiones previstas ya se había detallado y no ha cambiado en nada. Ese dinero, frente a los 1,7 millones del plan anterior aún en ejecución, prevé actuaciones en el campo de vuelo y plataforma como el recrecido de la pista, nuevos vehículos para la seguridad operacional, y elementos de campo para los sistemas de información y comunicación.

No se reflejan aquí otras mejoras que se reclaman desde hace años, como el aumento de categoría del sistema de aproximación a la pista ILS, que en León sigue en nivel 1 y al que la Plataforma Más Vuelos culpa de la cancelación y desvío de algunas operaciones, algo que hoy ha negado el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, comparando con otros aeródromos españoles. Tampoco recoge la terminal de mercancías, que haría del aeródromo leonés el único del noroeste para este cometido, que la Diputación ha diseñado y exige desde el equipo de Gobierno de PSOE y UPL, cifrado en 43,6 millones.

No será el aeropuerto con más inversión de Castilla y León pero tampoco habrá mucha distancia con el de Valladolid, que prevé recibir 18,5 millones de euros -en el anterior plan fueron 6,9 millones- para mejora de procesos y calidad en el área terminal como mejoras en la sala de embarque, climatización, accesos peatonales o renovación de aseos. También se acometerán actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, con instalación LED en pistas y rodaduras; se mejorará la seguridad en equipamientos y con actuación en el pavimento de plataformas SEI y hangares; y se dispondrá de elementos de campo en sistemas de información y comunicación.

En Salamanca los 12,7 millones previstos -fueron 3,4 en el quinquenio anterior- irán destinados a mejorar el edificio de la terminal en cuanto a la sala de embarque y una nueva acometida de agua potable; también se adecuará el pavimento de la zona SEI, y se mejorará la seguridad y los sistemas de información y comunicaciones.

Finalmente, el aeropuerto de Burgos contará con una inversión de 9,7 millones de euros, frente a los 4,5 millones precedentes, que supondrá reforzar los equipamientos de seguridad, vehículos SEI y el control perimetral, además de regenerar la calle de rodaje de los hangares. Aena invertirá también en actuaciones de sostenibilidad, como calderas y climatización, y en elementos de campo para los sistemas de información y comunicaciones.

Subida de tarifas

Aena ha explicado que para acometer estas inversiones, que ascienden finalmente a 12.888 millones de euros en el conjunto de la red de aeropuertos del país, se propone un incremento medio anual de la tarifa. De este modo, para cuatro aeropuertos de Castilla y León será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos aplicando incentivos.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en esta propuesta de DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante los últimos cinco meses. Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia).

Además, Aena ha explicado que también se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.

El PP ha denunciado este sábado que la parálisis eléctrica del Gobierno de España está “asfixiando y estrangulando” la economía leonesa. En una rueda de prensa, varios parlamentarios del PP han anunciado la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para reclamar un “refuerzo urgente de las redes para garantizar el desarrollo industrial” de la provincia, según la diputada Silvia Franco.

La representante del PP ha incidido en que esta situación, que lleva en la provincia a una saturación del 84% de las redes de transporte eléctrico, tiene paralizados en Castilla y León más de 50 proyectos empresariales clave con una inversión a la baja de 15.000 millones de euros, “muchos de ellos en la provincia” leonesa.

“El responsable de esta situación es el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha enfatizado la diputada nacional, quien ha censurado la actitud del PSOE de León que, ante esta situación, “sólo responde con el silencio, con complicidad”, ya que tras prometer una transición energética justa “solo ha traído una transición al vacío”.

Castilla y León genera el 19% de la energía renovable que se produce en España, lo que “nos convierte en líderes nacionales”, ha apuntado Franco.

Por su parte, la candidata del PP por León a las Cortes, María José Álvarez, ha resaltado que la Junta presentó alegaciones al proyecto de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030 por la “imprevisión e irresponsabilidad” con Castilla y León de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha recalcado que la propuesta del Gobierno es “totalmente insuficiente” para el desarrollo industrial, porque restringe la llegada de nuevas empresas o de ampliación de las existentes“, ya que incluso limita las nuevas promociones de viviendas.

El Corredor Atlántico

Otra de las PNL presentadas que presentará el PP está orientada a impulsar el Corredor Atlántico con proyectos e inversiones concretas, así como la aprobación definitiva de su Plan Director.

Silvia Franco ha remarcado que León fue designada en 2013 nudo intermodal estratégico pero más allá de esta denominación “no se ha hecho nada” y se sigue pendiente de la solución del 'Lazo ferroviario del Manzanal', cuyo estudio debería estar concluido“, manifestó, al tiempo que ha alegado que ”esta falta de desarrollo nos ha costado miles de empleos logísticos y oportunidades de futuro“.

A este respeto, María José Álvarez ha resaltado del impulso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con la “estrategia logística de Castilla y León 2030, que convertirá a la provincia en nodo multimodal”.

Paralelamente, en materia de movilidad, ha enunciado el transporte público autonómico gratuito al 100%, las bonificaciones de los peajes en la autopista entre León y Astorga AP-71 y en la León-Asturias AP-66, la primera ejecutada y la segunda prorrogada 29 años más por el Gobierno popular que digirió José María Aznar, como ejemplos de “compromiso con los leoneses”.

La reciente autorización ambiental favorable otorgada por la Junta de Castilla y León al proyecto de nuevas infraestructuras turísticas en el entorno del embalse de Riaño ha provocado una reacción muy crítica de algunos de colectivos sociales y ambientales.

En concreto, el Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) y la plataforma vecinal Stop Pasarela han amenazado hoy públicamente a la Consejería de Medio Ambiente que preside el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y a la Fundación Patrimonio Natural autonómica con iniciar acciones judiciales para intentar paralizar la iniciativa, que consideran un proyecto “faraónico” e insostenible.

Se trata de este proyecto aireado por ILEÓN y ya adjudicado por valor de 3,6 millones de euros para construir infraestructuras como un puente colgante de cerca de 250 metros sobre el embalse de Riaño o una ruta peatonal de seis kilómetros con miradores y hasta escaleras ancladas en la roca o un nuevo embarcadero, todo ello en uno de los espacios más protegidos medioambientalmente de la Montaña leonesa.

Los dos colectivos, a través de una nota de prensa, advierten de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada esta misma semana presenta “graves carencias técnicas y ambientales”, al tiempo que cuestionan tanto el procedimiento, así como el modelo turístico que se pretende implantar en la zona.

Toda la intervención se ubica dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y del espacio Red Natura 2000 Picos de Europa, ámbitos con las máximas figuras de protección ambiental en la provincia. A pesar de ello, la Junta concluye que el proyecto es compatible con la conservación si se aplican medidas preventivas y correctoras.

Sin embargo, los colectivos sostienen que la propia evaluación reconoce aspectos clave que no han sido analizados adecuadamente, como la capacidad de acogida de visitantes en una zona que ya soporta una elevada presión turística o el impacto paisajístico real de las estructuras previstas. A su juicio, la DIA vulnera el carácter preventivo del procedimiento al posponer a fases posteriores la justificación de algunas afecciones relevantes, cuando deberían haberse acreditado antes de emitir una resolución favorable.

Otro de los argumentos centrales es el supuesto conflicto de intereses institucional. El proyecto está promovido por una fundación pública dependiente de la propia Junta y al mismo tiempo también autorizado por la propia Administración autonómica, que además es la responsable de la gestión del espacio natural protegido donde se pretende actuar.

Las organizaciones también denuncian la falta de planificación en el Parque Regional, que carece de Plan Rector de Uso y Gestión pese a haber sido declarado hace más de 30 años, lo que según denuncian impide establecer con claridad la zonificación y los usos autorizables. En su opinión, esta situación evidencia una gestión “negligente” que contradice la finalidad de conservación de estos espacios. Por su parte, la defiende que el proyecto contribuirá a diversificar la oferta turística y que la evaluación ambiental descarta afecciones significativas sobre especies protegidas como el oso pardo o el urogallo. Una declaración ambiental que tendrá una vigencia de cuatro años, plazo en el que las dos empresas catalanas adjudicatarias de los trabajos deberán iniciar las obras para no perder su efecto.

Más allá del impacto ambiental, el debate se extiende al modelo socioeconómico de la comarca. Gedemol y Stop Pasarela consideran que presentar el proyecto como solución a los problemas del territorio es erróneo, ya que el aumento del turismo en los últimos años se ha producido sin grandes inversiones y ha generado efectos negativos, como la falta de vivienda disponible para residentes y trabajadores, debido también al auge del alquiler turístico.

También cuestionan la prioridad de destinar millones de euros a nuevas infraestructuras mientras persisten carencias en servicios básicos, tales como problemas de telecomunicaciones en pueblos de la zona meses después de los peores incendios forestales de la provincia y la propia zona, y recuerdan compromisos patrimoniales pendientes desde hace años que no se han ejecutado.

Por último, los colectivos consideran que la rapidez de la aprobación no es casual y malician que se acompasa con el calendario de las inminentes elecciones a la Junta del 15 de marzo de 2026, ssosteniendo que actuaciones de este tipo buscan eludir problemas estructurales que afectan a la vida diaria de los vecinos.

La compraventa de viviendas ha aumentado un 23,8% en el año 2025 en la provincia de León, donde se han adquirido un total de 6.623 casas. De esta forma, en la provincia leonesa se han comprado 18 casas cada día, a la vez que aumenta la cifra de hipotecas concedidas y su importe total.

En la provincia de León se compra y se vende, principalmente, vivienda usada. En concreto un 80% de las viviendas que se han adquirido en el año 2025 fueron se segunda mano, aunque el porcentaje desciende ligeramente en un año (en 2024 fueron un 80,4% del total), sigue siendo la opción más óptima para los compradores. Por otro lado, la venta de vivienda nueva aumenta en un año, siendo el 19,9% del total de compraventas en el año 2025 frente al 19,5% del año 2024.

Todo ello representa una alta actividad en el mercado inmobiliario leonés, a pesar de la subida del precio del 20%, según los datos de los principales portales inmobiliarios, convirtiendo a León en una de las ciudades donde más se ha encarecido el precio de la compraventa de vivienda en el último año.

Una subida de precio que confirman los datos publicados este viernes 20 de febrero en el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma la subida del importe de las hipotecas concedidas en una provincia de León, donde entre 2024 y 2025 ha aumentado un 29,8% hasta un total de 487.017 euros para un total de 4.992 hipotecas concedidas.

Es llamativo también comprobar que del total de hipotecas concedidas y de compraventas, se puede estimar que el 75,3% de ventas se ha hecho mediante una hipoteca y el resto, un 24,7%, se ha aportado sin necesidad de hipotecarse.

Estos datos confirman la dinamización del sector inmobiliario leonés, a pesar de que el acceso a la vivienda sigue siendo un problema para gran parte de la población, especialmente por la falta de un parque de vivienda pública en la provincia leonesa, que solamente promueve la Junta mediante 200 inmuebles, a pesar de que los ayuntamientos tienen la capacidad de hacerlo.